El régimen franquista era una dictadura, con un partido único y sin elecciones pluripartidistas. Jesús Palacios repasa los diferentes partidos y organizaciones que formaron parte de la oposición al régimen para mostrar que tampoco eran democráticos: el PCE obediente a Stalin y promotor de guerrillas, el PNV racista partidario de la expulsión de los “maketos” (españoles llegados de otras regiones españolas), el pretendiente Juan de Borbón, y luego las diferentes bandas terroristas de extrema izquierda fundadas en los años 60 y 70. La única oposición democrática, concluye, fue la que nació dentro del mismo régimen.
The Franco regime was a dictatorship, with a single party and no multi-party elections. Jesús Palacios reviews the different parties and organizations that were part of the opposition to the regime to expose that they were not democratic either: the PCE obedient to Stalin and promoter of guerrillas, the racist PNV in favor of the expulsion of the «maketos» (citizens arrived from other regions of Spain), the pretender Juan de Bourbon, who approached Hitler, and then the different far-left terrorist gangs of the 60’s and 70’s. The only democratic opposition, he concludes, was the one that was born within the same regime.
Hablar de la oposición democrática al franquismo es uno de los grandes mitos fabricados por la propaganda izquierdista a lo largo del tiempo. Ese mito ha tenido el respaldo de los medios de comunicación y grupos políticos del centro derecha, a fin de evitar ser tachados de “franquistas” o antidemócratas. A lo largo del tiempo se ha venido hablando de la “oposición democrática al franquismo” como si de un solo bloque se tratara; ya fuera el Partido Comunista de España (PCE), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los partidarios de la restauración monárquica en la figura de Juan de Borbón, grupúsculos extremistas y violentos de izquierda, nacionalistas-separatistas como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Convergencia i Unió (CiU) y los terroristas de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Pero, ¿hubo realmente algún partido político en el exilio o grupo en el interior de España que fuera demócrata durante el régimen de Franco? ¿Existieron, incluso, en los primeros instantes de la Transición?, ¿en sus primeros años? Veamos.
El PCE, de la violencia armada al eurocomunismo
Durante los casi cuarenta años de régimen de Franco (1939-1975), la única oposición real que tuvo el franquismo fue la del Partido Comunista, al haberse declarado ausente el Partido Socialista. El PCE uno de los grandes derrotados en la Guerra Civil (1936-1939), cuyos máximos líderes se exiliaron abrazando a Stalin como su líder supremo, defendía el totalitarismo de la URSS y la dictadura del proletariado, de lo que estaban muy orgullosos los comunistas. Santiago Carrillo, uno de sus dirigentes, acusaba de traidor a su propio padre y a la “camarilla”, según su lenguaje, de trotskistas y socialistas. Su estrategia de oposición fue armada y violenta hasta el inicio de los años cincuenta, y de penetración revolucionaria en las estructuras del régimen franquista en las dos décadas siguientes. Así, en octubre de 1944, con la práctica derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, Carrillo se puso al frente de varios miles de milicianos marxistas, perfectamente armados, penetrando por varios puntos de los Pirineos. Su propósito era provocar un “levantamiento popular en el interior”, al que nadie se sumó, siendo rechazada y puesta en fuga la invasión más importante que tuvo lugar por el Valle de Arán.
La estrategia de oposición del PCE fue armada hasta el inicio de los años cincuenta y luego de penetración en las estructuras del régimen franquista
La victoria absoluta de los Aliados en mayo de 1945 no logró la caída de Franco, principalmente por la cohesión interna de las diferentes familias políticas que respaldaban al franquismo (falangistas, tradicionalistas y democristianos) y la firme unidad de las Fuerzas Armadas, de un lado, y de otro, por la tajante oposición de Winston Churchill, durante la primera parte de la Conferencia de Potsdam, a las pretensiones de Stalin, ante las que inicialmente se mostró de acuerdo el presidente Harry Truman. La condena internacional del régimen y la salida de embajadores, un puro formalismo sin consecuencias reales, intensificó en el PCE las acciones de guerrilla armada con atentados y sabotajes. Entre 1943 y 1950 los llamados por el régimen “bandoleros” o “maquis”, llevaron a cabo más de 8.000 actos terroristas, sobre todo en el noroeste y centro de España, a los que la contrapartida ―principalmente de la Guardia Civil― causó más de 2.000 muertos y por encima de los 3.000 detenidos, mientras que en la Guardia Civil hubo casi 250 muertos y cerca de 350 heridos. Estos datos se mantuvieron siempre en secreto y fue un absoluto fracaso para los objetivos de los comunistas, pues el régimen mantuvo su firmeza sin causarle erosión alguna entre la sociedad.
