El Gobierno de Valencia ha decidido cerrar Canal 9, su radiotelevisión autonómica, por motivos estrictamente económicos. La Generalidad valenciana realizó un ERE para hacer menos gravoso su ente audiovisual y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en sentencia le obliga a readmitir a todos los trabajadores. Si el Gobierno autonómico no rectifica, y no parece que vaya a hacerlo, puede desaparecer una de las televisiones autonómicas más significativas, más sobredimensionadas y más deficitarias de nuestro país, lo cual supondrá desgraciadamente un duro golpe para los profesionales y sus familias. Me solidarizo con ellos, al igual que con los millones de españoles que se hallan igual, mientras compruebo que, una vez más, unos políticos deciden dilapidar y otros pagan el pato.
Cuesta entender que en un país que ha rozado la quiebra, que ha estado enviando al paro diariamente a miles de trabajadores, sigan existiendo esos órganos de propaganda política como, casi por definición, son los medios de comunicación públicos. Cuando desde el poder público y con el dinero de todos se crea un medio de comunicación dependiente de la autoridad política, ¿qué se pretende? Para conocer la respuesta bastan unas simples pesquisas. Se estudia quién los crea y cuándo los crea, se comprueba el baile de cargos cuando cambia el color del Gobierno de turno, se analizan los contenidos durante unos días o, simplemente, se pregunta a los responsables qué esperan de ellos; la conclusión es unánime: propaganda. No son un servicio público, son un servicio de propaganda del poder hacia el público sin más. Para dimensionar el problema bastará recordar que el déficit de estas televisiones alcanza en España anualmente más de 1.000 millones de euros y que los 34 macroentes de radiotelevisiones públicas, excluyo las cientos de emisoras municipales, cuestan año a año a cada familia española más de 150 euros por hogar.
Si en época de crisis bastarían las razones económicas para desprenderse o privatizar esos monstruos, hay razones más profundas para entender que sin ellas sin duda mejoraría nuestro índice de libertad. Cuando ni se nos pasa por la cabeza tener periódicos públicos del Gobierno central o de cualquier autonomía, ¿en razón de qué principio se considera normal mantener televisiones y radios de este jaez? Aunque fueran perfectamente rentables, ¿tendría sentido en una democracia real que el que debe ser controlado, el poder político, dirija al que debe actuar de controlador, al medio de comunicación? Sin libertad de prensa no hay democracia digna de este nombre y, ¿qué libertad tiene un medio que depende directamente y en todo del poder? El cierre de Radiotelevisión Valenciana sin duda es una mala noticia para los que en ella trabajaban, pero es muy buena noticia para la libertad de prensa tan necesaria en nuestro país.
