Miguel Ángel Martín Tortabu, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo de Venezuela, fue uno de los presentes en la reunión privada que se celebró en el despacho del Secretario General de la OEA en diciembre de 2018, cuando se activó la figura constitucional de un presidente interino, ante el vacío de poder por la fraudulenta elección de Nicolás Maduro en mayo de 2018, (Venezuela en su Laberinto; ed. Intermedio, 2019).
A continuación, la entrevista que la periodista venezolana María Angélica Correa le realiza a Martín Tortabu y en la que el expresidente del Supremo da todas las claves de la compleja situación jurídica en la que se encuentra no sólo el régimen, sino también la oposición de Guaidó y la imposibilidad de una salida negociada de la dictadura chavista:
—En la entrevista que le realicé a mediados de 2020, usted advirtió: “Estamos en un momento muy grave porque el régimen está a punto de lograr desmontar lo que queda de institucionalidad; busca destruir la Asamblea Nacional (AN) y el TSJ legítimo (…)”. Y así fue. El 6 de diciembre de 2020 el régimen de Maduro celebró una farsa electoral, al estilo del régimen cubano. Y el 25 de diciembre el Parlamento legítimo, visto que se vencía el plazo constitucional de los diputados electos en 2015, puso en marcha un excepcional período por un año hasta que se puedan celebrar en Venezuela elecciones válidas.
—El 6 de diciembre el régimen promovió y celebró una elección parlamentaria donde resultaron favorecidos varias personas proclamadas por el Consejo Nacional Electoral como diputados y a partir del 5 de enero estas personas están reconocidas por los países que reconocen a Maduro que, son 139 países de la comunidad internacional; mientras, un grupo de diputados que fueron designados legítimamente en 2015 pero, que se les vencía el período en 2021, se han visto obligados a declarar la continuidad de las competencias constitucionales en virtud de esta ilegitimidad y porque no puede haber un vacío de poder. Lógicamente todo esto afecta la institucionalidad del país y la Asamblea Nacional entra en un proceso que va a ser muy difícil y más aún cuando van a funcionar en Comisión Delegada por un año. Esto genera una debilidad desde el punto de vista jurídico y en su accionar diario.
En el caso del Tribunal Supremo es peor porque en la reforma del Estatuto para la Transición no reconoce formalmente al Tribunal como órgano, reconocen a los Magistrados, pero no reconocen al Tribunal Supremo de Justicia. Eso trae una debilidad en la institucionalidad. Lamentablemente viene de la misma Asamblea Nacional que designó al Tribunal Supremo”.
—Pero expresamente en la reforma no aparece que se desconozca al TSJ.
—Precisamente no aparece el reconocimiento al TSJ legítimo. Refieren que harán nuevos nombramientos para completar el número de Magistrados y que solo respetarían las designaciones realizadas a nuestras personas.
—¿Pero al reconocer a los Magistrados se podría inferir que se reconoce al TSJ legítimo? ¿Y las sentencias del Tribunal fueron reconocidas por la Asamblea Nacional
—Tampoco sus sentencias.
—El TSJ emitió un fallo en el que se decretaba la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional.
—Primero se emitió una Resolución en Junta Directiva en la cual se declaró la falta de legalidad del proceso electoral que estaba adelantando el régimen en Venezuela y como consecuencia, hasta tanto no haya un proceso de elecciones deben continuar los diputados manteniendo las competencias constitucionales.
—¿Esa Resolución fue en agosto 2020?
—Correcto. Posteriormente, la Sala Electoral del Tribunal legítimo con motivo de una solicitud presentada por el diputado Ismael León, tomó una decisión, asumió la competencia y declaró la continuidad de la Asamblea, de los diputados y de la Junta Directiva.
—¿Y además hay una decisión del Tribunal que declara la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente?
—Sí.
—¿Cuál ha sido la reacción de la Asamblea Nacional a estos fallos?