Obediente siempre a los dictados del Kremlin, la táctica del PCE cambió en los años cincuenta para infiltrarse en las estructuras del régimen, en su organización sindical y del Movimiento Nacional, el partido único. Dolores Ibárruri, Pasionaria, responsable máxima del partido por entonces, daba consignas a los militantes en la clandestinidad para “atraer a los obreros al Frente de la Paz contra la guerra sin decir que somos del Partido Comunista…, a socialistas, a falangistas hablándoles de la revolución de José Antonio”. Esa táctica de penetración tendría cierto éxito durante la década de los cincuenta y sesenta en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), organizaciones católicas protegidas por la jerarquía eclesiástica, ante las que las autoridades del franquismo poco pudieron hacer por su compromiso de apoyo e inviolabilidad que había otorgado a la Iglesia católica tras la firma del Concordato en 1953, y que sirvieron de cauce a numerosas huelgas y conflictos laborales.
El príncipe Juan Carlos negoció con Carrillo la legalización del PCE a cambio de la aceptación por los comunistas de la bandera nacional y la monarquía
En los años sesenta, ya con Santiago Carrillo como secretario general, el Partido Comunista volvió a cambiar de táctica, siguiendo la metodología revolucionaria de Antonio Gramsci de implantación del comunismo en las sociedades occidentales capitalistas mediante el control del discurso cultural, y giró hacia el eurocomunismo, según lo modelos trazados por Enrico Berlinguer, en Italia, y Georges Marchais, en Francia, y en los momentos en los que los Estados Unidos potenciaban a la socialdemocracia en toda Europa occidental. Con el declive del franquismo y tras el magnicidio del presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973 (atentado perpetrado por ETA), el PCE se sumó a la Junta Democrática, creada en julio de 1974, en la que se integraron un colectivo de grupos y partidos políticos de diverso signo, caracterizados todos ellos por su antidemocratismo ideológico, aunque en el lenguaje político capcioso se presentaran todos ellos como demócratas. Su objetivo era conseguir un cambio de régimen tras la muerte del general Franco, basado en la ruptura, incluso violenta, y no en la reforma, para lo que incitaron a revueltas y huelgas generales, sin lograr su objetivo.
Al tiempo, el entonces Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, designado por Franco su sucesor a la Jefatura del Estado a título de rey en julio de 1969, establecía contacto con Carrillo, a través de intermediarios, en agosto de 1974 en París, tanteando las posibilidades para que los comunistas no fueran hostiles a la futura monarquía. Y pocas semanas después de ser proclamado rey (22-11-1975), Juan Carlos envió a su embajador volante personal y administrador de sus finanzas, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Rumanía a entrevistarse con el dictador comunista Nicolae Ceaucescu, para que transmitiera a Carrillo el mensaje verbal del monarca en el que le aseguraba que la nueva monarquía no sería la de los Principios Fundamentales del franquismo, sino una democracia liberal plena y que el Partido Comunista sería legalizado. Este hecho lo concretó el gobierno de Adolfo Suárez en la Semana Santa de abril de 1977, en el llamado “Sábado Santo Rojo”, por cuyo pacto el PCE aceptaba la monarquía borbónica y la bandera de España (entonces con el escudo del águila de San Juan), pero sin renunciar expresamente a su ideología totalitaria comunista, pues el tactismo del momento imponía a los comunistas el maquillaje “democrático” ―al no haber podido derribar el régimen por la fuerza―, careta que 2020 se han quitado en el gobierno de coalición con el PSOE de Pedro Sánchez. Previamente, en octubre de 1977, promovieron la Ley de Amnistía a fin de bloquear cualquier investigación sobre su pasado criminal.
El PSOE renace gracias al apoyo de EEUU y el régimen español
La oposición al franquismo del Partido Socialista fue inexistente, o, como acertadamente la definió el PCE, de “cuarenta años de vacaciones”. Su exilio fue dorado para algunos de sus dirigentes que se lucraron del saqueo y robo de bienes privados y públicos que fueron transportados en el yate El Vita a finales de febrero de 1939 hasta México, donde los líderes socialistas Indalecio Prieto y Juan Negrín, se enzarzaron para ver quien se adueñaba de aquel tesoro robado de joyas, metales preciosos y objetos de gran valor. La derrota del Frente Popular en la Guerra Civil motivó que su presidente, Manuel Azaña, presentara su renuncia al carecer la República de legitimidad alguna. Sin embargo, los responsables del Partido Socialista, que había sido sovietizado durante la República hasta el punto de declararse partidarios de la revolución violenta —siendo esto una de las causas que provocaron la Guerra Civil—, crearon un fantasmagórico gobierno de la república en el exilio que, pese a no tener cometido alguno, fue reconocido por algunas naciones, como México.
