Al menos 127 periodistas permanecen entre rejas en China, 71 de ellos de etnia uigur, según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que pone cifras al alcance de la campaña de represión perpetrada por el régimen comunista chino contra el derecho a la información.
El informe, ‘El gran salto atrás del periodismo’, pone de manifiesto que los abusos de Pekín en materia de libertad de opinión y expresión se están acelerando, con una represión sin precedentes en el mundo en los últimos años que ha convertido a China en «la mayor cárcel» para los periodistas.
La ONG ha advertido de que investigar temas tabúes o publicar información censurada puede acarrear años de cárcel y la pandemia de covid-19 se ha convertido en un «pretexto ideal». Al menos diez personas fueron detenidas en 2020 por informar de la expansión del virus, entre ellos la periodista Zhang Zhan.
Los periodistas, que deben descargarse una aplicación espía, estarán obligados próximamente a someterse a un curso de 90 horas anual para obtener o renovar sus acreditaciones. Los corresponsales extranjeros, por su parte, son objeto de intimidación y 18 de ellos tuvieron que abandonar China en 2020.
Entre los temas objeto de censura, figuran cuestiones históricamente sensibles en China como Taiwán, el Tíbet o la corrupción, pero también otras como el movimiento ‘Me Too’ o el elogio a trabajadores sanitarios. En Hong Kong, la nueva Ley de Seguridad Nacional ha derivado en la represión de al menos doce periodistas y activistas de la libertad de prensa que se enfrentan ahora a cadena perpetua.
China ocupa el puesto 177 de un total de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora anualmente RSF.
El secretario general de RSF, Christophe Deloire, teme que si la tendencia persiste en China sus ciudadanos perderán la esperanza de que se restablezca algún día la libertad de prensa y las autoridades lograrán imponer su antimodelo, incluso en otros países.
Por este motivo, ha instado a la comunidad internacional a «identificar todas las estrategias apropiadas para disuadir al régimen comunista de Pekín de proseguir con sus políticas represivas y apoyar a todos los ciudadanos chinos que quieren defender su derecho a la información».
