Desde 2016, el régimen de Nicolás Maduro ha cometido graves violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela. Tanto es así que la pobreza se ha incrementado exponencialmente en estos últimos años y llegó al 94,5 por ciento de la población en 2021.
Así lo denuncia el último informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la ONG venezolana Provea: ‘Con la comida no se juega: Graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela’.
Este documento es el resultado de una misión de investigación conducida por un equipo multidisciplinario durante el año 2021 y se enfoca en un minucioso análisis del nivel de cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación por parte del Estado Venezolano entre 2016 y 2021.
Además del aumento exponencial de la pobreza en el país, el informe también detalla que los niños son uno de los sectores de la población más afectados. El 30 por ciento de los menores del país padecieron en 2020 algún tipo de malnutrición, más de la mitad de ellos de forma severa, según señala el texto.
Esta emergencia humanitaria es el resultado de una crisis económica que se ha agravado en los últimos seis años. El Producto Interior Bruto (PIB) ha caído un 80 por ciento, sumado a un cuadro hiperinflacionario de más de tres años –en 2019, la inflación anualizada alcanzó el 39.113 por ciento–.
Asimismo, el informe señala el sostenido colapso de los servicios públicos, tales como agua, electricidad y gas doméstico, lo que repercute en la alimentación de los venezolanos, y tiene un efecto diferenciado en la población más vulnerable.
Así, el texto ha documentado que, en 2021, cayó un 90 por ciento el suministro de agua que se distribuye a través de la red de acueductos lo que provocó que un 82 por ciento de la población esté expuesta al consumo de agua no potable. En cuanto al servicio eléctrico, durante el año 2021, se registraron 174.000 apagones que afectaron al 74,2 por ciento de la población. Una escasez que también afecta a las bombonas de gas y que obligó a 5,4 millones de personas a cocinar con leña.
Por todo ello, el informe denuncia que el Estado venezolano incumple su «obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación», lo que ha provocado el «deterioro palpable de las condiciones» de los venezolanos, «sin que se tomen medidas de alguna índole para mitigar los daños».
Además, también señala la «absoluta falta de transparencia en la gestión de las políticas alimentarias» en el período de estudio. «La corrupción ha sido un factor determinante en la afectación del derecho de la población venezolana a un nivel de vida adecuado, y del derecho a la alimentación, como uno de sus componentes esenciales», denuncia el informe que también recuerda que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, según el índice de la ONG Transparencia Internacional.
Por todo ello, el informe insta al régimen de Nicolás Maduro a que dé “absoluta prioridad” a la “urgencia alimentaria” y garantice el acceso «permanente y de calidad» a los servicios sanitarios, de agua segura, saneamiento, electricidad y gas doméstico.
