Siendo Senador de la República, el hoy presidente, Iván Duque, se opuso con certeros argumentos a los intentos por modificar aspectos clave de la ley de garantías electorales, que, entre otras cosas, limita la publicidad estatal, las vinculaciones a la nómina gubernamental y la contratación pública. De hecho, hizo en su momento la comparación con lo que ocurría en México cuando ese país vivía lo que Vargas Llosa y otros llamaron “La dictadura perfecta”, alegando que sin las limitaciones que la ley impone, el partido de gobierno tendría amplia ventaja frente a quienes busquen competir con este.
Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto general de la nación para 2022 que ha presentado el gobierno nacional incluye la modificación de la ley de garantías, para permitir que alcaldías, gobernaciones y demás entidades del orden nacional y local puedan contratar sin las restricciones que hoy se establecen cuatro meses antes de la elección presidencial. El jefe del Estado ha salido en defensa de dicha intención alegando que cuando se oponía a cualquier cambio en la ley de garantías electorales lo hacía porque existía la reelección y ahora no. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha salido al paso a todas las críticas alegando que el gobierno ha dado la cara y ha pedido la supresión de las restricciones de frente y sin ningún tipo de ocultamiento. Alega la cabeza de Hacienda que “el propósito es crear empleo, empleo y más empleo”, que es justo lo que muchos critican, pues para nadie es un secreto que el sistema político en Colombia es un sistema clientelista, donde los puestos y los contratos con el estado suelen mover al electorado.
El asunto se agravó el pasado lunes cuando el expresidente y máximo jefe del Centro Democrático, partido en el que milita Duque, expresó en su cuenta de twitter su rechazo a la derogación de la ley de garantías, pidiendo que se proteja la honra del gobierno y sugirió que la modificación a la ley se debió hacer al inicio del mismo y “no en vísperas electorales”. El mismo día, el exministro Juan Lozano fue más allá y en su columna semanal en el diario El Tiempo escribió: “Están a punto de consolidar la trampa mediante una tramitación tramposa de una modificación tramposa de una ley estatutaria, mediante un artículo tramposo en una ley de presupuesto tramposa”. Incluso fue más allá y refutó la tesis de la reactivación económica, alegando que “La reactivación económica no depende de esta ley. La ley de garantías es una de las pocas herramientas para proteger las elecciones de todas las trampas que las amenazan”.
La división en el Centro Democrático es evidente y el debate sobre la ley de garantías es uno más en la cadena que ha llevado al distanciamiento entre Uribe y Duque. Hay quienes sugieren que la casa de Nariño está buscando incidir en la consulta interpartidista que se llevará a cabo en el mes de marzo, con el fin de frenar la avanzada de sectores de derecha que han ejercido oposición al gobierno al interior de su propio partido. Tal es el caso de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien no ahorra críticas a la gestión del Ejecutivo e insiste en que no cumplió sus promesas y mantuvo el camino trazado por Juan Manuel Santos. 33 congresistas del Centro Democrático han pedido que se proclame a Oscar Iván Zuluaga candidato cuanto antes, a pesar de que quien lidera todas las encuestas de intención de voto en los sectores más conservadores y libertarios es, sin duda, la senadora Cabal.
Lo cierto es que la propuesta del gobierno, que busca liberar recursos en un momento crucial de la reactivación económica, ha caído mal en la opinión, en la oposición, y en el uribismo, a decir por las expresiones del mismo Álvaro Uribe. Alienta, además, a quienes hoy se acercan a Gustavo Petro, candidato de izquierda y hoy primero en intención de voto, pues este ha insistido en que el gobierno Duque aprobó la ley de inversión social y quiere suprimir las garantías electorales para evitar que gane las elecciones.
En Colombia se dice coloquialmente que el gobierno “da papaya”, es decir, da suficientes motivos para que sus opositores le hagan ver ante la opinión como aquel que mantiene y promueve las peores prácticas de la política colombiana. Se dice que el undécimo mandamiento es “no dar papaya” y el duodécimo “aprovecha toda papaya que te den”. La izquierda celebra el desacierto y la división, mientras el gobierno carga el peso de la peor imagen y la menor aprobación en la historia política de Colombia.
