El financiamiento del Socialismo del Siglo XXI podría haberse sostenido con fondos que circulaban entre Quito y Madrid, a menudo triangulado con Caracas. La Contraloría General del Estado ha aprobado auditar los contratos por un valor de 1,3 millones de dólares por parte de la Embajada de Ecuador en España que empezaron en el Gobierno de Rafael Correa y habrían continuado hasta que fueron denunciados en la gestión de Guillermo Lasso.
Uno de los reclamos principales es que el dinero no fue designado a los inmigrantes ecuatorianos en España, sino que sirvió para beneficiar al aliado ideológico y político del correísmo, Podemos, que al momento de iniciar la investigación ocupaba la vicepresidencia de España.
Además de una serie de inconsistencias en las contrataciones públicas, la empresa en disputa es Kinema, la cooperativa fundada por el diputado de Podemos Rafael Mayoral.
Uno de los principales denunciantes desde septiembre fue el legislador Esteban Torres Cobo, firmante de la Carta de Madrid. «No descarto que los 2,6 millones que Ecuador dio a Kinema fueran para financiar a Podemos», exclamó en su momento.
La primera semana de mayo el organismo del Estado ecuatoriano se comprometió a investigar el dinero presuntamente designado en asesoría legal y asistencia psicosocial a inmigrantes ecuatorianos en España entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2021.
Respecto a si los fondos se destinaban al fin para el cual fueron designados (los inmigrantes), el informe de auditoría señala que se debían cumplir ciertas condiciones para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas. No obstante, destaca no se elaboraron términos de referencia con el detalle de las necesidades específicas a ser cubiertas.
Según reporta la prensa ecuatoriana, el contrato en disputa tampoco verifica las características de los servicios, requisitos y parámetros para garantizar la experiencia y capacidad técnica de los contratistas para cumplir las obligaciones contractuales.
Entre las empresas que recibieron en pagos un total de 1.305.714 constan: Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana.
De acuerdo al informe, los funcionarios de la misión diplomática no exigieron facturas que demuestren el desglose de los gastos.
El informe también señala que no se pudo corroborar si beneficiaba los intereses del Estado las contrataciones con la empresa encabezada por el diputado de Podemos ya mencionado, Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, al igual que con Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa S.L.U. e Intercon Iberoamericana SLU.
No cumplieron con la normativa establecida por la Cancillería los responsables de las contrataciones de ese entonces. De manera que hay facturas sin el detalle del número de personas que supuestamente recibieron la asistencia. Asimismo, la documentación que podría sustentar que el dinero sirvió para el fin que fue designado no se archivó de forma completa ni en orden cronológico.
Entre los funcionarios a cargo señalados por el informe de auditoría de la Contraloría constan exembajadores, exencargados de negocios, los administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.
Cabe señalar que durante las revueltas de octubre del 2019, que el propio Nicolás Maduro denominó “brisas bolivarianas”, fue incendiado el edificio de la Contraloría General del Estado, de manera que se perdió información valiosa que podía incriminar al expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa.
Ahora, en reconstrucción, ese mismo organismo está a cargo de investigar sobre el uso del dinero designado a los migrantes.
También se investiga una triangulación de dinero de Caracas a Quito y luego Madrid. En caso de demostrarse, no sería la primera vez que Podemos se aprovechó de una nación emergente y tampoco la primera instancia que Rafael Correa fue el facilitador de este dinero.
Desde el exilio, Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, denunció la existencia de carpetas de pruebas que exponen la conformación de un grupo criminal integrado por jefes de estados, ministros, contratistas, políticos, empresarios de varios países, que se valen de la plataforma de la construcción de obras para legitimar capital.
Involucra una lista de pagos de la empresa constructora involucrada en casos de corrupción a nivel continental, Odebrecht, y el financiamiento de Podemos. El dinero se habría triangulado de Caracas hasta Quito y por medio de Correa hasta Podemos.
En total, Podemos habría recibido 54 millones de dólares del chavismo a través de su aliado Rafael Correa, usando como pantalla al CELAG, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Dichos fondos habrían financiado la creación del partido años atrás y a su vez los podemitas “reciprocaron” con la ideologización izquierdista en la región.
Ambas investigaciones continúan. Por el momento, es un avance hacia el esclarecimiento que la Contraloría haya aceptado auditar el destino de los fondos entregados en la Embajada de Ecuador en España.
