En 2018, antes de la llegada de Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la liquidación de ingresos presupuestarios rondaba los 21.500 millones de euros, y con esos ingresos se cubría la sanidad y la educación con niveles de calidad similares a los actuales. La presión fiscal que estos ingresos suponía sobre los más de seis millones y medio de madrileños legales era de poco más de 3.250 euros anuales, que no es poco.
Los ingresos presupuestarios para 2025 son cercanos a los 31.600 millones de euros, casi un 50% por encima, casi un 50% de crecimiento en siete años. Cierto es que la población de Madrid aumenta, y para mantener la calidad asistencial, es necesario aumentar los ingresos presupuestarios, pero… ¿un 50%?
Veamos cuánto ha crecido la población en la Comunidad de Madrid en este tiempo. De los seis millones y medio de madrileños en 2018 hemos pasado a poco más de siete millones, un aumento de un 6%. No parece razonable pensar que sea necesario un aumento de un 50% en el presupuesto para cubrir las necesidades de un 6% de población adicional. Por lo tanto, descontando este 6% de aumento del presupuesto por el efecto de la población, sería necesario justificar el aumento de los ingresos presupuestarios hasta alcanzar ese casi 50%.
La inflación acumulada en estos años ronda el 16%, por lo que el efecto combinado de la inflación y el aumento de población sería de un 22%, aún lejos del 50% del aumento de ingresos presupuestarios.
Esto nos dice que, en euros de 2018 y con un ajuste sencillo de la población, los 21.500 millones de ingresos presupuestarios del año 2018, se convertirían en 26.250 millones para 2025, mucho más cerca de los ingresos presupuestarios que VOX considera razonables para la CM que de los contemplados por el presupuesto de Ayuso para 2025.
No obstante, no debemos olvidar que este cálculo no es acorde a la realidad impositiva de los madrileños, ya que estos ingresos presupuestarios no contemplan solamente los ingresos aportados por los madrileños a las cuentas autonómicas, sino también las transferencias que recibe la región de distintos ministerios como aportaciones positivas o los fondos europeos, y también los ingresos que recibe por el endeudamiento neto.
Por lo tanto, para hacernos una idea de la presión fiscal que soporta un madrileño hay que hacer un ajuste más fino. Hay que eliminar los ingresos por endeudamiento, aunque los sufrirán más adelante, los ingresos procedentes de ministerios y entidades supranacionales y también —algo que suele pasar inadvertido— las aportaciones de la Comunidad de Madrid a los mecanismos de ajuste de la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades autónomas: Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales y las correspondientes liquidaciones de años anteriores. Con esto, pasaríamos de los ingresos presupuestarios al cómputo de ingresos que se recaudan de los madrileños.
Pues bien, una vez realizado dicho ajuste, la realidad es que en 2018 los madrileños aportaron a las arcas autonómicas algo más de 27.400 millones de euros, y para 2025 esa cifra se dispara superando los 41.700 millones.
El aumento del presupuesto acaba de pasar de 14.300 millones. Y la diferencia de la presión fiscal estimada es de 4.169 euros por madrileño en 2018 frente a los 5.848 euros por madrileño para 2025. Una diferencia de 1.679 euros.
Un aumento del 40,28% en siete años, mientras que el PIB sólo crecerá —incluyendo previsiones para 2025— un 28,38%. Contra los más básicos principios del liberalismo económico, en la Comunidad de Madrid el gasto público crece por encima de la economía. En términos de velocidad de crecimiento, el gasto público se acelera en relación con el crecimiento de la economía. Hay que frenarlo.
Aceptando la corrección por población y por inflación, los 27.400 millones de 2018 se trasformarían en 33.428 en 2025. Sigue habiendo un aumento de presupuesto de un 24% que no se corresponde con una mejora equivalente en la prestación de los servicios públicos. Ni siquiera en las ayudas. No hay un 24% más de hospitales, ni de médicos, ni de centros de salud, ni de colegios, ni de carreteras, ni de km de metro, ni de ayudas a la dependencia o becas de estudios. Sólo hay más recaudación y más gasto político cada vez menos eficaz.
Es imprescindible un golpe de timón que embride el gasto público y evite el despilfarro. Hay herramientas para hacerlo incluso con un mal presupuesto aprobado como el que saldrá adelante en la Comunidad de Madrid, pero es necesario tener la voluntad política suficiente, espíritu de servicio y conciencia del deber para con nuestros compatriotas. Veremos si la presidenta Ayuso está a la altura.