El PSOE, esperando el apoyo de las democracias occidentales, abandonó tácticamente su radicalización y la exaltación de la revolución violenta, alejándose del Partido Comunista sin dejar de declararse republicano y marxista. Con ese nuevo rostro se dedicó a actividades burocráticas, firmando en octubre de 1948 un pacto con el príncipe Juan de Borbón, pretendiente a la corona de España en una hipotética restauración de la monarquía. El acuerdo se llevó a cabo bajo el nombre de “Agrupación Nacional de Fuerzas Democráticas”, una entelequia vacía de contenido que, sin embargo, fue apoyada por Francia e Inglaterra. Aquel pacto nació muerto, al igual que el llamado por la propaganda del régimen franquista “Contubernio de Múnich” o “Contubernio de la traición”, que tuvo lugar en Múnich en junio de 1962, durante la reunión anual de la Asamblea del Movimiento Europeo, a la que asistieron representantes del exilio exterior y grupos del interior, acordando la instauración en España de instituciones democráticas y la no admisión en la Comunidad Económica Europea de países no calificados como democráticos. Curiosamente, ni el PSOE ni el PNV ―que también asistió― eran partidos democráticos.
Al inicio de la década de los setenta, el PSOE se benefició de la financiación que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía a los partidos socialdemócratas europeos, retirándosela a los cristianodemócratas, como medida eficaz para frenar el avance de los partidos comunistas. Al igual que de la socialdemocracia (SPD) de la República Federal de Alemania, a través de alguna de sus fundaciones. No obstante, la cúpula del partido, además de inoperante, seguía anclada ideológicamente en la república violenta de 1936 y de la Guerra Civil; por ello, en sendas operaciones de los servicios de inteligencia del régimen, se logró que en los congresos del Partido Socialista de 1972 y, muy especialmente, en el de 1974 de Suresnes, la secretaría general del partido y parte de sus federaciones recayeran en militantes del interior y se designara a Felipe González, un joven abogado sevillano, nuevo secretario general.
En paralelo a la Junta Democrática del PCE, el PSOE creó en junio de 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, a la que se sumaron pequeños grupos socialdemócratas y otros de extrema izquierda violenta de tendencia maoísta y trotskista, que después se integrarían en el PSOE. Aun sin estar legalizados, los socialistas actuaban ya a cara descubierta sin ser molestados por la policía y con el respaldo del servicio de inteligencia del régimen. Así, celebraron con toda publicidad en diciembre de 1976 un nuevo congreso en Madrid (el primero después de cuarenta años), al que asistieron figuras relevantes del socialismo europeo como el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt, en el que el PSOE se definió como marxista y democrático ―un oxímoron―, republicano y de clase. El blanqueamiento como partido democrático se llevó a cabo en un congreso extraordinario en septiembre de 1979, en el que el PSOE abandonó el marxismo como ideología oficial, pero siguió manteniendo las tesis marxistas como instrumento de acción política.
La oposición de Don Juan y de los pequeños grupos monárquicos que lo apoyaron en lo que a la postre sería la instauración, que no restauración, de la monarquía en España, se puede definir de salón y versallesca. Basada en la confusión, el príncipe Juan se movió inicialmente entre el pleno apoyo a Franco durante la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, la petición de respaldo al régimen nacionalsocialista entre 1941 y 1942, garantizando que con él como rey el III Reich tendría completamente a España de su lado en la guerra, y según fue inclinándose ésta del lado de los Aliados, hacia los británicos. Las Bases Institucionales de la Monarquía de 1946 se basaban en la implantación de un régimen corporativo, con el rey como poder legislativo. En su obsesión por verse coronado y denunciar públicamente que el poder de Franco era ilegítimo, le faltó claridad para entender que la monarquía en España o venía de la mano de Franco o no vendría nunca. El Caudillo fue hacedor de reyes, y Don Juan era su sucesor, pese a sus dos manifiestos y declaraciones públicas, hasta junio de cuando, donde Franco se decidió finalmente por el hijo de este, el príncipe Juan Carlos. La última tentación de Don Juan fue apoyar la Junta Democrática de Santiago Carrillo y tener preparado un tercer manifiesto en noviembre de 1975 contra su hijo, que finalmente no hizo público.
