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LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL EXPRESIDENTE SIGUEN INTACTOS

El Supremo de Brasil decide enviar los casos de corrupción contra Lula a la Justicia Federal

Foto: EuropaPress
El presidente de Brasil, Lula da Silva. Europa Press

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido este jueves enviar los casos de corrupción contra el expresidente izquierdista Inácio Lula da Silva (2003-2011) a la Justicia Federal de Brasilia, después de que uno de sus jueces, Edson Fachin, anulara el pasado 8 de marzo las condenas que pesaban contra él al considerar que el tribunal de Curitiba en el que fueron dictadas no era el órgano competente para hacerlo.

Seis de los once jueces, entre ellos Fachin han decidido que los procesos deben ser enjuiciados en Brasilia, puesto que los hechos que se le imputaban estaban relacionados con esa ciudad, mientras que otros dos magistrados, Alexandre de Moraes y Ricardo Lewandowski votaron para que fueran derivados a la Justicia de São Paulo.

No obstante, los derechos políticos del expresidente Lula continúan intactos y todavía podría presentar una hipotética candidatura a las presidenciales de 2022, ya que el Supremo rechazó un recurso de la Fiscalía para tumbar la anulación de las condenas.

El pasado mes de marzo, Fachin consideró que el Juzgado Federal de Curitiba, responsable de los casos ‘Lava Jato’ relacionados con Petrobras, no tenía autoridad legal para juzgar a Lula, puesto que las acusaciones contra él no estaban relacionadas directamente con la petrolera brasileña.

Posteriormente a esa votación, el Supremo también ha ratificó por amplía mayoría el argumento izquierdista de que que Sergio Moro habría actuado con parcialidad cuando ejerció como juez instructor del caso del apartamento de Guarujá en 2017, en el que el expresidente fue condenado por corrupción.

La votación se ha producido tras aprobar hace un mes una demanda de ‘habeas corpus’ presentada por Lula en 2018 en la que acusó a Moro de parcialidad e irregularidades durante el proceso.

Una parte de los jueces del Supremo ya avaló las tesis de que Moro, quien acabó siendo ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro, habría actuado con parcialidad, por lo que se anularon todas las condenas, obligando a los fiscales a empezar de nuevo con las investigaciones.

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