La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, aseguró hoy en Burgos que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) no podrá llevarse a cabo esta legislatura (antes de mayo de 2019) porque “no hay tiempo material” por lo que apuntó a la nueva Comisión del ramo que salga elegida como quien “decida qué se haga con lo avanzado”.
Sin embargo, tranquilizó a los agricultores y ganaderos de Castilla y León ya que, según reveló, “hay un acuerdo general para articular un periodo transitorio” en el que se continuará con el modelo actual “para que no haya pérdidas para los agricultores” y puedan cobrar a partir del mes de octubre del próximo año.
En este sentido, reconoció que se verá mermado en 12.000 millones de euros el presupuesto europeo actual con la salida de la Unión Europea (UE) del Reino Unido a partir del 31 de marzo de 2019. En la actualidad, recordó que el presupuesto europeo que destina a la PAC asciende a 365.000 millones de euros, de los que España recibe más de 5.600 millones de euros anualmente.
Por ello, la eurodiputada socialista advirtió de que “hay que estar muy atentos a los debates de Bruselas” para que “no se permita ningún recorte en la PAC” y para que “la exigencia no decaiga”. Se trata de unas afirmaciones que la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo realizó antes de pronunciar una conferencia dentro de la XVIII Jornada de cooperativismo de Fundación Caja Rural Burgos bajo el título ‘La reforma de la PAC 2020 y su impacto en el cooperativismo agroalimentario’.
En la jornada, la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo analizó las claves de esa reforma ante dos centenares de invitados, profesionales, directivos y presidentes de cooperativas de Burgos, durante un almuerzo que se celebró en el hotel NH Collection ‘Palacio de la Merced’.
La jornada de cooperativismo de Fundación Caja Rural se enmarca en el programa de actividades que la entidad pone en marcha para promover y fomentar actividades encaminadas a la mejora del sector cooperativo a través de la formación, con el objeto de hacer de estas empresas de economía social un tejido económico cada vez más fuerte que continúe vertebrando el entorno de la entidad.
En Castilla y León hay alrededor de 600 cooperativas agroalimentarias, que asocian a más de 77.000 socios, con un volumen de facturación cercano a los 2.500 millones de euros anuales y dando empleo a más de 3.900 trabajadores. Además hay un número similar de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. En Burgos están implantadas 65 cooperativas agroalimentarias y 95 cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
La UE ha establecido mecanismos para garantizar las rentas derivadas de la actividad agrícola y ganadera. Estos mecanismos se incorporan en la PAC de la que dependen una parte de los ingresos de los agricultores y ganaderos. En Castilla y León los pagos a los agricultores y ganaderos derivados de la PAC superan los 800 millones de euros.
En el año 2020, recordó, acaba la aplicación del actual régimen de pagos asociados a la PAC. La continuidad del régimen actual depende de las negociaciones que, en el seno de la Unión Europea, se están realizando. Un posible cambio en el presupuesto comunitario, la amenaza del ‘Brexit’ y el peso de las políticas medioambientales generan incertidumbre en el futuro de la PAC.