El nacimiento de grupos terroristas: ETA, FRAP y GRAPO
El exilio del Partido Nacionalista Vasco se caracterizó por el languidecimiento mortecino en el exterior y la inoperatividad y decadencia más absoluta en el interior. De hecho, la burguesía conservadora vasca estaba en plena integración y colaboración con el franquismo. Basado en las teorías racistas, antiliberales y excluyentes de su fundador, Sabino Arana (1865-1903), la suerte del PNV estuvo ligada desde mediados de los años cincuenta a la de la organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatuna-Patria Vasca y Libertad), surgida de una escisión de su rama juvenil. La ETA fundacional se definió como marxista y elitista, modificaba el racismo biológico de Arana de la pureza de raza del vasco a un concepto étnico-cultural, el nacionalismo y la lengua como pilares fundamentales, siendo partidarios de la limpieza étnica y se declaraban ultrarreligiosos. A mediados de los sesenta, y con sus fundadores fuera de la dirección, ETA pasó a definirse como marxista-leninista-maoísta, declarándose partidaria de las acciones terroristas.
Su primer atentado reconocido se cometió en junio de 1968, asesinando a un guardia civil de tráfico. Desde entonces, y hasta que anunció unilateralmente el fin de las acciones terroristas en 2011, ETA ha asesinado a cerca de mil españoles (aunque oficialmente las cifras que se dan no superan los 850), entre policías, guardias civiles, militares, políticos, empresarios, obreros, profesionales y hasta antiguos miembros de la banda terrorista. Durante el régimen de Franco asesinó a unas cuarenta personas, siendo el atentado de mayor repercusión el del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Por entonces, la oposición al franquismo aplaudía y celebraba el terrorismo de ETA bajo la conveniente creencia de que la organización terrorista luchaba contra la dictadura, cuando lo cierto es que lo hacía contra el sentido y el concepto de España como nación. Pero una vez en el poder, el Partido Socialista puso en marcha una “guerra sucia de Estado” paralela con la creación de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), financiados con fondos reservados secretos y que causaron veintisiete asesinatos, por lo que fueron juzgados y condenados varios responsables del Ministerio del Interior, pero no así el presidente Felipe González.
El PNV se benefició políticamente del terrorismo de ETA, razón por la cual nunca lo combatió
Durante algunos años, las actividades terroristas de ETA coincidieron con las de las Brigadas Rojas en Italia y la banda Baader-Meinhof en Alemania, dos guerrillas urbanas comunistas similares a las guerrillas revolucionarias marxistas que actuaban en varias naciones de la América española, y con el IRA en Irlanda que, con sus diferentes ramas, abogaba por la reunificación total de la República de Irlanda, dado su carácter nacionalista por encima de otro. Pero a diferencia de estos fenómenos guerrilleros, ETA mantuvo en el tiempo su actividad terrorista hasta que la organización consideró que parte de sus objetivos estaban logrados, dejando el terrorismo en fase durmiente para pasar a la acción política. Durante ese tiempo, la acción contemplativa del PNV, que veía hasta con complacencia el terrorismo, fue definido hipócritamente por uno de sus más característicos líderes quien vino a decir: “unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces”; esto es, que el PNV se beneficiaba políticamente de los muertos que causaba el terrorismo de ETA. De ahí, que siempre la haya protegido, jamás combatido. ETA en la actualidad sigue sin pedir perdón por las víctimas causadas ni haber realizado autocrítica alguna. Y su rama política EH-Bildu, forma parte en la actualidad de la alianza que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y aprobó sus Presupuestos Generales.
En 1973 surgió la organización terrorista FRAP, brazo del Partido Comunista Marxista-Leninista (PCE-ml), una escisión del Partido Comunista al que acusaban de traidor. De ideología marxista radical y revolucionaria, actuó bajo la creencia de que podrían ser cauce a una rebelión popular que acabase con el franquismo, atentando contra policías y guardias civiles, asesinando a varios de ellos. Tres de sus miembros fueron fusilados —junto a otros dos de ETA— a finales de septiembre de 1975 tras ser condenados a muerte por asesinato. Con la legalización del PCE (m-l) en 1981, el FRAP se disolvió en 1992.
