«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
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Periodista. Editora en La Gaceta de la Iberosfera. Colaboradora de Estado de Alarma TV, El Toro TV y Decisión Radio. Twitter: @rebecacrespo_
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Vicky Rosell, de juez a censora de víctimas

17 de febrero de 2023

En la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Clara (nombre ficticio) volvía a su casa después de disfrutar con unos amigos de las fiestas de San Froilán. Eran las cuatro y media de la mañana cuando pulsó el botón del ascensor del edificio. En ese momento, una mano la agarró del cuello y la empujó dentro. Paralizada, pudo mirar a la cara al hombre que la había agarrado mientras la gritaba: “¡Métete dentro!”. Esa noche el ascensor no subió a su casa, sino que bajó al piso en el que se encontraba el cuarto de contadores. “Chúpamela”, le dijo una vez dentro del cuartucho. Después de obligarla a cumplir sus deseos, el hoy conocido como violador del portal se masturbó mientras la miraba.

Clara recordará siempre lo que sucedió. Ojalá pudiera borrarlo de su memoria. Ojalá pudiera decir que «no sabe muy bien qué ha pasado”, como ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en referencia a las víctimas de agresiones sexuales que están denunciando su indefensión como consecuencia de la ley del «sólo sí es sí». Quien, después de asegurar que “no hay urgencia” en modificar la abominable norma, también ha considerado que no es “ético” darle un micrófono a las afectadas para que expresen su dolor.

Para Rosell, la ignorancia es la clave de la felicidad. La suya, está claro. La delegada experta en «violencia de género» también lo es en la técnica del avestruz. Si me preguntan a mí, les reconozco que no, que no es agradable leer ni conocer con detalles cómo sucedió una violación. No es gratificante descubrir cómo se siente alguien a quien, años después, le toca revivir el que posiblemente fue el peor momento de su vida. Aún así, yo sí prefiero salir de la ignorancia, escuchar y conocer la cruda verdad, y ser consciente de que, a partir de ahora y gracias al Gobierno más feminista de la historia, cuando camine por la calles de España, será más peligroso hacerlo sola y borracha.  

Si tenemos que hablar de ética, como refiere la delegada, qué hay más ético que dar voz a quienes son víctimas por partida doble: primero de delincuentes de carne y hueso y después de la acción delincuencial de un gobierno que, jugando a los ministerios inútiles, ha desencadenado uno de los mayores desastres jurídicos de nuestro tiempo. Qué hay más ético que asumir errores, sacar la cabeza del agujero y entonar el mea culpa.

Pero a Rosell parece que le oprime la verdad, como a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, le oprime el sujetador a través de esa «obligación» no escrita de llevarlo, la misma que las obliga a mantener relaciones sexuales si te fuiste a casa con él. Qué amargura tener la experiencia de vida que parecen haber tenido estas mujeres, todo sea dicho, y en qué inagotable fábrica de dislates se convierten en cuanto abren la boca.

Y ya que estamos hablando de burradas, como las de Belarra y Rosell hemos escuchado muchas antes de boca de otras representantes del Gobierno. La diferencia es que a la ministra de Igualdad, Irene Montero, o a su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, quienes se llevan la palma en la suelta de disparates, podemos, con extrema facilidad, otorgarles el beneficio de la ignorancia. A la señora juez, no. Que con su carrera judicial acuse a los jueces de prevaricar asegurando que no aplican de forma correcta la ley, y que utilice el término «alarma injustificada» para referirse a la segura revisión a la baja de más de 4.000 condenas por delitos sexuales son motivos de sobra que deberían inhabilitarla.

«Ustedes no saben quién soy yo». Fue lo que les dijo en 2016 Rosell, entonces diputada de Unidas Podemos, a los agentes de seguridad que la pararon en el aeropuerto de Gran Canaria en un control rutinario. En 2023 nos hacemos una mejor idea de a qué se refería en aquel momento la ahora representante del Ejecutivo: Victoria Rosell es delegada del Gobierno en Violencia de Género, defensora de secuestradoras de niños como Juana Rivas, excompañera desagradecida de jueces en ejercicio, azafata de Montero y cómplice de Sánchez en la puesta en libertad de decenas de violadores y, más recientemente, censora de víctimas.

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