—Lamentablemente, tengo que decir que el tiempo en el cual presidí el Tribunal, yo notificaba los fallos a la Asamblea Nacional, pero, no tuvimos respuesta a los fallos que dictamos que en la mayoría tenían que ver con el respeto a la institucionalidad.
—¿La Asamblea Nacional hizo mutis de las sentencias?
—De todas las sentencias.
—¿Ya con la sentencia de agosto era suficiente para respaldar jurídicamente la continuidad de la AN? ¿Se necesitaba una consulta popular como la realizada el pasado diciembre?
—Sí, sobre todo la Resolución que se emitió en Junta Directiva claramente se establece la base legal para la continuidad de la competencia constitucional de los diputados en el margen que está previsto en la Constitución y en el Reglamento Interno de Debate. El hecho de que haya promovido una consulta, eso es una actividad política, se hizo una consulta a los ciudadanos, la Asamblea Nacional tiene la facultad para hacer consultas y los ciudadanos forman de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución tienen un mecanismo a través de las consultas para emitir sus opiniones, tal como ocurrió. Pero no era necesario, pero, entiendo que era una actividad política para respaldar a la Asamblea Nacional en la lucha.
—¿De acuerdo con esa Resolución cuánto era el tiempo de la continuidad constitucional de la AN?
—Hasta que se realizaran elecciones válidas. Porque lógicamente hasta que no se realicen elecciones de acuerdo con la Ley no puede haber sustitución de los cargos. La continuidad de las competencias constitucionales está supeditada a que se celebre las elecciones válidas en Venezuela.
—¿Cómo se llega a la celebración de unas elecciones presidenciales válidas?
—Para que se puedan producir pareciera que hay que salir primero del régimen para que se pueda llegar a ese escenario.
—En la reforma del Estatuto de Transición se podría inferir que se podría celebrar elecciones estando el régimen en el poder.
—Lógicamente estamos entrando en una etapa que escapa de lo jurídico porque la Constitución y todas las normas plantean esta situación desde el punto de vista positivo y al no existir el escenario de la culminación de un mandato la norma constitucional se vuelve difícil de ejecutar. Estamos en una situación verdaderamente compleja.
—La presidencia de Juan Guaidó se ha sustentado en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
—Sí.
—¿Se tomó alguna previsión jurídica que permitiera blindar la Presidencia Interina?
—Sí. Cuando iban a designar a la Junta Directiva nosotros en la presidencia del TSJ legítimo emitimos una opinión en la cual exhortábamos a los diputados de la Asamblea Nacional para que se conformara un Gobierno Provisional, es decir, se designara al presidente de la Asamblea Nacional que, en este caso fue ratificado el diputado Juan Guaidó, pero que conformaran un Gobierno separado de la Asamblea Nacional para que hubiese una separación de poderes y fuese más fuerte la lucha en contra del régimen. Porque la intención, desde el punto de vista político, de lo que es la creación del Gobierno interino era restarle las competencias que tenía atribuidas Nicolás Maduro Moros. De tal manera de tener la potestad, como establece la Constitución y la Ley, es decir, nombrar ministros…
—Designar un Gabinete…
—Un Gabinete, aunque hubiese sido mínimo para concentrarse específicamente en el cese de la usurpación. Porque además de un Poder Legislativo, en mi opinión, hubiese sido más contundente para los objetivos que se han perseguido, porque además esa dualidad de presidente de la Asamblea y presidente de la República por tanto tiempo prende siempre las alarmas.
—Es decir, actualmente no se tiene un Gobierno provisional.
—No. Hay una representación de la Asamblea Nacional que ha designado representantes dándoles condición de Embajadores, pero no han sido designados en una Gabinete y aprobados por una Asamblea Nacional como lo establece la Ley, si no que, la Asamblea designó representantes en cada uno de los países y entiendo que solo se le ha dado el plácet a pocos Embajadores, el resto de los designados no se les ha dado el plácet, tampoco tenemos servicios consulares. Es una situación muy grave para todos los venezolanos porque vivimos en una anomia completa sin representatividad.
