Parecería una obviedad que todas las sociedades requieren de un aparato administrativo funcional, es decir que proporcione los servicios, prestaciones y protecciones que todo colectivo necesita para poder sobrevivir. Resulta casi absurdo el insistir en tal necesidad: la existencia de unas estructuras que con independencia de aquellos que ejercen el poder en un momento determinado, proporcionen la estabilidad y continuidad necesaria a una nación o a cualquier tipo de organización social. Tras leer el ensayo, tan de actualidad el año pasado, del profesor Acemoglu, sobre la razón fundamental por la que subsisten o se arruinan las naciones se llega a la lógica conclusión de que lo que hace perdurar y resistir a los sistemas políticos y a las propia naciones en el tiempo es esencialmente la existencia de dichas instituciones, es decir la existencia de unas estructuras operativas que garantizan la continuidad.
Tal cuestión, aparentemente tan evidente, me da la impresión, está empezando a fallar, no solo en España, sino a nivel general, ya que muchas de nuestras instituciones, que están diseñadas para realizar unas funciones determinadas, no están siendo totalmente operativas o eficaces en el desempeño de aquella función para la que fueron concebidas y por el contrario están sirviendo a otros intereses, que no tienen o tienen poco que ver con sus objetivos específicos.
El que determinados cargos sean designados por razones políticas, en sí no tiene nada de perverso, siempre y cuando la persona agraciada, lleve a cabo la función del organismo para el que fue nombrado: lo que no es de recibo es que personas, ajenas a tales funciones, sean incrustadas en las instituciones y luego desde ellas no lleven a cabo, o incluso obstaculicen, la misión de la institución en la que ocupan los cargos clave. Cuando ya en la crisis de las cajas de ahorro, vimos la inoperancia del sistema de control del Banco de España, y no precisamente por falta de diligencia de sus profesionales a cargo de la inspección, al igual que en la posterior salida a bolsa de dichas entidades la CNMV, tampoco sirvió de freno ni control ante los dislates económico-financieros que se produjeron. Cabe preguntarse entonces: ¿por qué dichas instituciones, que fueron creadas específicamente y que existen precisamente para evitar la clase de problemas que a continuación se produjeron, fueron inoperantes durante tanto tiempo con anterioridad a que se produjeran los daños e irregularidades, perfectamente conocidas por cualquiera que conociera el tema?
Pues una vez más, ante una gran maniobra especulativa, aprovechando la debilidad de un banco de importancia nacional, no se operó en defensa de los intereses de los accionistas… Dejando a un lado los errores cometidos por la dirección de dicha entidad en el pasado, se orquestó un asalto bajista en bolsa contra la acción, no casualmente, provocando la huida de los clientes, lo que en banca se denomina “pánico de ventanilla, lo cual genera inmediatamente un problema de liquidez, que lleva a la inviabilidad de la institución en cuestión, una circunstancia por otra parte de afectar a cualquier institución bancaria obligaría al cierre inmediato: cualquier entidad, aun la mayor y más solvente del mundo, estaría en la misma situación, por la misma naturaleza del negocio bancario.
En este caso se trataba de una institución que había recibido los plácemes de solvencia de la autoridad europea, los famosos “stress tests”, inspeccionada permanentemente por el Banco de España y la CNMV, auditada por dos firmas de prestigio internacional, que de la noche a la mañana resulta que tras una ordalía bajista en bolsa, es comprada por otra entidad, dejando en la calle a los más de trescientos mil accionistas y un escenario de incertidumbre entre miles de empleados de la institución. ¿Si tan grave era la situación, ya que nada así ocurre de un día para otro, por qué no se intervino antes? La autoridad monetaria española y la europea existen precisamente para evitar tales desastres, y a la CNMV le esta encomendada la protección de los pequeños accionistas, por no mencionar a las autoridades de la Bolsa, que deberían haber evitado, simplemente, mediante la suspensión de cotización del valor, los efectos de dichas maniobras. ¿Dónde estaban tales instituciones? ¿Si lo sabían y no actuaron por qué, si no lo sabían que justifica su existencia?
En cierto modo ocurre lo mismo con el Congreso de Diputados, cuya función es la de legislar para el bien del país y ponerse de acuerdo para que nuestra sociedad pueda seguir funcionando lo mejor posible, dentro de las limitaciones de nuestros recursos a pesar de las discrepancias ideológicas. Tal institución se convertido en una cámara de disputas permanente en la que lo único que se acaba discutiendo es quien manda, quien es más corrupto y a ver si me toca a mí ocupar esa silla o la de más allá. Problemas gravísimos territoriales y económicos se avecinan, se siguen aplazando decisiones ineludibles, mientras se enzarzan en discusiones bizantinas y personalismos improcedentes, en un sistema en el que lo que debe precisamente prevalecer son las instituciones y su función, no las personas, que al fin y al cabo son contingentes.
Por no hablar solo de España, en la UE estamos congelados en el tiempo mientras lentamente se apodera del conjunto, una sensación de ausencia de contacto entre las instituciones centrales y las periferias nacionales, entre los dirigentes y los ciudadanos. Eso sí, cantidad ingente de políticos colocados en esa superestructura colectiva. Las instituciones no se fortalecen a base de estar continuamente legislando, sino ejecutando lo legislado, para lo cual hay que estar muy convencido de lo que se pretende, no partir de idealismos coyunturales: no se pueden imponer determinadas condiciones migratorias, por ejemplo, a todo el mudo por igual, y pensar que se compensa con remesas dinerarias, hay que respetar, y eso requiere tomar ciertas decisiones y tales decisiones suponen riesgos, riesgos cuyas consecuencias no van a conjurarse ni evitarse ignorándolos o negándoles.
Por ello todo me hace dudar de la eficacia de nuestras instituciones, ya que parece ser que solo operan selectivamente ante determinados supuestos, que por razones políticas interesa abordar, mientras abdican de su función principal, lo cual lleva a debilitar la confianza de la ciudadanía. Cada vez es más evidente esa inoperancia. Se podrán buscar una y mil justificaciones y razonamientos legales y políticos, pero las personas que están fuera de esos circuitos no entienden tales explicaciones y aunque nada pueden hacer al respecto, la sensación de frustración ante su impotencia. Trescientos mil accionistas del Banco Popular, por ejemplo, desesperadamente buscaran alguna forma de resarcimiento económico ante la inoperancia de esas instituciones responsables de la vigilancia y protección del ciudadano de a pie, bien pertrechadas por otra parte de personal, y si no se llega a una solución aunque sea medianamente satisfactoria el desprestigio del sistema es total.
