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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

2017, el año en el que España pudo desaparecer

La crisis catalana ha monopolizado el debate político en un año que ha encadenado una sucesión de «días históricos», con un referéndum ilegal, una fallida declaración de independencia o, en aplicación del artículo 155, el cese del Govern y la convocatoria de elecciones


Tras el anunciado «choque de trenes», el año termina con los partidos catalanes convocados por el Gobierno central a unas atípicas elecciones que se celebran con parte de los candidatos en prisión preventiva, entre ellos el que fuera vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, investigado por sedición, rebelión y malversación de fondos. Otra parte del gobierno catalán cesado, con el propio Carles Puigdemont a la cabeza, se encuentra haciendo campaña desde Bruselas para eludir la acción de la Justicia en España.
Las sucesivas decisiones del Govern y de la mayoría separatista en el Parlamento catalán y la respuesta del Gobierno recurriendo cada una de ellas a los tribunales han provocado una escalada de tensión política, especialmente en el último trimestre del año.
Una tensión que ha tenido importantes repercusiones económicas (caída del turismo, del empleo, la inversión y traslado de la sede social de numerosas empresas fuera de Cataluña) y también sociales, ya que la crisis política ha estado acompañada de una fuerte carga emocional, especialmente en Cataluña, pero también en el resto del país.
El referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en la dinámica separatista, que había acelerado sus planes a la vuelta del verano, apenas unos días después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).
Los plenos del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre, en los que los separatistas aprobaron en solitario, y excluyendo a la oposición, las llamadas leyes de desconexión, así como las protestas del 20 de septiembre contra los registros de varias consellerias y la detención de altos cargos de la Generalitat, permitieron al Gobierno constatar que los secesionistas iban a por todas.
Ya desde el verano, el Ministerio de Hacienda había apretado las tuercas económicas a la Generalitat de Carles Puigdemont para evitar que destinara dinero público a sufragar el referéndum del 1-O, pero a mediados de septiembre dio un paso más y acabó interviniendo por completo las cuentas autonómicas.

«Nos van a obligar a lo que no queremos llegar»

Por esas fechas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a los líderes independentistas de que el Ejecutivo también iba en serio. «Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar», les dijo desde Barcelona.
Con esos mimbres se llegó a la consulta del 1-O. Y, a pesar de la rotundidad del Gobierno garantizando que no habría ningún referéndum, de que en los días previos se incautaran millones de papeletas y tarjetas censales, y del despliegue de policías y guardias civiles ante el temor de la inacción de los Mossos, 2,2 millones de personas (según los censos separatistas) pudieron votar en medio de un sinfín de irregularidades.
Las cargas policiales fueron lo más destacado de esa jornada en las portadas de medios nacionales e internacionales y aún hoy son exhibidas por los secesionistas para ilustrar la represión con la que el Estado español, según ellos, trata de silenciarlos.
No obstante, las acusaciones más gruesas sobre esa supuesta represión las lanzó la número 2 de ERC, Marta Rovira, al asegurar que el Gobierno amenazó con muertos en las calles si no se frenaban las pretensiones independentistas, afirmación que no ha podido demostrar y por la que ha sido muy criticada.

El punto de inflexión: Habla el Rey

Una muestra de la «extrema gravedad» de la situación fue el discurso de carácter excepcional dirigido a los españoles por el Rey Felipe VI el 3 de octubre, en el que advirtió de que los «legítimos poderes del Estado» deben asegurar «el orden constitucional», la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
Aún así, los independentistas otorgaron validez a los resultados de esa consulta, y con ellos y las imágenes de la actuación policial el 1 de octubre intentaron internacionalizar el conflicto que, por unos días, ocupó las portadas de medios de comunicación de medio mundo.
Puigdemont amagó con la independencia el 10 de octubre -llegó a proclamarla y la dejó en suspenso segundos después– y el Parlament la declaró el 27 de octubre aunque sólo en el preámbulo del texto aprobado, una vez más, con la cámara dividida.
Ningún país del mundo ha reconocido a Cataluña como Estado independiente y Puigdemont no ha dudado en arremeter estas últimas semanas contra la UE y sus dirigentes y ha llegado a sugerir un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir dentro de la Unión, palabras que luego tuvo que matizar.

El Gobierno se despereza e invoca el Artículo 155

Tras las declaración unilateral de independencia en el Parlament, el Gobierno invocó el inédito artículo 155 de la Constitución para cesar a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Govern, cerrar las delegaciones de Cataluña en el exterior y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
La aplicación del 155 ha sido mucho menos traumática de lo que el propio Gobierno temía y todos los partidos sin excepción han acabado presentándose a los comicios.
Tanta tensión política ha tenido su reflejo en las calles, con manifestaciones multitudinarias de uno y otro signo en un ambiente tremendamente polarizado.
A la sobradamente constatada capacidad de movilización de los separatistas en las calles (la Diada, las concentraciones en los colegios el día del referéndum, las convocatorias en protesta por la actuación policial) se han sumado por primera vez las protestas de quienes consideran que Cataluña es una parte de España y reclamaban el fin del «procès».
2017 ha sido el año de las banderas, ya que la presencia de esteladas en ventanas y balcones de Cataluña ha tenido como respuesta una nunca antes vista -salvo con motivo de algún éxito deportivo- exhibición de banderas españolas en muchas ciudades del país.
Esa nada habitual expresión del «nacionalismo español» ha sido identificada por los independentistas catalanes como un resurgimiento del franquismo y el totalitarismo en España. En las últimas décadas, el fantasma de Franco nunca había estado tan presente en el debate político como ahora y hasta el cantautor Joan Manuel Serrat ha sido tachado de fascista por criticar el 1-O.
 
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