El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los líderes de la Unión Europea que llamó a luchar contra la «discriminación» ante la ley aprobada en Hungría que impone penas más duras para pedófilos y prohíbe la propaganda LGTBI en las escuelas.
Aunque la ley húngara protege los derechos de los niños, garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y no se aplica a los derechos de orientación sexual de los mayores de 18 años, por lo que no contiene ningún elemento discriminatorio, según recordó el Ejecutivo de Viktor Orbán, el consenso socialdemócrata no tolera que Hungría no se someta al lobby LGTB. Y el Gobierno socialcomunista español… tampoco. Por ello, la embajada de España en Budapest ha incorporado a su perfil en la red social Twitter la bandera del lobby LGTBI.
El gesto no se ha repetido, por ejemplo, en el perfil de la embajada española en Irán, país que sí persigue a los homosexuales y que considera un crimen la homosexualidad. Así, el código penal -regido por la ley islámica- contempla la pena de muerte para homosexuales.
Además, las relaciones entre mujeres se castigan con 100 latigazos, independientemente de si son musulmanas o no. Si alguna de las mujeres ya ha sido castigada tres veces por el mismo acto, la legislación también establece pena de muerte.
