La Comisión Europea ultima un procedimiento de infracción contra Hungría por la ley que impone penas más duras para pedófilos y que prohíbe la propaganda LGTBI en las escuelas.
«No vamos a estar mucho tiempo sin actuar ante países que no respetan la igualdad, los principios de la Carta (de Derechos Fundamentales de la UE), los valores del Tratado y las leyes de la UE», ha indicado en una rueda de prensa la portavoz comunitaria Dana Spinant.
Un expediente sancionador «lleva trabajo», ha argumentado la portavoz, para explicar que Bruselas no tenga todavía ninguna decisión formal. El Gobierno de Viktor Orbán ya ha anunciado que descarta la retirada de la misma porque refuerza la protección del menor frente a delitos de pedofilia y el derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos.
«Un procedimiento de infracción se prepara, pasa por una carta (de emplazamiento) que tiene carácter jurídico, así que hay que trabajar en ello y no estamos aún en la fase en la que podemos anunciar que se haya enviado una carta», ha dicho la portavoz.
La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya indicó tras la tramitación de la ley en el Parlamento húngaro que consideraba la norma una «vergüenza» y que no iba a dudar en «emplear todos los poderes» de que dispone la Comisión para actuar.
La nueva legislación contempla prohibiciones en cuanto a la educación sexual escolar, donde no se podrán llevar a cabo actividades que tengan el propósito de «promover la homosexualidad» o el cambio de género, según especifica el texto y recoge el medio húngaro Blikk.
«Se prohibirá la exhibición de contenidos que promuevan la homosexualidad y la reasignación de género a los menores de 18 años. Tampoco habrá conferencias sobre esto en las escuelas», apunta el diario digital en una publicación en la que especifica que las televisiones no podrán emitir películas o programas que promuevan contenido LGTBI en horario infantil -antes de las diez de la noche-.
El nuevo texto estipula que los niños deben tener un padre y una madre, y solo pueden adoptar los matrimonios registrados como tal. «El objetivo es proteger a los derechos de nuestros hijos«, afirmó entonces la ministra de Justicia, Judith Varga.
