En toda la historia del parlamentarismo español, pocas veces se ha escuchado tantas veces las palabras autocracia y autócrata como en las últimas semanas. En algunas ocasiones, cuando lo usa la izquierda y los nacionalistas en dirección al rey marroquí Mohamed VI, parece apenas un eufemismo, un recurso técnico-dialéctico que no merece la pena ser retirado del Diario de Sesiones. Nadie, ni la presidente Batet siempre tan sensible, se ha planteado la posibilidad de que ese término pudiera resultar una ofensa hacia el jefe del Estado de un país ‘amigo, socio y aliado’ como Marruecos.
Sin embargo, si el término científico político de «autócrata» se usa para describir la acción de Gobierno del presidente Sánchez, como hizo Santiago Abascal en el pleno del pasado 30 de marzo, la Cámara se revuelve, inquieta, hay murmullos y jaleo, y el jefe del Ejecutivo y líder de una bancada que tira de insulto —Odón Elorza y José Zaragoza como paradigmas— a la menor oportunidad que tiene, exige la retirada de «ese término del acta del debate» porque «es de todo punto ofensivo».
Para que haya ofensa se requiere que la persona cuyo amor propio haya quedado, en apariencia, herido, no sea lo que se dice de él. Si alguien lo parece, y sobre todo si lo es de veras, con abundancia de pruebas que lo dejen en evidencia, podríamos aceptar que haya descortesía, pero no difamación y, por lo tanto, no cabe la ofensa.
Y es en este punto cuando nos preguntamos si Abascal tuvo razón al dejar en semejante posición desairada al presidente del Gobierno. Analicemos las características esenciales de un autócrata, es decir, de un dirigente que hace de su voluntad personal, la ley.
Las cinco características esenciales de cualquier régimen autocrático son, y por este orden:
- — La ausencia del Imperio de la Ley.
- — La erosión de la separación de poderes.
- — El debilitamiento de la sociedad civil.
- — La construcción de una sociedad a la medida del autócrata
- — El uso de las instituciones tanto para el mantenimiento del poder como para el hostigamiento a la oposición.
A vista de pájaro no hay duda de que todas esas condiciones del autócrata están presentes, en mayor o menor medida, en la acción de Gobierno personalista de Pedro Sánchez. Pero por si había alguna duda, observemos todos los ejemplos que, en sus últimos tres años de mandato, el presidente nos ha dejado.
Ausencia del Imperio de la Ley
En toda la historia de la ya madura democracia española, jamás nadie había usado tanto el derecho positivo (la mera voluntad del autócrata). Un Decreto Ley cada once días es el récord de todos los tiempos apenas a la altura de una satrapía oriental. Como saben todos los lectores, la Constitución autoriza el Decreto Ley sólo para casos de extraordinaria y urgente necesidad para evitar así que el Poder Ejecutivo sustituya al Poder Legislativo. Como también es conocido, un Decreto Ley sólo puede ser ratificado o rechazado por el Congreso en un plazo de 30 días sin que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.
Un demócrata habría cumplido el mandato constitucional y habría aprobados decretos sólo en casos de emergencia, por ejemplo, si hubiera habido una pandemia. Un autócrata habría aprovechado la oportunidad para acumular poderes excepcionales y colar en los decretos ley, por ejemplo, la entrada de Pablo Iglesias en el CNI.
El autócrata ordenó utilizar una ley pensada para hacer aflorar el mercado negro de trabajo para usarla como base para la regularización de miles de inmigrantes ilegales
La Constitución también confirma que la soberanía nacional reside en las Cortes. Cerrarlas, como hizo Sánchez por esa acumulación de poderes excepciones durante el primer —e inconstitucional— estado de alarma, es otra evidencia de un régimen autocrático, como lo fue el segundo estado de alarma, también ilegal, y el abuso que significó el decreto que lo prorrogó durante seis meses sin control parlamentario.
