Los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) acordaron hoy las nuevas condiciones laborales aplicables al transporte por carretera, destinadas a evitar el «dumping» social entre los conductores de los distintos países y a reducir las cargas administrativas.
«El acuerdo de hoy facilita reglas más justas para los conductores y las empresas de transporte y una mayor eficiencia a las autoridades nacionales de control. Los conductores profesionales tendrán mejores condiciones laborales y las empresas que trabajan entre países ganarán en seguridad legal y menos burocracia», dijo el ministro de Transporte de Austria, Norbert Hofer, cuyo país preside la UE este semestre.
Entre otros aspectos, el Consejo (países de la UE) acordó que todos los vehículos que lleven a cabo operaciones de transporte internacional deberán ir equipados para finales de 2024 con tacógrafos inteligentes que registrarán de manera automática cuándo y dónde los camiones han cruzado una frontera y localizarán las operaciones de carga y descarga.
Sobre el cabotaje, es decir, las operaciones de las compañías de transporte llevadas a cabo en un mercado nacional pero fuera de su propio país, los ministros acordaron mantener la regla que permite un máximo de tres operaciones en siete días.
Para impedir las operaciones de cabotaje sistemáticas, se introducirá un periodo de cinco días antes de poder llevar a acabo nuevas operaciones de ese tipo en el mismo país y con el mismo vehículo.
El responsable de las operaciones de transporte deberá organizar el calendario de los conductores de manera que puedan regresar a su domicilio al menos cada cuatro semanas o, si el conductor decide tomarse dos descansos semanales reducidos, después de tres semanas en la carretera.
La reforma que los ministros respaldaron clarifica de qué manera deben los conductores europeos beneficiarse del principio de disfrutar del mismo salario por el mismo trabajo realizado en el mismo lugar, evitando así el «dumping» social.
Las normas respaldadas por los países forman parte del llamado primer «paquete de movilidad» presentado por la Comisión Europea en junio de 2017.
El Consejo (países de la UE) deberá negociar en el futuro con el Parlamento Europeo para la aprobación definitiva de estas normas.
