“A río revuelto, ganancias de pescadores”, dice un viejo refrán popular que se refiere a aquellos que suelen sacar provecho de situaciones confusas o caóticas. Sin embargo, una cosa muy distinta es que alguien tenga la capacidad de encontrar oportunidades en escenarios adversos, y otra muy distinta es que todo un régimen pretenda generar varios escenarios de conflicto simultáneo para distraer la atención del público sobre temas que ya son urgentes.
No es novedad que Bolivia atraviesa por una severa crisis en el ámbito económico, social y político, pero que, a diferencia de la gran mayoría de países alrededor del globo, no fue causada, sino más bien precipitada por la pandemia del Covid-19.
Peor aún, parece ser que el objetivo es profundizar e intensificar la crisis porque se traduce en el mejor método de acumulación de poder.
Por ejemplo, ahora mismo en el país se pueden identificar varios conflictos que no son necesariamente nuevos, pero que se han reactivado, como la persecución política del régimen de Arce contra políticos, líderes de oposición, y defensores de Derechos Humanos; una marcha de indígenas -en su mayoría del oriente- que ya lleva casi un mes de avance exigiendo el respeto a la propiedad de su territorio y sus recursos, además de su cultura; decenas de incendios forestales en al menos cinco municipios de la chiquitania y amazonia del oriente boliviano, que han arrasado ya con alrededor de 1.3 millones de hectáreas de bosque; el enfrentamiento entre cocaleros de los Yungas y el Chapare; o los distintos proyectos de ley para la persecución política como el de Ganancias Ilícitas, a ser aprobados por simple mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De esta manera, el régimen de Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) están logrando que se evite hablar -o que el público ponga su atención- sobre aspectos verdaderamente delicados para la economía del país, y que podrían agravar las condiciones para la recuperación de la crisis de la pandemia de manera considerable, como el hecho de que el país se esté quedando sin gas, principal fuente de financiamiento.
Esta semana se publicó un acta de reunión de agosto entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), distintas empresas del sector eléctrico y representantes del Ejecutivo. En dicha acta, la estatal petrolera pidió a las eléctricas reducir su consumo de gas natural ante el posible incumplimiento de las obligaciones de Bolivia con sus clientes internacionales (Argentina y Brasil), lo cual se traduce en sanciones y multas para Bolivia.
Si bien Armin Dorgathen, vicepresidente de Fiscalización de Contratos de YPFB, afirmó que el pedido se trata de una estrategia de optimización en busca de nuevos mercados, expertos independientes alertan que se avecina un serio problema en el sector y, por tanto, en las finanzas públicas.
Carlos Miranda Pacheco, quien, entre otros aspectos, fue un actor clave en el desarrollo del gasoducto Bolivia-Brasil, es uno de los expertos que vienen advirtiendo la gestación de una crisis en el sector gasífero boliviano, y que finalmente se está haciendo realidad.
Miranda ha afirmado recientemente que, debido a “cómo está la situación ahora (las reservas de gas natural y la capacidad de producción son cada vez menores), deberíamos dejar de exportar gas. El poco gas que nos queda lo vamos a necesitar para nosotros mismos”.
Además precisó: “sólo podríamos exportar máximo 15 millones de metros cúbicos diarios por los próximos 10 años. No tenemos más. Un tercio de lo que se exportó en la anterior década y la mitad de lo que exportamos actualmente. El resto es gas que necesitamos para nosotros”.
Álvaro Ríos Roca, también experto en energía, sostiene que evitar este problema no es tarea fácil: “La solución es un nuevo marco jurídico para traer decenas de millones de dólares para la exploración. El resto es parte de una solución coyuntural para evitar multas”.
Peor aún, en una entrevista con Radar Energético en el mes de junio pasado, Ríos afirmó que existe la posibilidad de que, si no se realiza una masiva exploración, Bolivia se vea obligada a importar gas natural tan pronto como en 2031.
En este sentido, esta crisis energética tiene un potencial de conflicto para el régimen de Arce Catacora significativo, dado que el relato de la dignidad y soberanía de los pueblos, de la nacionalización y la autosuficiencia energética, la industrialización, la explotación de las transnacionales, etc., construído desde finales de la década de los 90 por la extrema izquierda, sería inevitablemente expuesto como una de las mayores estafas intelectuales y políticas de las que se tenga memoria en el país e incluso la región.
Así, cabe recordar, pues, que una de las formas que el MAS encontró para alcanzar el poder fue mediante el derrocamiento del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, en la llamada Guerra del Gas, cuya principal consigna fue “ni una molécula de gas por Chile”. Entonces, de seguir este ritmo luego de la estatización del gas en 2006, en unos años tampoco habrá una sola molécula de gas ni siquiera para Bolivia. En el entretanto, y como ya se ha visto, el desafío inmediato para el régimen de Arce es conseguir financiamiento, incluso si eso implica perder toda soberanía y dignidad pidiendo el aplazo o la condonación de la deuda pública externa del país, para seguir parchando el modelo económico del MAS implementado el primer día de mayo de 2006, que hace aguas por donde se lo mire.
