Hace 39 años, el 24 de febrero de 1978, ETA asesinó en Santurce al policía municipal Manuel Lemus Noya. En torno a las seis de la mañana de aquel día, este gallego de 46 años iba caminando a su trabajo cuando lo ametrallaron desde un coche. Según un testigo, le dispararon cuatro o cinco ráfagas cortas de metralleta. Al cabo de un mes y medio, falleció a causa de las heridas sufridas. Se sabe quién suministró a los terroristas la información para el atentado, pero nunca se detuvo a los autores.
Este asesinato sigue impune.
No es el único.
Hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver.
Uno debería detenerse un momento a considerar la magnitud de esta impunidad aterradora.
Juanfer F. Calderín ha contado en el libro “Agujeros del sistema: más de 300 asesinatos de ETA sin resolver” la historia de tantos casos pendientes de investigación y esclarecimiento. Iñaki Arteta la ha denunciado en un documental estremecedor: “Contra la impunidad”. Las organizaciones de víctimas del terrorismo recuerdan esta cifra de la vergüenza.
Esta cifra dice mucho del dolor y el sufrimiento que los terroristas infligieron a la sociedad española, pero dice mucho más sobre la siniestra capacidad de olvido de muchos que pretenden ahora reescribir la historia como si hubiese sido un conflicto entre dos bandos armados.
Este número encierra el fracaso de un sistema que agotaba las garantías para los terroristas, pero fallaba en hacer justicia a las víctimas. Al dolor insondable de la muerte de inocentes se sumaba, así, la infamia del abandono y el olvido.
Por desgracia, en España, parece de mal gusto recordar estas cosas. Poco a poco, la reivindicación de memoria, dignidad y justicia ha ido desapareciendo del discurso público como si la dudosa derrota de ETA fuese un hecho consumado cuyo precio fuese el silencio. Por otra parte, quienes han abrazado la ideología asesina de los terroristas siguen sentándose en las instituciones. Dicen condenar la violencia, pero defienden la ideología que la inspiró, la sostuvo y trató de legitimarla durante cuarenta años: esos cuarenta años por los que siguen vagando 300 asesinatos sin resolver.
Este silencio, naturalmente, no es unánime. Las organizaciones de víctimas, algunos periodistas, escritores, profesores siguen alzando la voz contra este silencio que debería avergonzar a España. Sería injusto despreciar su esfuerzo. Sería engañoso pretender que están acompañados. Como tantas otras veces, los intentos de blanquear el pasado de ETA están dejando en la cuneta a quienes han sufrido los crímenes de los terroristas.
Estos 300 crímenes cuyos autores siguen pendientes de juicio evocan los años más tristes de la España de nuestro tiempo: los entierros en secreto, los sacerdotes traídos de fuera para celebrar los funerales, los silencios cómplices, las ambigüedades calculadas, las falsas equiparaciones, las tibiezas. Contra todo aquello, se alzaron voces como la de Gregorio Ordóñez, que estos asesinos trataron de acallar a balazos, pero que sigue gritando a través de los años: “¡basta ya!”.
Ha habido algunos avances. La Audiencia Nacional ha acordado reabrir algunas de las causas. No todo cae en saco roto.
Sin embargo, precisamente porque no todo está perdido a la hora de hacer justicia, debemos hablar más y más con la fuerza que dan la razón y el derecho. Debemos responder a los intentos de reescribir la historia y a la exaltación de los asesinos.
Hay centenares de casos como el de Manuel Lemus Noya que claman memoria, dignidad y justicia desde hace décadas en nuestra tierra.
No desoigamos sus voces.
