No hay mejor forma de medir el alcance de un gesto político que ver la reacción de la oposición…
No hay mejor forma de medir el alcance de un gesto político que ver la reacción de la oposición. Y no hay mejor forma, al parecer, de obligar a moverse a una formación política que ponerle cerca a un enemigo que le haga sombra. Y de esos dos fenómenos de las leyes de la política hablaremos hoy.
El presidente del Gobierno -y en virtud del 155 presidente, también, de Cataluña- anuncia que estudia incluir en el formulario de matriculación escolar una casilla para que los padres puedan elegir como lengua vehicular el castellano. El castellano, ese idioma que todo español tiene el deber de conocer y el derecho a usar, según nuestra querida y respetada Constitución.
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Bien. Pues la medida parece provocar un sarpullido en el separatismo, acostumbrado a 40 años de campar a sus anchas y de relegar el castellano -y con él a la ley- al rincón del olvido. La reivindicación planteada por el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) al Gobierno es sencilla: “Que en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular”. Pero, ya decimos, para el separatismo la petición es algo así como mentar al diablo. Conclusión del experimento: si molesta al independentismo radical es que es bueno… para el resto de españoles.
Vamos con la segunda parte del estudio, la de comprobar cómo un cuerpo político reacciona a la fuerza de otro de similar tamaño: llevamos décadas de cesiones al nacionalismo; asistimos desde hace lustros al adoctrinamiento de cientos de miles de escolares en las aulas catalanas y a la contaminación de las mentes desde estandartes como TV3. Pero para el ministro de Educación, Méndez de Vigo, todo esto parecía no ser suficiente. “No hay adoctrinamiento en las escuelas catalanas”, nos decían desde el PP.
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Entonces llega Ciudadanos. Barre al PP en las elecciones catalanas, amenaza con erigirse en fuerza principal en las nacionales y aprieta las tuercas al partido de Rajoy con la cuestión de la corrupción… y, ¡tachááááán!, se obra el milagro: la pesada maquinaria del PP se mueve. “Esta casilla es una obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155, por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, es la norma”, decían los populares tras el anuncio de la medida de Rajoy. Pues eso, almas de cántaro, pues eso… Si no debería ser noticia, si de lo único que se trata es de aplicar la ley… ¿no valdría la pena haberlo hecho antes? ¿No nos habríamos evitado algún llanto y rechinar de dientes?
En todo caso, y como dice el sabio refranero español: más vale tarde que nunca. Si el próximo curso los padres que así lo deseen pueden escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña, habremos ganado una batalla. Está por ver si la maniobra causa efecto alguno en la particular guerra que libran los de azul y los de naranja.
Presunción de santidad
Para terminar, y antes de sumergirnos en este viernes de frío y Consejo de Ministros, les dejamos un avance del tema que firma hoy Carlos Esteban. ‘Las ONGS y la peligrosa presunción de santidad’: “Es una ley implacable de la historia que cuanto más poderosa y rica es una organización, más probable es que en ella medren los abusos de poder y la ambición de todo, y nuestra época ha hecho aún más fácil que las ONGs -lo que antes se llamaba ‘instituciones de beneficencia’- escapen del escrutinio público por una muy extendida ‘presunción de santidad”. Pero, ya lo saben, casi nunca las cosas son los que parecen.
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