El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha lanzado un proyecto con objeto de atraer capitales y dinamizar las inversiones que existen en la región. La medida ha sido motivo de polémica y de críticas desmesuradas en las redes sociales. Todo porque, en su momento, VOX ha mostrado su rechazo a este plan, votando en contra. Cuando nos acercamos al texto oficial, vemos que el deseo del Gobierno de la Comunidad de Madrid no es otro que potenciar el papel que desempeña la región en la atracción de capitales extranjeros. De hecho, el escrito que modifica la norma en su artículo 17 dice así:
Las personas físicas no residentes en España que se conviertan en contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la Comunidad de Madrid podrán aplicar una deducción del 20 por ciento del valor de adquisición, incluyendo los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente, de los siguientes elementos patrimoniales:
a) Bienes inmuebles situados en la Comunidad de Madrid.
b) Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados o no, en mercados organizados.
c) Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, negociados o no, en mercados organizados.
Para poder disfrutar de la deducción, la normativa establece que el contribuyente no haya sido residente en España durante los cinco años anteriores y que, además, la inversión sea realizada una vez se haya adquirido la residencia fiscal. Como indicábamos líneas atrás, VOX ha votado en contra. Y lo anterior, ha generado un sinfín de críticas —algunas verdaderamente crueles— señalando que la organización está contra la inversión extranjera directa, contra el libre mercado e incluso contra las medidas de corte liberal.
Un análisis más pormenorizado de la votación nos muestra que lo único que ha defendido, y defiende, VOX, es la igualdad jurídica entre todos los españoles y aquellos extranjeros que residen en el país. En definitiva, VOX ha presentado, con objeto de vetar la medida, un argumento de naturaleza liberal. Una sociedad no debería estar basada en el privilegio. La medida que ha presentado la Comunidad de Madrid, beneficiosa sin duda para algunos actores, edifica un privilegio que además beneficia al recién llegado, atacando al primer ocupante, maltratado fruto de unas políticas fiscales difíciles de asimilar.
Lo único que ha solicitado VOX para avalar la medida lo hemos visto el pasado seis de marzo, con una proposición no de ley en la cual se afirmaba que:
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo todos los trámites legislativos que sean necesarios al objeto de que se aplique una deducción en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para todos los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, durante el ejercicio en el que se produzca y los cinco siguientes, del 20% del valor de adquisición, incluyendo los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquiriente, de los siguientes elementos patrimoniales (…)
Debemos hacer hincapié en «para todos los contribuyentes de la Comunidad de Madrid», sean estos españoles o extranjeros, residiendo en el país. La medida que se defiende a capa y espada desde la Comunidad de Madrid no es universal, y es ahí donde reside su principal defecto. Es una medida que potencia la inversión por parte de extranjeros, pero limita y castiga a la realizada por españoles en su propio país. Por tanto, es a todas luces indefendible.
Fue Friedrich August von Hayek quién reflexionó de forma profunda sobre los pilares que sostienen una sociedad de personas libres. Citando a Heródoto, señala en los Fundamentos de la Libertad que «la isonomía era el más bello de todos los nombres del orden político». ¿Y qué podemos entender por isonomía? Pues nuevamente en palabras del Premio Nobel austriaco: «Fue importada en Inglaterra, procedente de Italia, al final del siglo XVI, con el significado de “igualdad de las leyes para toda clase de personas“». Por tanto, de lo que se trata si la libertad es el objetivo, es de asegurar la isonomía, entendida como igualdad jurídica de todos ante la ley, o lo que lo mismo, la eliminación de leyes «privadas». Algo que no está presente en la propuesta actual del ejecutivo.
Y es que estos, los privilegios, tienen consecuencias. Los extranjeros que inviertan y deduzcan ese 20% podrán ofrecer un mejor precio por la vivienda, por ejemplo, de lo que podrá hacerlo un ciudadano madrileño con la misma capacidad adquisitiva. Bastiat hablaba de lo que se ve y lo que no se ve en las intervenciones. Esto, afortunadamente, podemos verlo con antelación e intentar corregirlo.
Para lograr el avance de una sociedad de personas libres es importante defender la separación de poderes, el imperio de la ley, la estructura de derechos y libertades de las personas y un conjunto de normas universales y abstractas que nieguen los privilegios de las minorías, sean estas del tipo que sean. Nadie está en contra de reducir impuestos. Tampoco de atraer inversión que, sin duda, tendrá beneficios palpables para los ciudadanos de esta región. Sin embargo, es imperativo que la norma sea de carácter universal. Un español debe disfrutar de las mismas normas a la hora de adquirir bienes inmuebles, valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados o no y de valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad. La ley debe ser igual para todos. Solo así avanzaremos en libertad y en seguridad jurídica. Solo así, contribuiremos verdaderamente al desarrollo de todos.
