El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha cifrado en 713 las acciones represivas atribuidas a las fuerzas de seguridad del régimen castrista en el mes de junio. De ellas, 114 corresponden a detenciones arbitrarias y 599 a otros abusos tales como hostigamientos, viviendas sitiadas, multas, amenazas, etc.
La pasada semana, el organismo ya denunció a la dictadura castrista ante la ONU por las más de 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos cinco años contra opositores, periodistas y activistas independientes. «Se llevan a cabo de forma regular por agentes policiales (…), y como método de represión contra personas con un activismo político contrario a los intereses gubernamentales», señaló.
Así, recordó que estos actos pretenden desalentar manifestaciones críticas, y obstaculizar la libre expresión de opiniones e ideas, y los derechos de reunión, asociación… así como evitar la promoción y defensa de los derechos humanos, y denunció que en las detenciones se emplea el uso de fuerza desmedida, malos tratos o agresiones físicas.
También aseveró que las detenciones a mujeres disidentes son muy habituales y que uno de los grupos más perseguidos es el de las Damas de Blanco, «agrupación femenina que aboga por la liberación de todos los presos políticos, y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Cuba».
Mientras, el Gobierno de La Habana cuenta con la protección de la Unión Europea y del Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, cuya labor fue hace unas semanas criticada en una resolución en la que una mayoría de los eurodiputados censuraron su controvertida política de acercamiento a la isla.
