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EN UN SOLO DÍA

La agenda totalitaria de Pedro Sánchez en España

El Gobierno liberticida de España, conformado por el PSOE y la formación chavista Podemos, sigue en su deriva totalitaria en mitad de la ruina económica, con la Comisión Europea empeorando el desplome del PIB al cierre de 2020 (12,4%), el mayor hundimiento de toda la Unión Europea, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) estableciendo el exceso de muertes en España en 2020 en más de 65.000, el doble de la cifra que reconoce oficialmente el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa.

Moncloa dio este jueves a conocer un plan contra la llamada «desinformación», una especie de Ministerio de la Verdad que dejó escrito en «1984» George Orwell y que cercena la libertad de expresión.

La idea es que el poder evalúe a su contrapoder a través de una Comisión Permanente que dirigirán Iván Redondo, gurú del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, el mismo que censuraba las preguntas telemáticas incómodas de los periodistas en la primera oleada de la pandemia de coronavirus. Y todo pese a las advertencias de que este plan limita el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión que consagra el artículo 20 de la Constitución.

Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado que el castellano deje de ser lengua oficial del Estado y lengua vehicular de la enseñanza en una enmienda de la ley de Educación acordada entre PSOE, Podemos y los separatistas de ERC. Otro golpe a la Constitución, que en su artículo 3.1 recoge: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

La ley, que permite que los alumnos avancen cursos con asignaturas suspensas, asfixia a la Enseñanza Concertada, modelo educativo en el que estudia el 25% de los niños en España, y margina a los centros de educación especial al vaciarlos de alumnos, será recurrida ante el Tribunal Constitucional por VOX, PP y Ciudadanos, aunque estos últimos no han exigido al Ejecutivo su retirada en la reunión para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Desde VOX, formación liderada por Santiago Abascal, han asegurado que es una «ley sectaria» y «la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos».

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se han reunido con los filoterroristas de ETA (Bildu) para pactar los Presupuestos volviendo a traspasar esa línea color rojo hemoglobina que Pedro Sánchez prometió no cruzar nunca.

“Con Bildu no se acuerda nada”, señaló Sánchez en junio de 2019, cuestionado por sus posibles pactos con la coalición heredera de la banda terrorista que acabó con la vida de más de 800 personas, justifica y homenajea a los asesinos, no ayuda a esclarecer los más de 300 crímenes sin sentencia y tiene, en definitiva, su trayectoria manchada por un reguero imborrable de sangre.

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