Agosto ha dejado en Ceuta una radiografía que, según fuentes de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA, ya no admite el relato de una crisis contenida. En el mismo mes de 2025 se contabilizaron 67 agresiones. En agosto de 2026, con la ciudad ocupada tras la entrada masiva de finales de julio, la cifra se disparó hasta 1.001: un incremento del 1.394%. Los allanamientos de morada pasaron de 10 a 600, un 5.900% más. Las alteraciones del orden público subieron de 32 a 326 (+919%). Las salidas de bomberos, de 14 a 89 (+536%). Las intrusiones en el puerto, de 57 a 1.163 (+1.940%). «No es un verano malo. Es otra ciudad», resume un agente destinado a seguridad ciudadana.
Esas cifras, recalcan las mismas fuentes, no agotan el mapa delictivo. Hay que añadirles un incremento de más del 800% en agresiones sexuales en un sólo mes. El resto de delitos que no aparecen en ese recuento y, sobre todo, la cifra negra: lo que no se denuncia, lo que se resuelve entre invasores o lo que las víctimas no formalizan. «Lo que entra en el parte es sólo lo que alguien llama o lo que nos encontramos. Lo demás se queda en la arena, en las naves y en los asentamientos», señala otro mando policial consultado por LA GACETA.
El escenario sobre el que se produce esa oleada sigue siendo el mismo que este medio ha documentado durante semanas. El Trampolín no se ha desmontado. Benítez se consolidó como segundo asentamiento. El polígono del Tarajal, vaciado a duras penas para la visita de Marlaska, volvió a llenarse. Los operativos de traslado dejan plazas cubiertas y miles de invasores de regreso a las chabolas. La invasión ya no es sólo una frontera reventada el 30 y el 31 de julio; es una ocupación permanente de playas, naves, lomas y el recinto portuario, con la consiguiente presión sobre vecinos, comercios y patrullas.
Las fuentes policiales consultadas vinculan de forma explícita el salto estadístico con esa okupación. «Hay una oleada creciente de ilícitos penales relacionada con la invasión de la ciudad», afirman. No hablan de un tipo único de delito, sino de un abanico que se ha ensanchado a la vez: agresiones en la vía pública y entre ocupantes, entradas en viviendas, disturbios que obligan a sacar antidisturbios, incendios y avisos a bomberos, y una presión constante sobre el puerto para colarse en ferrys o camiones con destino a la Península. Las 1.163 intrusiones de agosto en esa infraestructura crítica —veinte veces más que un año antes— ilustran un objetivo que no ha desaparecido: alcanzar territorio peninsular.
El contraste con 2025 es el dato que más pesa en las comisarías. Una ciudad que en un agosto ordinario registraba decenas de agresiones pasa a 1.000. Un delito relativamente residual como el allanamiento se multiplica por sesenta. El orden público se altera diez veces más. Los bomberos salen seis veces más. El puerto, que en agosto del año pasado contabilizó 57 intentos de entrada ilícita, supera ahora el millar. «Cuando te cambian así los números en treinta días no estás ante una sensación. Estás ante un cambio de patrón», insiste una de las fuentes.
Ese patrón se nota en el día a día de los dispositivos. Las reyertas en los asentamientos ya no son excepcionales. Las agresiones con arma blanca se encadenan. Los vecinos de Benítez y del entorno del Tarajal denuncian noches sin descanso. En paralelo, las mismas fuentes advierten de que las jóvenes marroquíes llegadas en la avalancha han quedado expuestas a una explotación que apenas asoma en las estadísticas visibles. El 800% de aumento en agresiones sexuales respecto a un año entero, subrayan, es la parte que llega a conocimiento policial. La cifra negra, repiten, queda fuera.
Ceuta no ha recuperado la normalidad. Ha normalizado un estado de excepción estadístico. Mientras los asentamientos se recomponen cada vez que un operativo declara el problema encauzado, los partes siguen saliendo. Y los porcentajes de agosto, comparados con los del año anterior, ya no dejan margen para hablar de percepción de inseguridad: la inseguridad queda manifiesta en las estadísticas policiales.
