Torrelodones, cerca de Madrid, 9,00 de la mañana. Desde hace semanas, una incómoda obra en una estrecha calle de acceso al pueblo complica extraordinariamente la hora punta. Para miles de vecinos esa calle es la única salida posible a la carretera de La Coruña. Los embotellamientos son monumentales: hasta dos y tres kilómetros. Muchos conductores optan por girar hacia direcciones prohibidas para ganar la autovía a través de las urbanizaciones que circundan la zona. El Ayuntamiento, providente, ha decidido enviar a la policía. ¿Para agilizar el tránsito en una calle colapsada por las propias obras municipales? No: para agazapar a los agentes detrás de las curvas y multar a los conductores que intentan escapar del atasco. Astutos, ¿eh?
No es la primera vez. Hace algunos meses, al comienzo del curso escolar, el mismo Ayuntamiento decidió enviar agentes a la puerta de los colegios para regular el aparcamiento de los papás. ¿Para facilitar el estacionamiento? No: para multar al que aparcara mal en unas calles donde no es físicamente posible aparcar bien. Las protestas fueron tan intensas que los avispados munícipes tuvieron que rectificar.
Son sólo dos ejemplos, porque esto mismo está pasando en numerosas ciudades de España: los Ayuntamientos, acosados por deudas que no saben cómo enjugar, recurren a la sanción para equilibrar cuentas. Así la policía deja de ser una institución que sirve al ciudadano para ser un instrumento que sirve a la Administración esquilmando al ciudadano.
La Administración siempre ha mostrado una irritante tendencia a utilizar a las distintas policías para estos fines recaudatorios, pero los Ayuntamientos se están propasando. Luego se extrañan de que crezca el cabreo de la gente hacia los políticos, en todos los niveles. Y los policías, cuya función cabal es el servicio público y la defensa de la ley, se convierten en alcabaleros con pistola. Irrespirable.
