Si hay un factor que ha contribuido al clima de semiabierta rebeldía y constante enfrentamiento contra el resto de España que es ya la norma en Cataluña, este ha sido la interesada y tácita suspensión del Estado de Derecho en esta comunidad. El Gobierno central -no el que preside Mariano Rajoy, sino virtualmente todos los ejecutivos de la democracia- ha hecho la vista gorda sistemáticamente con un estado de cosas que solo puede calificarse de anarquía institucional. En Cataluña, las leyes que obligan a todos los españoles, hay que concluir, son opcionales.
La última gota en este aparentemente indesbordable vaso ha sido el presunto incumplimiento por parte de la Generalitat de la sentencia que hacía pública el Tribunal Constitucional el pasado 31 de enero sobre el destino de los documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca que habían sido trasladados a Cataluña. La mayor parte de ellos, decreta el Constitucional, tenían que ser devueltos a la sede de la que fueron sacados contra el criterio de los investigadores, entre el 19 de enero de 2006 y el 20 de julio de 2011.
Ha pasado ya el tiempo de debatir la conveniencia de mantener o no íntegro el archivo en cuestión, polémica de la que nos basta citar la opinión del historiador Pío Moa: «El archivo de Salamanca, fuera cual fuera su origen (hay en el mundo muchos archivos y bibliotecas de procedencia irregular) es hoy un archivo muy valioso, en expansión, y de enorme interés para los estudiosos de la guerra civil. Atacarlo como hacen los nacionalistas sólo puede calificarse como ruindad y, desde luego, en nada contribuye a la reconciliación ni a la democracia».
Pero, como decimos, este debate es ya secundario, materia para los historiadores, al menos comparado con una actitud, la del gobierno catalán, que se sitúa permanentemente por encima de la ley con la aquiescencia tácita de unos gobiernos españoles que han creído poder evitar de esta manera el desafío secesionista, sin advertir que no hacían con ello más que fomentarlo y permitir que los nacionalistas se crecieran. El precio de la debilidad, especialmente de una debilidad gravemente lesiva para la seguridad jurídica, lejos de aplacar al díscolo da alas a su ilegítima arrogancia.
La hora de las cesiones -muchos hablarían de sobornos del poder- ha pasado. Las palabras de Durán i Lleida sobre un referéndum secesionista unilateral y los continuos anuncios de Mas en este sentido dejan tristemente claro que cerrar los ojos ante el incumplimiento de la ley por parte de una instancia pública es lo que precipita, no lo que desactiva, un proceso de abierta rebeldía.