La única oposición democrática a Franco surgió durante la etapa del desarrollismo económico en los años sesenta y setenta desde el interior del régimen
Los GRAPO se crearon en la ciudad gallega de Vigo en 1975, como el brazo armado del Partido Comunista de España-R (reconstituido). Su actividad terrorista comenzó en agosto de ese año con el atentado contra dos guardias civiles. Su nombre lo tomaron de los atentados cometidos el 1 de octubre de 1975, en los que asesinaron a cuatro policías. A lo largo de su actividad criminal y terrorista asesinaron a unas ochenta personas, secuestraron a relevantes personalidades y causaron importantes estragos. Su atentado más sangriento fue el perpetrado con un artefacto explosivo en mayo de 1979 en una céntrica cafetería madrileña, que causó la muerte a nueve personas y más de 60 heridos. A partir de los años ochenta su actividad terrorista fue más esporádica debido a la detención de muchos de sus militantes y dirigentes, y la progresiva pérdida de apoyo. En 2004, la Unión Europea declaró a los GRAPO organización terrorista.
El pueblo aprueba la reforma y la reconciliación
Si una dictadura no es una escuela para demócratas, sí que puede ser una enseñanza para la democracia. Por ello, y por irónico que resulte, la única oposición democrática a Franco surgió durante la etapa del desarrollismo en los años sesenta y setenta desde el interior del sistema, con el surgimiento de diversos grupos liberales, cristianodemócratas y de izquierda moderada, que alentaban la reforma del régimen autoritario hacia la democracia liberal. El intento fracasado de constitucionalizar el franquismo en la línea de Falange en 1956, abrió la opción a otras corrientes políticas y a la llegada de los tecnócratas (personalidades de tendencia conservadora y liberal, en su mayoría, sin adscripción política clara, vinculados mayoritariamente al Opus Dei). El régimen de Franco fue una dictadura personal caracterizada por su pragmatismo y evolución en el tiempo, de muy improbable continuidad tras su desaparición física. Sin embargo, el régimen pudo haber sobrevivido a su creador de haber mantenido la estructura constitucional de las Leyes Fundamentales bajo la monarquía juancarlista, pero la Ley para la Reforma Política, impulsada por un sector falangista y aprobada por las Cortes franquistas a finales de 1976 y sancionada posteriormente en referéndum por el pueblo español, optó por su abolición tras las elecciones generales de junio de 1977 y la creación de un nuevo sistema con la Constitución de 1978.
La Ley de “Memoria Histórica” del socialista Rodríguez Zapatero reabrió la confrontación dialéctica guerracivilista
El tránsito de la dictadura a la democracia en España fue un modelo único en el mundo, que sirvió de ejemplo para la llamada tercera ola democratizadora en muchas naciones. Ello fue posible porque la sociedad española había hecho la reconciliación durante los años sesenta y setenta, al sellar las heridas abiertas por la Guerra Civil y la posguerra. Los partidos políticos que vinieron del exilio fracasaron en su intento de ruptura, incluso violenta, optando por lo que se llamó el consenso y la concordia. Todos -derecha e izquierda- llegaron al acuerdo de ‘nunca jamás otra guerra civil’, y no reprocharse políticamente sus causas y sus secuelas, dejando esa cuestión para el estudio de investigadores, analistas e historiadores. No fue un pacto del olvido, sino un acuerdo por la convivencia. De ahí, que los más firmes defensores de las leyes de amnistía que se aprobaron en 1977 fuera la izquierda en su conjunto y, singularmente, el Partido Comunista.
Ese pacto se mantuvo mal que bien a lo largo de treinta años, hasta que una nueva generación espoleada en el resentimiento y el odio, y bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, decidiera romperlo para establecer su legitimidad política y nostálgica en la época más violenta y revolucionaria de la Segunda República (1936). Esto se concretó en la aprobación de la mal llamada Ley de “Memoria Histórica” de diciembre de 2007 que, camuflada bajo la careta de la reparación y búsqueda de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo —únicamente las del bando izquierdista―, reabrió la confrontación dialéctica guerracivilista. En septiembre de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez, una coalición de socialistas y comunistas, apoyado por partidos separatistas y la sección política de ETA, aprobó una nueva ley bajo el nombre de “Memoria Democrática”, que busca la implantación de un nuevo régimen de extrema izquierda, utilizando de forma espuria la historia como arma para la revolución política.
