'Ser es defenderse'
Ramiro de Maeztu
En las instrucciones del Ministerio del Interior
Guardias Civiles denuncian que el Gobierno trata de utilizarles para restringir los derechos de los transportistas
Guardias Civiles denuncian que el Gobierno trata de utilizarles para restringir los derechos de los transportistas
Huelga de transportistas. Europa Press
Por LGI
20 de marzo de 2022

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha emitido un comunicado donde expresa su preocupación por las instrucciones recibidas por parte del Ministerio del Interior sobre los términos y actuaciones ante los paros de los transportistas, que consideran una medida para actuar «con más contundencia».

En concreto, se refieren a las instrucciones para la elaboración de los informes relativos a esta huelga, donde se sugiere que se dejen de utilizar los términos «huelga» y «piquete» para utilizar en ellos los términos «paro» y «activistas», además de recordar que si se producen reuniones de más de 20 personas se debe informar de que se considera una «reunión ilegal».

Por ello, el secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, ha señalado que entienden esta medida como la manera «de que los guardias civiles actúen con mayor contundencia», utilizándoles para «restringir los derechos de los huelguistas» y enfrentándoles con un colectivo que «resultó vital en los momentos más duros de la pandemia».

La asociación destaca que las instrucciones recibidas eliminan los términos «huelga» y «piquete» y en ellas se señala que se ponga especial atención el próximo lunes para «informar de que los activistas van a Madrid a manifestarse». Además, se pide especial atención a las áreas de descanso donde pueda haber camiones «y posible presencia de activistas», reclamando que se remita una relación de matrículas sospechosas.

«Da la impresión de que lo que se busca, con el simple cambio de los términos en los informes, es hacer desaparecer la huelga y dejar de considerar a estas personas como piquetes», ha añadido Leal. Por tanto, Jucil «teme y expresa su preocupación por que las instrucciones recibidas «provoquen el enfrentamiento entre colectivos de vital importancia» para el mantenimiento de las condiciones sociales y económicas en España.

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