El embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, ha presentado este martes su renuncia, según ha informado el Ministerio de Exteriores del país latinoamericano.
La renuncia de Del Cioppo, que accedió al cargo en agosto tras ser designado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se produce tras la polémica generada por sus declaraciones en las últimas semanas de una supuesta financiación de la Embajada de Ecuador en Madrid a la cooperativa Kinema, relacionada con Podemos.
En concreto, el hasta ahora embajador aludió, en una entrevista con TC Televisión, a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba, durante el mandato de Lenín Moreno, servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.
Asimismo, indicó que al frente de Kinema está el diputado español Rafa Mayoral y que en otra participa la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero. «Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros», aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó «de inmediato» la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.
Del Cioppo añadió que no sabe de qué defendían los asesores a los ciudadanos ecuatorianos, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto el año pasado para suspender temporalmente los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional.
Por su parte, el Gobierno de Ecuador ha indicado este martes que el presidente del país andino no ha «ordenado ocultar los pagos a Kinema», en respuesta a afirmaciones difundidas.
Así, ha asegurado que el mandatario no ha emitido «instrucción alguna» respecto a los contratos celebrados «por administraciones anteriores y que están relacionados con el asesoramiento jurídico sobre desahucios a los ecuatorianos residentes en España». También ha afirmado que no se ha comunicado con el Gobierno español «para dialogar al respecto».
Asimismo, ha reiterado su «compromiso» de llevar a cabo una gestión «transparente» y ha anunciado el inicio de una «investigación para esclarecer este tema».
