La política española está llena de falsedades. Las hay más o menos sutiles. Y luego las hay burdas y bastas. La más escandalosa de estas últimas es la de los bolsos de la UGT. El sindicato socialista se dedica a comprar un único ejemplar de una empresa española y mandarlo a Asia para que lo repliquen, lo falsifiquen y así entregárselo a sus dirigentes y afiliados. Si Salvador Bachiller tiene que hacer un ERE o cerrar será por culpa de un empresario que expolia a los obreros. Y UGT será capaz de encabezar la manifestación. Robar diseño de un empresa española es la forma que la UGT tiene de proteger los puestos de trabajo de los empleados de Salvador Bachiller. Esta conducta refleja claramente la mentira, el engaño y la falsedad con la que se comporta el sindicato UGT. Sus dirigentes se han apropiado de un estatus, de un rol constitucional a partir del cual han creado una estructura que vive del dinero público. Las palabras, trabajadores, parados y derechos son la tapadera de su miserable realidad. Uno de sus destacados dirigentes en Andalucía, después de salir de la cárcel por los ERE, dijo eso de que estaba a disposición del sindicato para lo que quisieran y que si hacía falta “se pondría hasta a trabajar”. Y siguen recibiendo dinero público.
El dinero de la formación se lo gastan en mantenerse ellos de una forma especialmente opaca. Su transparencia es la misma que la del chapapote. El dinero destinado a los parados y que la UGT tenía que invertir en capacitación se desvía a las mariscadas, los regalos falsificados –haciendo daño a una empresa española– y a vivir ellos.
Roldán robó el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil. Urdangarín y Torres montaron una fundación de niños discapacitados para captar dinero y sacarlo fuera de España para evadir impuestos. La UGT se ha montado una estructura financiera de falsificaciones y desvíos de dinero público sobre el sufrimiento de los parados y los trabajadores. ¿Por qué unos son unos chorizos y respecto a la UGT hay que cogérsela con papel de fumar?
La partitocracia que sufrimos tiene sus estructuras. Los sindicatos son parte de ellas. Por eso, si un ciudadano o empresario no destina y justifica hasta el último céntimo de una subvención, lógicamente es sancionado además de ser obligado a devolver todo el dinero de origen público recibido. Un sindicato no. Pueden hacer lo que sea y como mucho consideran que se ha podido cometer un error. No trabajan con facturas falsas. Lo que falsifican es el concepto. Y las Administraciones, especialmente la andaluza, no se quieren enterar de nada. Ya está bien. Ni un euro público para Sindicatos, Partidos u Organizaciones empresariales. Que cada uno se financie lo suyo.
