El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado, con la apertura de un periodo de consulta pública, el procedimiento para modificar la ordenanza que regula el taxi para flexibilizar el sector con precio cerrado y la posibilidad de compartir vehículo, trasponiendo así los cambios en el reglamento autonómico.
La consulta previa, con nueve preguntas que pretender recoger las necesidades del sector, supone el primer paso para modificar la ordenanza, un proceso para el que el Consistorio madrileño no se fija plazos porque quiere hacerlo de la mano de los taxistas madrileños.
La portavoz del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, la edil ‘popular’ Inmaculada Sanz, ha anunciado en rueda de prensa el inicio de este trámite que busca «facilitar la competencia del sector del taxi», y no ha desvelado si el Consistorio renuncia al proyecto de ordenanza de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) abierto por la anterior alcaldesa Manuela Carmena.
Además del proceso de consulta pública, el Consistorio madrileño dará audiencia de forma específica al sector, con 15.723 licencias en Madrid.
En concreto, en este proceso de consulta pública la capital pregunta al conjunto de la ciudadanía sobre mejoras en los exámenes para obtener el permiso de taxi, la regulación de los descansos obligatorios, la accesibilidad del servicio o si los taxistas deberían llevar uniforme.
El Consistorio también pregunta sobre los requisitos medioambientales que deberían exigirse al sector, si debe haber una licencia por puntos o qué requisitos de calidad se consideran relevantes.
El nuevo reglamento del taxi de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado abril y ya en vigor, introduce la posibilidad de pactar un precio fijo y cerrado o la precontatación de un vehículo compartido, fue recurrido por la Federación Profesional del Taxi ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admitió el recurso.