Las autocracias necesitan, y este es otro de los elementos indispensables para su sustento, un ejército de cargos colocados a dedo. Un autócrata jamás confiaría en los funcionarios de perfil técnico, sino que necesita adláteres políticos dependientes. A este respecto, sólo podemos informar de que tras la crisis de Gobierno que hubo en julio de 2020, el coste en asesores creció un 115 por ciento, disparando su coste mensual desde los poco más de 3,3 millones de euros hasta los 7,7 millones que salen de nuestros bolsillos. Un dinero, sin duda, que en el caso de tenerlo, podría servir para mejorar la protección de nuestras fronteras. Pero no. El autócrata ordenó utilizar una ley pensada para hacer aflorar el mercado negro de trabajo para usarla como base para la regularización de miles de inmigrantes ilegales a los que se les había denegado la petición de asilo. El uso torticero de leyes y reglamentos para que sirvan a fines políticos es otra de las características del autócrata. En este caso, además, provocando un efecto llamada en plena pandemia que aceleró, los datos están a la vista, la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Sólo un apunte para observar el efecto llamada que provocó el régimen autocrático: en 2020, en plena pandemia, aumento el 29 por ciento el número de inmigrantes que entraron en España de forma ilegal con respecto a 2019.
Y si hablamos de extranjeros ilegales, nada mejor que recordar las reuniones que un ministro de Sánchez, José Luis Ábalos, hoy caído en desgracia, mantuvo en Barajas con la vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, que tenia prohibido por resolución de la Unión Europea la entrada y el tránsito en cualquier país de la UE, incluido el tránsito por el espacio aéreo. Es decir, que el Gobierno de Sánchez incumplió una orden comunitaria y se negó a investigar —borrado de cintas de seguridad incluido— cómo fue posible que se permitiera entrar a la venezolana y a su cargamento de maletas.
Hasta ahora sólo hemos hablado de la primera característica del autócrata. Quedan cuatro más. Y no menores.
La erosión de la separación de poderes
Un autócrata siempre concentrará y centralizará el poder en su persona y perseguirá limitar el rol de los tribunales. Para ello, no sólo manejará a la Fiscalía haciéndola dependiente —pero no orgánica, sino políticamente como ha hecho con el nombramiento de la recusada Dolores Delgado, ex ministra de Justicia— e instalará en la Magistratura a jueces afines, como es el caso del Tribunal de Cuentas, asaltado por el PSOE con la asombrosa pasividad del PP en sus horas más bajas para contentar a sus socios nacionalistas y permitir que pudieran esquivar sus responsabilidades económicas derivadas de las sentencias sobre su actividad golpista en 2017. Este guion es, en concreto, el que sigue desde hace 30 años el Foro de Sao Paulo y le ha servido a la izquierda americana para retener el poder. Incluso cuando por algún milagro pierden una elección —recuérdese las legislativas ganadas por la oposición a Maduro y que el presidente de Venezuela, gracias a su control de los tribunales, anuló retirándole todos los poderes de la Asamblea Nacional venezolana y sustituyéndola por una Asamblea Constituyente—. Recuerden siempre que la ex presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, está en la cárcel porque el socialismo boliviano jamás perdió el control de los jueces.
En los años que lleva Sánchez en el poder, el presidente ha pretendido modificar la mayoría exigida de dos tercios en el Congreso y en el Senado para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y rebajarla a la mayoría simple. Que sea una pretensión a la que invitó ayer, de nuevo, a participar al Partido Popular (que apenas hace mohines de desagrado, pero que no se niega a negociar) no le ha impedido cacicadas autocráticas como indultar a los golpistas catalanes en contra del criterio del Supremo e incluso de los fiscales del alto tribunal. Por cierto, un puesto, el de fiscal de Sala, que en otra burda maniobra autócrata el presidente trata de colar en una modificación de la Ley Concursal para que le sea concedido de manera automática a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, pareja del exjuez prevaricador y conocido abogado de narcos iberoamericanos, Baltasar Garzón.
Podemos recordar cómo el Gobierno, usando a las Fuerzas del Orden, trabajó en plena pandemia «para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno»
Ese control autocrático de la Fiscalía, a la que considera un apéndice político de su voluntad, es el que le permite esquivar las responsabilidades evidentes en las que incurre con su negativa a obligar a la Generalitat catalana a que cumpla la sentencia (una más) que exige que el menos el 25 por ciento de las clases escolares se den en español; o también lo que permite a su partido negarse a investigar las responsabilidades del caso de las menores explotadas en Baleares.
