¡Viva la Pepa! es el grito con el que desde el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, los liberales españoles venían exclamando su adhesión a la Constitución de Cádiz, proclamada precisamente ese día, y conocida popularmente desde entonces como la Pepa. La difusión del grito no se detuvo en España: en la época del Risorgimento italiano se gritaba ¡Viva Verdi! ocultando en el nombre del músico el acrónimo de Vittorio Emanuele Re D’Italia. Sin embargo, la evolución peyorativa del grito, probablemente fruto de su uso irónico por los enemigos políticos de los liberales –los absolutistas españoles– ha terminado imponiendo su empleo como sinónimo de desorden o incluso improvisación o vagancia. Decir de alguien que es un viva-la-pepa, equivale a llamarle irresponsable o despreocupado. Sin olvidar que, recientemente el historiador José María García León ha sugerido que, en realidad, el grito de “¡Viva la Pepa!” fue un invento muy posterior en el tiempo, y que nadie anterior al siglo XX pronunció jamás este término.
La Constitución de 1978, fue recibida por los españoles quizá con menos algarabía pero sin duda con mucho más convencimiento de que, hace ahora 35 años, emprendíamos –o queríamos emprender colectivamente– un camino sin retorno. Sin retorno a esa noche de los tiempos tan larga que duró así un siglo y medio; sin retorno a los amotinamientos del espadón militar; sin retorno, en fin, al hágase mi voluntad por encima de la del pueblo. La Constitución vigente, nos hemos cansado de escucharlo y de leerlo, ha sido el texto fundamental del consenso y de la paz social entre los españoles. La norma jurídica primera y principal de un Estado social y democrático de derecho que proclama la justicia, el pluralismo político y la libertad entre sus valores constitutivos de una sociedad que pretende progresar y avanzar cada vez más en democracia. Una sociedad ahora rota por esta maldita crisis económica que no cesa, pero que quiere seguir adelante en esa hoja de ruta de los derechos y las libertades, que jamás volverán a ser arrebatadas por nadie a los españoles.
Pero, también en estos días estamos hablando de que la Carta de 1978 necesita de una revisión, de una puesta al día. Sin duda algunas importantes cuestiones fueron solucionadas de la única manera posible en el periodo constituyente, es decir, sin en realidad abordarlas en toda su complejidad y consecuencias. Y me estoy refiriendo así al problema de la organización territorial del Estado. Quizá ya ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre (jurídico-público), y si como resultado de aquella maniobra de los constituyentes hemos terminado en una forma de Estado que materialmente funciona como cualquier otro de corte federal, procedamos sin ambages y sin miedos a introducir en la Constitución la expresión clara y definitiva de que España es un Estado federal. Y a regular con todas las consecuencias el complejo de funciones y competencias a asumir desde los entes federados, y también las de que ningún modo pueden dejar de ser ejecutadas desde los poderes centrales.
Pero no sólo en ese capital ámbito ha de adentrarse una reforma de la Constitución. A lo largo de estos años se han manifestado otros graves desajustes en el entramado institucional dibujado en 1978, que exigen unos nuevos trazos, y, en algún caso, quizá un borrador definitivo. Tenemos un problema con el sistema constitucional de gobierno del Poder Judicial. Reforma orgánica tras otra sólo han servido para empeorarlo hasta tener que plantearnos muy seriamente la conveniencia de suprimir el CGPJ en ese proyecto de reforma constitucional en ciernes. Habrá que estudiar sí concentrar las potestades de nombramientos y disciplinaria en el propio Tribunal Supremo, y transferir completamente la inspección a los Tribunales Superiores de Justicia, con lo que avanzaríamos también en ese mismo proceso federal en el terreno de la justicia.
Sólo así se revitalizará la Constitución española. Demostrará su gran fuerza y valor si somos capaces de hacer la reforma constitucional que se necesita desde la misma Constitución de 1978. Una reforma que continúe así la línea de profundizar en lo que fue el espíritu originario en la Constitución española, pero cerrando el modelo, afianzando la unidad, pero huyendo de cualquier nueva tentación centralista. Estableciendo una ordenación común razonable y racional, pero comprendiendo e integrando las singularidades (mejor que supuestos hechos diferenciales que al final todas podrían aducir), y sin tratar de imponer una homogeneidad e igualdad entre las comunidades autónomas, que a la postre ha resultado contraproducente y que probablemente hoy ya no reclama. En otros países no es tan traumática la reforma constitucional, pero nosotros sólo hemos tenido dos reformas en más de 30 años, y casi de tapadillo. Si la Constitución española envejece, y no se hace nada, es peor todavía. La reforma es para que ¡viva la Constitución!
*Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado y ex letrado del Tribunal Constitucional.
