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Desde hace más de diez años, la Constitución española de 1978 viene siendo sometida a enormes tensiones y a un trato desleal de quienes se lo deben todo. En efecto, la izquierda bajo la batuta de Rodríguez Zapatero, quien la interpretaba como una transacción espuria entre la democracia y los poderes residuales, la puso en almoneda, y facilitó los ataques de los nacionalistas que, tras utilizarla para hacerse con el poder y reducir a caricatura la libertad política, pretenden destruir la Constitución desde dentro, para abandonar a la España de todos a la vera del camino, como un residuo inasumible e incomprensible del pasado.
Una Constitución que consiguió acabar con la oposición radical de las dos Españas, que fue muy generosa con todos, también con los que muy pronto iban a dar muestras evidentes de deslealtad, merece respeto, vigencia y acatamiento. La responsabilidad de las instituciones que han jurado respetarla, desde la Monarquía hasta los representantes políticos, es máxima, y obliga a todas a hacer un esfuerzo por defenderla y por restaurar el espíritu de concordia civil que le dio luz y la hizo viable y admirable.
Deberíamos aplicarnos el prudente dicho ignaciano que establece que en tiempos de tribulación no son oportunas las mudanzas. No es que la Constitución sea un texto sagrado o inviolable, que no lo es, pero estamos en momentos en que las urgencias de todo tipo, algunas realmente graves, aconsejan dejar para otra ocasión la reforma del texto constitucional. Reformar la Constitución puede ser necesario, pero ha de hacerse cuando estemos seguros de poder evitar que las diferencias entre las fuerzas políticas no degenere en una ruptura de la unidad imprescindible para salvaguardar los principios que la inspiran, y que deberán reforzarse ante cualquier reforma: la unidad nacional, la libertad, la justicia y el pluralismo político.
Es muy frecuente cargar en el debe de la Constitución la responsabilidad de políticas muy equivocadas y que han tenido resultados perversos, y esa atribución de cargas es patentemente injusta. No tenemos un problema especial con la Constitución, que, en cualquier caso, sería un problema mucho menor que los que tenemos por no respetarla como merece. Es cierto que, en un clima de serenidad y en ausencia de crisis, atmósferas de las que ahora carecemos, habrá que proceder a sacar las claras lecciones que nos brindan las décadas transcurridas, para poder pulir un texto confeccionado en unas circunstancias políticas muy distintas a las actuales. Pero, hay que insistir, eso no puede hacerse en circunstancias en que se impone la prudencia, la continuidad y el respeto máximo a la ley, porque sería insensato aprovechar una revisión para poner al país más patas arriba de lo que ya está.
