El Consejo de la Unión Europea ha ampliado este lunes las sanciones contra 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares chavistas implicados en el fraudulento proceso electoral y la violación de derechos fundamentales en el país.
De esta forma los Veintisiete responden a las elecciones de diciembre, que no fueron reconocidas al considerar que el proceso no cumplió los estándares democráticos. La decisión afecta entre otros al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo, y al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Reimigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolana, al que acusan de la represión.
Entre los políticos chavistas afectados por la nueva ronda de sanciones destaca el gobernador de Zulia, Omar Prieto Fernández, al que la UE acusa de menoscabar la democracia y promover las elecciones ilegítimas. También recogen sus amenazas de proclamar la independencia de Zulia si asume el poder un gobierno de transición dirigido por el opositor Juan Guaidó.
Las nuevas restricciones recaen sobre dos diputados de la Asamblea Nacional «no elegida democráticamente» y varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano por «usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional» y «menoscabar los derechos de la oposición», en particular la designación unilateral del CNE.
Con esta nueva tanda de sanciones, la lista negra de la UE pasa de 36 a 55 individuos venezolanos responsables, en el ejercicio de sus cargos oficiales, de minar la democracia y violar derechos fundamentales.
Los Veintisiete buscan así responder a «acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos en el país».
Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna.
