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Almería: sacas y campos de concentración en una represión organizada por el Gobierno

Almería fue uno de las ciudades que pasó toda la Guerra Civil en manos de las autoridades republicanas del Frente Popular. Tras el fracaso del levantamiento que se produjo el 21 de julio, con tres días de retraso sobre el resto del territorio, lo que permitió a los milicianos de los partidos de izquierdas organizar una defensa que consiguiera derrotar a los alzados. De inmediato, el Comité Central, órgano de dirección de la ciudad y coordinador de la provincia que estaba controlado por los partidos del Frente Popular, comenzó la labor de represión.

Durante los primeros días se detuvo a centenares de personas relacionados con los partidos de la derecha: CEDA, agrario, Falange, Carlista,.. y a todos los religiosos que pudieran ser localizados en los pueblos y en la capital de la provincia. Frente a la idea de que la represión fue espontánea y no organizada, lo que ocurrió en Almería demuestra lo contrario: las sacas que se cometieron durante eran supervisadas directamente por el socialista Eustaquio Cañas Espinosa, Gobernador Civil de la provincia, quien, según los testigos, asistía a estos actos previos a los asesinatos con “visibles muestras de regocijo”. Desde todos los municipios y desde los centros políticos, todos los prisioneros fueron trasladados a la Prisión Provincial que, en pocos días quedó saturada. Para seguir recibiendo presos se habilitó como cárcel el convento de las Adoratrices, incautado por los republicanos al comienzo de la guerra.

Esta nueva cárcel también quedó saturada y se habilitaron dos barcos mercantes, el Capitán Segarra y el Astoy Mendi, que habían estado destinados al transporte de mineral y cuyas bodegas -habilitadas como celda para los presos- contenía restos tóxicos y pólvo de mineral. Es espacio seguía siendo insuficiente y se habilitó la cárcel del Ingeni, en la fábrica de azúcar abandonada del barrio de Los Molinos.

Más adelante se construirían algunos campos de concentración en municipios de la provincia para albergar a los presos que se seguían deteniendo en los distintos municipios. Se conoce la existencia de dos de estos campos, uno en el municipio de Turón y otro en el de Murtas.

La causa general recoge un listado en Almería de 691 asesinatos cometidos por la represión en la retaguardia a manos de las milicias de los partidos del Frente Popular, armadas por el Gobierno republicano.

De toda la represión en Almería, solamente el 2,5% de los casos fueron personas condenadas a muerte por un tribunal popular. El resto obedecía a la actuación de individuos al margen del sistema judicial, por muy manipulado que este estuviera.

Duarante el primer mes de guerra los asesinatos se realizaron de manera aislada. Eran generalmente cometidos por pequeños grupos de milicianos que aprovechaban el traslado de algún preso desde un pueblo de la provincia hasta la capital para asesinarlo en algún lugar del camino y dejar allí su cuerpo abandonado. Pero a partir del 14 de agosto comenzaron las sacas y los asesinatos sistemáticos. En la noche de aquel día, un grupo de milicianos accedió, con permiso de los funcionarios y mostrando autorizaciones de diversas autoridades, al buque prisión Capitán Segarra. Allí recogieron a 28 presos de una lista que llevaban elaborada y fueron trasladados a la playa de la Garrofa, donde fueron fusilados. En lugar de dar el tiro de gracia a sus víctimas, optaron por atarlas a barcas de pescadores y adentrar los cuerpos mar adentro donde cortaban las cuerdas que les sujetaban y allí los abandonaban. Muchos de los cuerpos eran encontrados días después cuando llegaban a la costa, en la zona conocida como el Zapillo. Aquella noche fueron asesinados solamente políticos: eran los dirigentes locales de Falange, tradicionalistas y de Acción Popular.

Las sacas se sucedieron en los días siguientes. El siguiente turno le toca a los presos del otro buque prisión, el Astoy Mendi, y el lugar elegido para su asesinato es el barranco del Chisme, en Vícar. En este caso las víctimas son los obispos de Almería y Guadix, diez sacerdotes y dos civiles.

En esta saca uno de los civiles era el picador de toros Juan Colomina que, mientras están asesinando a los sacerdotes consigue escapar, con las manos atadas con alambre, y esconderse de sus perseguidores. Dos días después es visto por una mujer que, en lugar de socorrerle decide denunciarle ante el comité revolucionario de la barriada de Casablanca que le apresa y acaba fusilándolo.

El 31 de agosto otros 23 sacerdotes son sacados del Astoy Mendi y llevados a los Pozos de Tabernas, a un lugar llamado La Lagarta. Allí son fusilados junto al brocal del pozo donde un indiviudo con un palo largo los empuja para que caigan, todavía vivos. Después, sin haber recibido el tiro de gracia, les lanzan palas de tierras para cubrir los cuerpos.

En el Pozo de La Lagarta seguirían llevando víctimas de sacas hasta colmar el hueco. Momento en el que se dejó de utilizar e intentó sellarse el acceso. Tenía una profundidad de 28 metros.

Como la zona en la que estaba ese pozo era útil por su situación, buscaron otros pozos en la zona y repitieron las sacas hasta llenar los de La Contraviesa y Cantavieja.

Los mayores tormentos se produjeron en los campos de concentración de Turón y Murtas. Construídos con la guerra muy avanzada, empezaron a recibir presos a finales de 1937, pero la llegada de grandes contingentes se produjo en mayo de 1938 con desplazados desde las cárceles de la capital. Para conmemorar la fiesta del 1º de mayo de aquel año, el Gobernador Civil Eustaquio Cañas Espinosa le envió 300 presos al responsable del campo de Turón, que era un tal Galán, perteneciente al 23 cuerpo del Ejército Rojo. Junto a los presos, el Gobernador Civil enviaba una nota: “Ahí te mando trescientos fascistas, cuando se te acaben, pide más”.

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