El régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) no cesa en su oficiosa labor por instalar en la opinión pública su versión de los hechos de finales de 2019 en Bolivia: un supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales, y no un monumental fraude o manipulación dolosa, como afirmó la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe al respecto, documento que fue respaldado nada menos que por la Unión Europea.
El MAS primero se concentró en tratar de demostrar que Morales no había cometido un enorme fraude electoral -como había demostrado la OEA-, contratando una serie de “expertos” y “especialistas” como Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab, quienes concluyeron que no existía evidencia estadística sobre fraude alguno.
Igualmente, la Universidad de Salamanca, en España, se prestó al juego del MAS y Morales. El profesor Juan Manuel Corchado Rodríguez, junto con dos estudiantes que conforman el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite en la misma institución, concluyeron que no hubo manipulación de datos electorales. Luego de que se tuviera acceso al documento de investigación de Corchado, este se echó para atrás diciendo que el objetivo de su trabajo no era dilucidar si realmente hubo fraude en Bolivia.
Al mismo relato se sumaron el think tank estadounidense Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) y medios como el New York Times o el Washington Post, cuyas mentiras y manipulaciones fueron ampliamente expuestas y desechadas en distintas oportunidades por la propia OEA.
Luego, el MAS trató de demostrar que se había fraguado un golpe contra Morales iniciado una implacable persecución política contra políticos opositores y una serie de detenciones ilegales de ex autoridades de gobierno, como la expresidenta Jeanine Áñez, que fue secuestrada en el Beni y que hoy guarda prisión preventiva en La Paz desde el 13 de marzo de 2021, así como ex militares, policías y manifestantes de distintas ciudades del país.
En la misma línea de todo lo anterior, el nuevo personaje que el régimen de Arce ha invitado a “revisar a justicia”, es Diego García-Sayán, relator para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para observar el funcionamiento del sistema judicial en Bolivia, que, a decir de la editorial del diario Los Tiempos, se encuentra en la peor crisis de su historia debido a la interferencias y las manipulaciones del MAS.
García-Sayán es un político peruano de izquierda. Fue congresista, ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores del Perú. De manera más reciente, ha sido juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, y entre 2010 y 2014 fue su presidente.
García-Sayán tiene una ajustada agenda en el país hasta el día 22 de este mes. Aunque pocos guardan expectativas sobre lo que pueda lograr en función de al menos señalar las principales causas de los problemas de la justicia en Bolivia. Son al menos una treintena de organizaciones las que esperan reunirse con el representante de la ONU.
Sin embargo, tan pronto como en su primer día de trabajo, y sin aún haber brindado declaración alguna a la prensa, los dos principales partidos políticos opositores, Comunidad Ciudadana y Creemos, han denunciado que el MAS les impide reunirse con García-Sayán para manifestarle su posición y sus denuncias sobre una justicia subordinada al poder Ejecutivo.
Eso sí, el régimen de Arce se ha ocupado de invitar a la prensa a tomar registro de algunas de las reuniones sostenidas hasta el momento con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia Iván Lima Magne –que ha fracasado en reformar el sistema judicial en al menos cuatro oportunidades-, y el canciller Rogelio Mayta.
Difícil labor la de García-Sayán. Pues, si acaso busca ser complaciente con el régimen de Arce y el MAS, será demasiado difícil abstraerse no solo de los hechos de detenciones ilegales, la liberación de asesinos y otros delincuentes con sentencias ejecutoriadas para que de inmediato vuelvan a cometer crímenes, o el hecho de que la expresidenta hoy se encuentre sometida a un proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades, como establecen la Constitución y las leyes en su condición de expresidenta, sino, y sobre todo, del hecho que lleva ya una semana de huelga de hambre.
En todo caso, esperemos que con García-Sayán suceda lo mismo que con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Almagro fue invitado por Evo Morales a visitar el Chapare en mayo de 2019 y defendió la repostulación ilegal de Morales de finales de ese mismo año. Sin embargo, luego de ello, y una vez que la investigación de las elecciones encargada a la OEA por el propio cocalero determinó que hubo manipulación dolosa en todo el proceso, fue respaldada por Almagro de manera decidida. Ojalá que el relator de la ONU se incline por lo correcto y denuncie la agonía del Estado de Derecho y la democracia en Bolivia ante la Comunidad Internacional.
