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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Etiopía, el ‘terror rojo’ de los batallones de la muerte

El caso de la represión etíope es uno de los más desconocidos dentro de la larga serie de los crímenes cometidos por el comunismo. La imposición del régimen comunista empezó en 1974, cuando Mengistu Haile Mariam, líder del Partido de los Trabajadores de Etiopía (PTE), dio un golpe de estado contra el Negus, Haile Selassie, y se hizo con el poder.

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El PTE, que se definía como marxista-leninista, contó con el apoyo del ejército cubano y de la URSS, lo que le permitió sofocar a la resistencia que defendía a Selassie, contra la que inició una brutal represión.

Las primeras medidas del Derg, la junta de Gobierno que dirigía Mengistu durante sus primeros años en el poder, fueron encaminadas a frenar las hambrunas que llevaban décadas asolando la zona. Para ello planteó una vuelta a la economía agraria tradicional de subsistencia, quedando abandonadas las zonas de explotación de regadíos. Esta medida causó una sobremortalidad de cerca de 250.000 etiópes.

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A la vez emprendía, asesorado por el Gobierno cubano, una represión contra antiguos miembros de las clases dirigentes, contra funcionarios del régimen anterior y contra toda persona sospechosa de no ser adepta al PTE que causó entre medio millón y setecientos mil asesinatos, dependiendo de las fuentes consultadas.

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Para ello el Negus Rojo, como se bautizó desde la oposición exiliada en Europa a Mengistu, creó milicias denominadas escuadrones de la muerte, que asesinaban a los rivales políticos o a quienes se oponían a las políticas suicidas del Gobierno en sus propias casas o en los centros de detención estatales.

Mengistu fue depuesto en 1991 y se le abrió un proceso judicial en rebeldía tras ser acogido por su amigo personal, Robert Mugabe, dictador de Zimbabue. El tribunal que juzgó sus responsabilidades estuvo trabajando durante 12 años en un proceso en el que se le condenó a 17 años de cárcel al considerar que: «Tanto los miembros del Derg presentes en la corte como los que han sido juzgados en ausencia han conspirado para destruir un grupo político y asesinar a gente impunemente».

También consideraba documentado que: «Crearon escuadrones de asalto para diezmar, torturar y destruir a aquellos grupos que se opusieran al régimen».

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