El Gobierno de Gabriel Boric se ha convertido en el far west. En las últimas semanas, la violencia rural y urbana han copado la agenda de La Moneda, encerrando al mandatario en el monotema de la seguridad del que intenta escapar tapando el sol con la mano e inventando todas clase de anuncios demagógicos como “la mayor subida del salario mínimo en 29 años”.
Se ha desatado una auténtica crisis de inseguridad pública. En los últimos meses, también ha aumentado la violencia escolar y la delincuencia, con episodios resonantes y constantes. Por ejemplo, hace semanas, en un mismo día, la ministra de Defensa sufrió en su casa un asalto a mano armada y su hijo y marido fueron brutalmente agredidos, al tiempo que un escolta del presidente fue atacado mientras conducía un auto oficial.
En su primera salida como presidente, Boric fue recibido a pedradas, mientras que su ministra de Interior, Izkia Siches, fue acogida a balazos cuando quiso visitar comunidades indígenas sin contar con el “permiso” de los usurpadores. Esto ocurría antes de que el flamante Gobierno cumpliera una semana. El clima de violencia ha superado a Boric y la popularidad del presidente se ha desplomado, a la vez que se ha disparado el temor de los ciudadanos a sufrir una agresión violenta. Una encuesta reciente indica que el 86 por ciento de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado en el último año y el 72 por ciento teme ser víctima de un delito.
En el mismo sentido, acaba de conmocionar al país la horrible muerte de Francisca Sandoval, 12 días después de recibir un disparo en la cabeza mientras cubría un enfrentamiento el Día del Trabajador en el barrio Meiggs, una zona de Santiago copada por mafias organizadas, armas y comercio informal, hecho que la convierte en la primera periodista en ejercicio asesinada desde el fin de la dictadura. La cuestión de los vendedores ambulantes estalló en los últimos tiempos, incrementado por la miseria provocada por las medidas tomadas por Piñera con la excusa de la pandemia. El Gobierno de Gabiel Boric le declaró la guerra al comercio ambulante con operativos centrados en la ciudad de Santiago en donde los casos del comercio ambulante se dispararon en un 129 por ciento. La estrategia del copamiento policial para erradicar a los vendedores informales ha terminado con múltiples heridos, detenidos y enfrentamientos.
Otro ataque con al menos 70 personas que derribaron y quemaron árboles y cortaron la Ruta P-40, se registró en estas horas. Un grupo armado atacó a balazos a carabineros que resguardaban faenas forestales en Arauco. Fuentes oficiales señalaron que desde el lunes había antecedentes de hechos de violencia en la zona, de los cuales uno corresponde al ataque a la facción policial en el fundo Quidico, el que se encuentra con resguardo policial desde el pasado 17 de mayo. Este ataque fue registrado en la mañana del martes.
Simultáneamente, durante la tarde del martes 24 de mayo murió uno de los trabajadores atacados a tiros en Lumaco, región de La Araucanía el jueves pasado, el hombre tenía un balazo en la cabeza. Otras cuatro personas resultaron heridas por este ataque al bus en el que viajaban hacia una faena forestal entre las localidades de Capitán Pastene y Tirúa, en la región de La Araucanía a 800 kilómetros al sur de Santiago donde existe una disputa territorial con los activistas indígenas. Estos ataques son continuos, cosa que ha provocado la protesta de camioneros ya que padecen a diario ataques incendiarios, cortes de ruta y tiroteos con víctimas mortales. Si bien Boric decretó el pasado 17 de mayo el estado de excepción por 15 días, la violencia no disminuyó y el conflicto no ha hecho más que recrudecerse.
Otro de los problemas es la conflictividad intra comunidades que amenaza con convertir la zona en un caos. Tras el asesinato de Manuel Huenupil Antileo, se intensificó la colisión interna ya que algunos activistas atribuyen la responsabilidad del homicidio a la Weichán Auka Mapu, uno de las tribus en conflicto. Estos enfrentamientos son similares a las disputas territoriales de los narcocárteles mexicanos o de las “disidencias” colombianas ex FARC. A los grupos enfrentados se los conoce como “orgánicas” y operan en la Macrozona Sur. Se supone que son más de siete y que son desprendimientos de la CAM que rechazan el liderazgo de Héctor Llaitul, quien esta semana hizo un llamado a organizar la resistencia armada contra el Gobierno de Boric, al que comparó con la dictadura. Las diferencias no son sólo ideológicas sino por los “negocios” relacionados con los territorios ocupados. Desde el 2014 a la fecha sólo la CAM ha realizado más de 180 ataques y crímenes violentos dejando una larga lista de incendios, robos, heridos y muertos.
El país tiene múltiples puntos calientes en este ámbito de la seguridad como la migración en el norte, el narcotráfico y el tráfico de armas, la presencia del crimen organizado y el aumento de la violencia después del caos desatado con estallido social de 2019 sumado a la crisis de legitimidad de los carabineros y el citado terrorismo indigenista.
Sobre este último punto, el presidente chileno ha optado por militarizar la zona caliente, aunque antes de llegar al Gobierno se mostró contrario a las Fuerzas Armadas, decisión que lo ha enfrentado con el Partido Comunista, socio de la coalición gubernamental, e incluso con el Frente Amplio, su propio espacio.
La violencia que acosa al país ha dado vuelta a la opinión pública respecto del proceso constitucional generando desconfianza hacia la Convención Constituyente. A la espera de contar con el texto definitivo que será sometido a referéndum, trascendió que el mismo apunta a una disminución de las competencias institucionales como la de la justicia, del presidente del país y del Senado, al tiempo que refuerza el poder de las minorías étnicas, y declara un Estado plurinacional.
Por tal motivo, varios sondeos indican que incluso quienes hace pocos meses apoyaron la reforma de la Carta Magna no volverían a hacerlo y se encuentran propensos a rechazar el texto constituyente en la próxima consulta. Justamente esta posibilidad de que los sectores del integrismo indigenista no logren su cometido es una promesa de aumento de las tensiones y conflictos que hunden a Chile en un laberinto creciente de violencia.