Pero si hay un signo perfecto del control de la Justicia que pretende Sánchez, ese fue el de la prohibición de que el Rey inaugurara el año judicial en Barcelona en 2020. Unas formas autocráticas para cobrarse dos piezas en un solo acto despótico: el control de la jefatura del Estado y el castigo a los jueces mientras anunciaba la creación de una mesa de negociación ‘bilateral’ con los partidos golpistas catalanes burlando las cámaras. Todas las cámaras.
El debilitamiento de la sociedad civil
La tercera característica esencial del autócrata es su búsqueda constante del debilitamiento de la llamada sociedad civil, que es esencial para la participación política a través agrupaciones voluntarias que pretenden generar propuestas de política pública al tiempo que denuncian los abusos del poder político. La mejor forma que tiene un autócrata para anular a la sociedad civil, esa permanente molestia, es o bien subvencionándola. es decir, haciéndola dependiente, o bien estableciendo barreras de entrada para limitar la creación de organizaciones que rebatan y señalen cuanto de malo tenga la acción de un Gobierno arbitrario y con tendencia irrefrenable al totalitarismo.
En una relación no exhaustiva que confirma que la autocracia española utiliza las dos fórmulas de control, podemos recordar cómo el Gobierno, usando a las Fuerzas del Orden, trabajó en plena pandemia «para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». Clima contrario que aunque fuera una constante en redes, no lo fue en los medios de alcance nacional, a los que Sánchez regó de subvenciones en plena primera ola de la pandemia. Y a los que va a seguir regando con publicidad institucional, como se evidencia en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2022 aprobado, cómo no, en el Consejo de Ministros, y dotado con 158,34 millones de euros, lo que es un 28,4 por ciento más que el año pasado y más del doble que en 2020, cuando comenzó la pandemia.
Otras de las formas autocráticas de eliminación de la sociedad civil es el control con dinero público de las centrales sindicales para asegurarse la ‘paz social’ y evitar cualquier manifestación crítica. El método Sánchez para asegurar que la UGT, a la que está afiliado, y Comisiones Obreras, las dos centrales clásicas que viven bajo la evidencia permanente de métodos corruptos, no se revuelvan contra la catastrófica gestión de la crisis del Gobierno, ha sido aumentar las subvenciones a los sindicatos en más de un 91 por ciento con respecto al último ejercicio del anterior Gobierno que Sánchez dinamitó con la excusa de la corrupción que asolaba al Partido Popular.
Sánchez ha impusado en favor de la Agenda 2030, una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que despoja a España de los restos de soberanía energética
Pero si hay una forma autocrática de manual para anular a la sociedad civil, esta ha sido el anuncio de la previsión de 20.319 millones de euros, cerca de tres billones y medio de las antiguas pesetas, para políticas feministas transversales que afectan a todos los ministerios. La actividad de la sociedad civil queda limitada así, a los objetivos del Gobierno: feminismo, ecologismo radical y la inclusividad sostenible, que nadie sabe lo que es, pero que cualquiera que quiera recibir subvenciones para su actividad social debe exaltar si no quiere ser excluido del reparto de, insistimos, nuestro dinero.
Que el descabellado feminismo de tercera ola con el que apenas se alinea una parte muy menor de la sociedad es una de las imposiciones de la agenda autocrática tiene su ejemplo perfecto en la negación de la pandemia en marzo de 2020 para que pudiera celebrarse la manifestación del 8-M que la Fiscalía, hoy, se niega a investigar. Una Fiscalía que, hay que recordarlo cada día, ha rechazado todas y cada una de las denuncias presentadas contra el Gobierno por su más que evidente gestión política del covid-19. Somos, y esto también merece la pena ser recordado, el único Gobierno de Occidente al que los tribunales no han podido investigar sus negligencias y sus prevaricaciones. Por ponernos en contexto, esto no pasa ni en Argentina, que ya es decir.
La construcción de una sociedad a la medida del autócrata
Al mismo tiempo que se anula a la Sociedad Civil, un autócrata de manual, como es el caso de Sánchez, busca crear su propia sociedad ad hoc con decisiones arbitrarias que no dan respuesta a necesidad alguna, pero que moldean las costumbres, los usos y los límites morales de los españoles. E incluso atenazan a la población, como es el caso de la permanente e injustificable imposición de la mascarilla sin criterio científico durante mucho más tiempo que la inmensa mayoría de los países occidentales y con peores resultados que esa inmensa mayoría en cuanto a control de la pandemia.
