Luego de que durante más de un mes no se supiera cuáles serían al menos los lineamientos económicos generales del nuevo gobierno frente a la crisis económica –además de las medidas aisladas e improvisadas que lanzaron como el Impuesto a las Grandes Fortunas o la “eliminación” de la brecha salarial entre hombres y mujeres– finalmente se tuvo conocimiento al respecto la semana pasada: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia presentaron el Programa Monetario y Financiero 2020 – Segunda Revisión.
En la primera versión de dicho documento, elaborado por el gobierno de Jeanine Áñez semanas antes de los confinamientos, destacaba un tímido recorte del gasto público, al que se opuso la mayoría del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Más tarde, luego de iniciados los confinamientos, dicho plan tuvo que ser reformulado: previendo ya una recesión del -6,2% en 2020, se priorizó el gasto en el sector salud, que de acuerdo con Oxford Economics, era el más vulnerable del mundo frente a la pandemia. Sin embargo, también se concentró en incrementar la deuda pública y expandir la base monetaria para inyectar liquidez tanto al sector bancario y financiero, como al público en forma de transferencias de dinero en efectivo.
Para lograr esto último, el gobierno de Jeanine Áñez consiguió un “crédito puente” de liquidez de alrededor de $1.000 millones del Banco Central de Bolivia, hasta conseguir nuevos préstamos de distintos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Agence Française de Développement (AFD), lo cual haría que la cifra final ascendiera a $1.400 millones.
Esta medida fue duramente criticada por el MAS, partido de oposición de entonces.
Sin embargo, el giro en la política económica no fue otra cosa que revivir la fórmula utilizada por el MAS en 2014 ante la caída de los precios internacionales del petróleo: compensar la caída de ingresos con un incremento de la deuda pública y un abaratamiento artificial del crédito de manera simultánea. Paradójico, cuanto menos.
Luego, al cierre del tercer trimestre, y a consecuencia sobre todo de los confinamientos masivos y forzosos ante la pandemia del Covid-19, el gobierno de Jeanine Áñez proyectó una recesión del -11,1% del PIB en 2020.
Ahora, el nuevo gobierno de Arce Catacora reformula y presenta la tercera versión del documento en el mismo año. En dicho plan, primero se afirma que la caída de la actividad económica se debe a un recorte del gasto público de alrededor de $2.000 millones, luego se proyecta una recesión del 8,4% y un déficit fiscal del 12,3% del PIB para 2020, y finalmente plantea el objetivo de retomar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB).
Lo primero a destacar es una contradicción entre el diagnóstico, la prescripción y los objetivos del nuevo gobierno del MAS. Por un lado se afirma que la recesión tiene causa en los recortes o falta de gasto público, y al mismo tiempo afirma que el déficit fiscal heredado es más elevado que el de aproximadamente el 8% que dejó en noviembre de 2019.
El segundo elemento a observar es que no habrá modificación alguna al MESCPB, cuyo agotamiento tiene inicios incluso antes de la caída petrolera de 2014.
Y el tercer componente a destacar, el del financiamiento de los objetivos, es al mismo tiempo el más preocupante: se establece un incremento de la deuda pública del Tesoro General del Estado al Banco Central de Bolivia, para que se traduzca, al mismo tiempo, en un nuevo impulso monetario equivalente a $1.700 millones.
Si sumamos lo anterior al crédito del gobierno de Jeanine Áñez, en total serían $2.700 millones de inyección de liquidez solamente en 2020.
Peor aún, a diferencia del gobierno transitorio, que identifica claramente a los organismos multilaterales como fuente de financiamiento, en esta última reformulación no sólo es que no se identifica dicha fuente, sino que tampoco se define su destino.
Desde luego, todo esto genera muchas más dudas que certezas: nunca se abandonó el MESCPB realmente, no existe plan alguno, y muy probablemente se está improvisando sobre la marcha para solventar parte de los gastos de fin de año (sueldos públicos, aguinaldos, etc.).
Pero más importante todavía es que se están postergando las soluciones a los problemas más graves y de más corto plazo con una política económica dependiente del nuevo calendario electoral de marzo de 2021, a cambio de agravarlos significativamente: lo más probable es que no existan medidas necesarias como la eliminación de la subvención a los hidrocarburos o la liquidación de más de una de las empresas públicas deficitarias, por ejemplo, en tanto no se garantice el voto de las próximas elecciones.
Ahora bien, ¿por qué y cómo se agravan así los problemas?
Si se repasa la teoría económica básica, tenemos que el Producto Interno Bruto es el gasto público, más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Si se incrementa tanto el gasto público como la deuda, el PIB se sostiene, pero de manera artificial.
El problema de seguir con la misma política económica es que la liquidez no soluciona problema alguno de solvencia. Eventualmente el efecto de las inyecciones masivas de liquidez es el del estancamiento inflacionario: se perpetúan los problemas de sobrecapacidad, se solventa aquellos sectores improductivos y sobre endeudados, se penaliza a los ahorristas y sectores capitalizados reduciendo oportunidades de inversión, y se encarece los costos de inversión.
La única excepción se dio durante un período breve entre el inicio del gobierno de Jeanine Áñez y el inicio de los confinamientos, pero el gasto público en Bolivia no ha dejado de crecer conforme han pasado los años con el MAS en el gobierno desde 2006: la desaceleración del crecimiento económico comienza a mediados de 2013, varios meses antes de la caída de los commodities, pero el impulso de la demanda agregada interna no ha permitido que el rebote que se observó en 2018 se mantenga en 2019.
Esto quiere decir que el modelo de estímulo de la demanda agregada interna, siendo que es cerrado y está diseñado solamente para crecer a largo plazo, y no se lo abrirá para atraer inversiones y generar valor de mercado de largo plazo, no se salva ni con el precio del barril de petróleo nuevamente en $140, por tanto, está destinado a un fracaso todavía mayor al que se registra desde 2013.
