La política del consenso progre consiste en la promoción obligatoria del falso vulnerable frente a quien trabaja y se esfuerza. El vulneracionismo; que consiste en crear un “colectivo” que voluntaria y conscientemente se coloca en situación de incumplimiento de la ley o del orden social y luego reivindicar esa situación de “vulnerabilidad” buscada y consentida como fundamento del reconocimiento de un derecho que, además, se impone sobre otros miembros de la comunidad, que son aquellos que cumplen la ley y ajustan sus comportamientos individuales, familiares y sociales a la ley y al orden moral. La izquierda política lleva la iniciativa y los grupos y partidos “liberales”, demócrata cristianos o reformistas de derechas acaban, siempre, cediendo, tarde o temprano.
Un ejemplo paradigmático ha sido la aprobación, con fecha de 20 de enero de 2021, del Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero, que ha modificado la denominada “Ley Antidesahucios” que preveía seguir adelante con los lanzamientos judiciales en el supuesto de que la permanencia del “okupante” fuere como consecuencia de delito; es decir, penalizaba con el lanzamiento “el allanamiento de morada” cuando se rompía la cerradura y se entraba en una vivienda que era primera residencia de la víctima (fuerza en las cosas). El gobierno socialcomunista que impera en España, al aprobar esta modificación blinda a los “okupas” en la Disposición Final Primera; poniendo por encima el falso derecho del que comete un delito frente al titular del derecho de propiedad.
De esta forma se ha establecido que cuando la entrada o permanencia del intruso okupa se haya producido mediando intimidación o violencia el lanzamiento del okupa se mantendrá, de lo que se desprende que cuando el delincuente usurpador de la vivienda de cualquier persona lo haga sin intimidación o violencia sobre la persona, su situación se consolida, de forma que convierte en “sin techo” o sin vivienda a su auténtico, legítimo y único propietarios. Es la consolidación del delito. Convertir en un falso derecho un delito es lo que lleva haciéndose en el ordenamiento europeo desde hace años. Léase la llamada legalización del aborto, como caso paradigmático y casi universal pues de la despenalización al aborto como derecho ilimitado va un golpe de boletín oficial.
La decisión del gobierno es, abiertamente, la derogación del derecho de propiedad en España. Constituye un atentado directo a la justicia social invocando falsas razones sociales. Es la inversión de los valores. Convertir lo justo en injusto. Dar a cada uno exactamente lo contrario de lo que le corresponde. Es cargarse, de un plumazo, 2.500 años de historia jurídica y con ello todo fundamento de derecho natural del derecho de propiedad que queda ya como un derecho de limitado reconocimiento positivo en las leyes. Es una expresa manifestación de cómo opera el capitalismo de parte interesada al servicio de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Si el comunismo o capitalismo de estado determinaba la general transferencia coactiva del derecho de propiedad particular al Estado comunista, vía ocupación, requisa, o cualquier otra figura por decisión gubernamental, sin justa causa y sin mediar pago de justiprecio o sin mecanismo legal para impugnar judicialmente el injusto precio atribuido, el capitalismo de parte interesada es aún más cruel, más injusto y más inmoral, aunque se esconda bajo ropajes de buenismo y vulneracionismo. Las élites, por supuesto, no se van a ver afectadas por esta Ley. Solo el español de a pie que con su esfuerzo ha adquirido una vivienda, o quizás más de una, fruto de su ahorro, su tenacidad, la herencia familiar.
Todo enmascarado en afirmaciones aparentemente buenas pero vacías de contenido: la lucha contra la pobreza, contra la vulnerabilidad, o el derecho a una vivienda digna. Si, vivienda digna, pero la del vecino. Son unos miserables.
En este caso, la transferencia coactiva la hace, directamente, la parte interesada, por sus propios medios, ocupando ilegalmente la propiedad ajena, ni siquiera el Estado (produciendo un enfrentamiento directo entre los miembros de la comunidad); el Estado se limita a dictar una norma que habilita la injusticia; sin pago alguno de justoprecio, y sin derecho a impugnar ningún acto administrativo susceptible de recurso judicial impetrando la tutela judicial efectiva.
Por lo tanto, si el propietario legítimo convertido en víctima se va a la compra y cuando vuelve hay un okupa dentro de su morada, aunque haya forzado la cerradura de la vivienda, como no ha intimidado ni ejercido violencia directa sobre la persona, no se le desahucia. Se consagra así la milicia urbana y el terror en los barrios de España. Todo el consenso progre está en el ajo, pues la norma –sibilinamente– se aprueba como norma temporal y transitoria, hasta el mes de mayo que es cuando termina el nuevo estado de alarma decretado ilegalmente también mediante Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y refrendado cobardemente por la oposición, salvo VOX, con su abstención.
De este modo, se contribuye a esa salvaje y coactiva transferencia de bienes, derechos y servicios de las clases medias occidentales – en este caso españolas – a grupos sociales determinados sólo por una conformación ideológica e identitaria (okupa, inmigrante ilegal, colectivos LGTBIQ+, y otros), sin fundamento en la justicia, para desarbolar la fuerza de la Nación frente a quienes desean desintegrarla, por diversos motivos. Porque todos ellos son “colectivos” que, por motivos ideológicos y con plena consciencia, se colocan voluntariamente en una situación de “vulnerabilidad” con la exclusiva finalidad de hacer suyo lo que no les pertenece, por derecho natural, o por justicia. Es la Agenda 2030. Es el consenso progre. Es la barbarie frente al orden social justo.
Quieren destruir las clases medias occidentales. Por ello es imperativa la respuesta en todos los órdenes. Judicial, institucional y social. VOX lidera y va a seguir liderando una Gran Coalición de las clases medias y trabajadoras despojadas de aquello que en justicia les pertenece: su libertad, su trabajo, su familia, su propiedad. La Gran Coalición de la España que madruga, de la España que trabaja, de la que cotiza y contribuye, la Gran Coalición de las clases medias y trabajadoras frente a esa Coalición Global del vago, el paniaguado, el enchufado, el subvencionado, el falso vulnerable.
