Un artículo de César Menéndez
Mientras el presidente Donald Trump y la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi echan un pulso para ver quién resiste más la presión de mantener el cierre parcial del Gobierno, cerca de 800.000 empleados federales y millones de contratistas sufren en carne propia las consecuencias de una disputa política que le cuesta millones de dólares diarios a la nación.
El origen de la porfía fue la negativa de los demócratas, que ahora son mayoría en la Cámara Baja, de otorgarle al Presidente 5.700 millones de dólares para financiar un muro fronterizo entre México y EEUU. Sin embargo, hasta la actualidad, al cierre de esta edición impresa, el cierre parcial del Gobierno habría hecho perder a la economía del país alrededor de 4.000 millones de dólares.
Desde el pasado 22 de diciembre la clausura administrativa le está costando al producto interior bruto unos 1.200 millones de dólares semanales, según Beth Ann Bovino, economista jefe del medidor financiero Standard & Poor´s.
Esta situación somete a una gran incertidumbre financiera a 800.000 trabajadores federales de todo el país, 420.000 de los cuales se encuentran trabajando sin remuneración, mientras 380.000 han sido enviados a sus casas, sin sueldo, a esperar que el Gobierno reanude sus funciones.
A los anteriores números hay que sumarle los millones de contratistas que trabajan para la administración que, según datos públicos, en 2017 llegaron a ser 4,1 millones de personas quienes podrían estar perdiendo más de 200 millones de dólares por día.
El año fiscal que concluyó el 1 de octubre, las agencias federales anunciaron obligaciones de pago por valor de 98.300 millones de dólares a los contratistas. El Departamento de Seguridad Nacional, la NASA y el Departamento de Estado representan más de la mitad de esos fondos.
Pero el impacto no se detiene aquí, si echamos un vistazo a los diferentes departamentos del Gobierno vemos que el cierre afecta a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), encargada de velar por la seguridad alimentaria e inspeccionar nuevos medicamentos y productos médicos. Ahora mismo trata de ahorrar sus fondos realizando solo las inspecciones más imprescindibles a productos frescos, tales como mariscos, quesos y jugos no pasteurizados. Por su parte, los inspectores de los mataderos esparcen lo más posible sus controles.
Toma y daca
Los servicios de los aeropuertos también se ven afectados, aunque su personal sea considerado imprescindible y por ley deban permanecer trabajando. La realidad es que desde que se anunció el cierre han aumentado las bajas laborales “por enfermedad”. Estos 51.739 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte están trabajando sin recibir su paga.
Las ofertas públicas de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) se han suspendido. Muchos de los funcionarios de la Comisión de la Bolsa de valores no pueden ni responder a los correos, y su personal no ofrecerá asesoría, publicó el medio especializado Bloomberg.
El cierre también tiene su impacto en el mercado inmobiliario, ya que reduce las ventas e influye negativamente en la credibilidad de los consumidores, reportó la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces.
Por otra parte, un tercio de los parques nacionales y museos ha cerrado sus puertas con la consiguiente repercusión en el turismo y en el bolsillo de sus trabajadores.
Mientras todo esto sucede nadie piensa en los “dreamers” que podría ser la moneda de cambio que balancearía la disputa, la Casa Blanca obtendría el anhelado muro y los demócratas el DACA, el típico toma y daca, donde todos ganamos.
Artículo publicado en Diario de las Américas.