Marlaska es el mejor adlátere de Sánchez en su ejercicio autocrático: desprecio de la ley, uso de las instituciones en beneficio propio y erosión de la separación de poderes
De la conformación de los nuevos límites morales de la sociedad, impuestos por decreto, sin consultas y sin acuerdo, muchas de ellas con convalidaciones parlamentarias sin enmiendas gracias a sus pactos con comunistas, proetarras y golpistas con los que el autócrata prometió en campaña que jamás pactaría, encontramos leyes como la de Eutanasia o suicidio asistido que rechaza la inmensa mayoría de la profesión médica; la enésima ley de educación sin audiencia a los centros escolares, a los profesores ni a los padres de alumnos; la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que despoja a España de los restos de soberanía energética que le pudiera quedar o la Ley de Bienestar Animal que busca terminar con actividades como la caza o la tauromaquia que son parte sustancial d la identidad española.
El uso de las instituciones tanto para el mantenimiento del poder como para el hostigamiento a la oposición
La última característica esencial del autócrata también es visible y evidente en la acción de Gobierno de Sánchez. Es conocido que se han falseado los datos oficiales sobre los estragos en forma de muertos que ha causado la pandemia. Como también Sánchez ha mentido sobre las previsiones de incremento de los precios que ciertos economistas —de verdad— alertaron meses antes. Igual que se crearon falsos comités de expertos científicos para impedir las críticas y, lo que es más importante, impedir que en las comunidades autónomas en las que no manda la izquierda se pudiera cambiar de fase tras el fin del primer, insistimos, ilegal, estado de alarma.
Pero si ha habido un adlátere que ha seguido al pie de la letra las reglas de la autocracia para la persecución de cualquier oposición, ese ha sido el ministro del Interior, en otros tiempos un hombre apegado al PP, el juez Fernando Grande-Marlaska (sic). La destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por negarse, como además estaba obligado por ley, a informar al Gobierno de la marcha de las investigaciones ordenadas por un juez sobre las presuntas responsabilidades de las autoridades en el infectódromo del 8-M, tiene los ingredientes necesarios de la autocracia: desprecio de la ley, uso de las instituciones en beneficio propio y erosión de la separación de poderes.
Sánchez, delante de otro autócrata, ratificó ayer, sin mandato y sin permiso, la renuncia de España a que el pueblo de una de nuestras antiguas provincias africanas elija su futuro
Casi los mismos ingredientes que la inacción de Marlaska (sic) en el hostigamiento violento a VOX en un acto político de precampaña en Vallecas en el que los cabecillas de la turba izquierdista eran miembros del servicio de seguridad del entonces vicepresidente comunista Pablo Iglesias. Casi los mismos ingredientes que el uso de diversos Ministerios y medios subvencionados para acusar a VOX de estar detrás del envío por correo de cartuchos de fusil y cartas amenazantes a ministros del Gobierno durante la campaña. Desde luego, la misma receta que se usó para que se difundiera el bulo del ataque homófobo de «la ultraderecha» en el barrio madrileño de Chueca a plena luz del día.
Hasta aquí, algunas de evidencias de que las características esenciales del autócrata están presentes en la inmensa mayoría de las acciones de Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no podemos olvidar la última cacicada. Ayer mismo, con el rechazo del Congreso, que es a quien la Constitución otorga la última palabra en cuestiones de política exterior por su importancia para la seguridad nacional, Pedro Sánchez, con la bandera boca abajo en señal de rendición, ratificó ante otro autócrata —entre ellos se entienden— como el rey de Marruecos, la renuncia de España a que el pueblo saharaui, o lo que queda de él después de casi medio siglo de colonización marroquí de nuestra antigua provincia, elija su futuro tal y como establecían todas las resoluciones de Naciones Unidas. Sánchez no tenía derecho alguno a ceder ante Marruecos sin mandato de la soberanía nacional, que no reside en él, sino en el Parlamento. Si lo ha hecho, ha sido por su voluntad. Que es, de manera exacta, lo que haría un autócrata.
