Difícilmente habrá un problema social más importante para los ciudadanos que la seguridad pública. No porque los otros problemas no sean relevantes, sino porque la seguridad pública es una condición de posibilidad de la vida; es la garantía para el orden, y sin orden es ilusorio el ejercicio de los derechos y el imperio de la justicia. Es decir, constituye una condición de posibilidad para una vida que permita el desarrollo y el despliegue humanos.
Es por ello que resulta tan relevante para cualquier gobernante el asegurar, ante todo, la paz y tranquilidad de la República, pues sin estas condiciones la vida se torna imposible. Y es, precisamente por la misma razón, que la ciudadanía, el pueblo, resiente la falta de seguridad y la pone entre sus prioridades. Las últimas encuestas así lo han demostrado en Chile: una creciente sensación de inseguridad que va a la par con un aumento sostenido de delitos graves. La encuesta CADEM publicada en mayo señaló que el 72 por ciento de los encuestados siente mucha o bastante preocupación por ser víctima de delitos, también un 84 por ciento de los encuestados manifestó que existe violencia en el país y que hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional; mientras un 86 cree que la violencia ha aumentado en el país.
El tema de la seguridad, en ese sentido, no es una cuestión ideológica, artificial. Se trata de una verdadera prioridad del buen gobernante. De ahí que sea tan importante la represión del delito, las penas ejemplificadoras, el carácter fundamental del principio de autoridad.
La violencia, que es a causa inmediata de la inseguridad se ha incrementado en todos los ámbitos de la vida en sociedad: en las calles, centros comerciales, transporte público y también en los colegios. Desde el inicio de las clases, se han registrado incontables episodios de violencia entre estudiantes y entre estos y los profesores. Sin contar los graves hechos en el colegio más antiguo de Chile, el Instituto Nacional, donde estudiantes «concientizados» y organizados han provocado graves incidentes en el colegio –un intento de incendio– y han hecho imposible la vida en los alrededores, incendiando vehículos de transporte público y cortando calles. Frente a este caos, el Ministro de Educación ha encontrado una solución: cursos de educación no sexista para estudiantes. La caricatura se explica por sí misma.
Quienes gobiernan Chile han propuesto desde el principio el diálogo como solución para el problema de la seguridad, como si se tratara de un asunto de diferencias de opinión, retórico incluso, yerran profundamente y no hacen más que favorecer un debilitamiento de las instituciones frente al victimismo con que se suele justificar a los delincuentes. «Son víctimas del sistema», «las estructuras de poder no les dejan salida», entre otras, son exculpaciones corrientes de los políticos de izquierda que no se atreven a utilizar las herramientas del Derecho contra quienes delinquen.
Con todo, llevado a su situación más extrema, el problema de la seguridad se torna imperativo cuando al interior del país emergen organizaciones que generan terror en la población con fines políticos. Es el caso que se vive en el sur de Chile con la llamada Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que ha operado allí por más de 20 años, reivindicando una lucha territorial, sustentada en los principios del marxismo leninismo y el indigenismo.
Conforme el relato indigenista, desde hace 500 años ha habido una usurpación de territorios a los mapuches –principal pueblo indígena que habitó parte del territorio chileno–, que ha tenido consecuencias no sólo en la propiedad de la tierra, sino en toda su cultura. Por ello la CAM justifica la guerra frontal contra el Estado. Lo curioso es que siendo una guerra contra el Estado, sus ataques se dirigen principalmente contra personas comunes y corrientes, pequeños y medianos propietarios de La Araucanía, criadores de animales, camioneros de forestales, etc.
Esta semana el terrorismo –que en Chile eufemísticamente llaman «violencia rural»– se ha cobrado una nueva víctima, un trabajador forestal mapuche, Segundo Catril Neculqueo, de 66 años. La víctima se suma a las más de 200 víctimas en lo que va del conflicto. Sin embargo, no ha habido señales en un sentido apropiado para terminar con esto, antes bien, las señales apuntan a privilegiar a los criminales, así ha ocurrido con el condenado, Celestino Córdova, por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, en que se amarró y quemó vivos a dos adultos mayores.
Ha sido éste el gran problema del Gobierno de Gabriel Boric, que ha producido no pocas contradicciones internas. Por una parte, una coalición que tiende a hacer vista gorda de los delitos, que es comprensiva con el delincuente, que tiene a justificar la lucha armada indigenista; y por otra, una coalición que ya instalada en el poder, tiene que gobernar, lo que implica dejar la adolescencia parlamentaria y la indignación moral barata, para garantizar a los ciudadanos paz y orden.