—¿Podría explicar lo que es la Responsabilidad de Proteger (R2P)?
—Es una doctrina internacional asumida por las Naciones Unidas según la cual cuando existe una necesidad humanitaria en algún país, todos los demás países tienen el deber de proteger esa Nación por cualquier calamidad, catástrofe bien sea natural o de la mano del hombre. En el caso venezolano ya se ha determinado y calificado la existencia de una emergencia humanitaria por razones de alimentos y de salud en donde la población cada vez está más expuesta y cada día aumenta más. El R2P ha sido instado por varias personalidades y organismos, entre ellos, el Tribunal Supremo. Cuando yo era presidente del TSJ se emitió una decisión que yo realicé en juicio, en donde se había declarado la emergencia humanitaria en fase de ejecución, yo declaré la ejecución la Responsabilidad de Proteger (R2P) y a partir de allí empezó una campaña que se ha promovido en la comunidad internacional para denunciar la necesidad de una intervención por parte de los países para lograr resolver el problema humanitario.
—¿Esto fue luego del evento de Cúcuta cuando las fuerzas del régimen evitaron que ingresara ayuda humanitaria a Venezuela?
—Sí, en febrero de 2019. A partir de allí el Tribunal y otras personalidades empezaron a promover el R2P. Recientemente el diputado Juan Guaidó encargado de la Presidencia, manifestó asumir la Responsabilidad de Proteger (R2P) y pedírsela a los demás países, pero la realidad ha sido muy débil el comportamiento de los venezolanos en ese sentido, quizá por la confusión, la gente piensa que la R2P significa que va a ser invadida Venezuela militantemente y no necesariamente se trata de una invasión militar, aunque no podemos descartar nunca dentro de la R2P la posibilidad de que en una Fase pueda realizarse alguna acción de naturaleza militar pero no bélica con el propósito de que entre la ayuda humanitaria.
—¿Cuál fue el resultado luego de la ejecución del R2P por parte del TSJ?
—Esta doctrina ha sido trabajada con el secretario general de la OEA Luis Almagro quien procedió a designar un asesor especial. Se trata de Jared Genser. En mi opinión falta que las autoridades legítimas venezolanas asuman esta doctrina con más fuerza.
—¿El paso previo sería que el Parlamento venezolano active el artículo 187.11?
—No necesariamente. Ese artículo es una competencia que tiene la Asamblea Nacional para permitir el ingreso de Misiones Extranjeras. En este caso hubiese sido un mensaje contundente para la comunidad internacional si el Parlamento venezolano pidiese ayuda a la comunidad internacional. Ayuda de todo tipo.
—¿Para concretar esa ayuda se necesita apoyo militar?
—No necesariamente es militar. Porque hay varias fases que se pueden ir actuando en paralelo hasta lograr la fase militar, porque a veces no se necesita eso, si no que con una estrategia de presión concentrada en el ingreso de la ayuda humanitaria puede promover incluso, la salida del régimen, aplicando una doctrina de guerra no convencional; no necesariamente es disparando misiles o morteros.
—¿En el marco del R2P se prevé que un país esté invadido por otro, en este caso por Cuba?
—Lo que pasa es que la invasión en este caso es permitida por el grupo que ha manejado el poder de facto en Venezuela, desde Hugo Chávez. Ya desde el 1994 siendo Chávez candidato presidencial fue a Cuba se entrevistó con Fidel Castro, y celebraron un pacto que generó varios acuerdos de asistencia mutua, y el primer acuerdo está destinado a la permanencia de personal cubano en Venezuela con el propósito de crear y entrenar personal, crear toda la estructura que actualmente está dominando en el control del Estado no solo en materia de seguridad si no de producción nacional. Sí hay una ocupación por parte de una nación extranjera en Venezuela permitida por los regímenes de turno.
—¿Cuál diagnóstico le da usted, este enero del 2021 al régimen y a la oposición?
—El régimen está retrocediendo hacia adelante. Es una de sus estrategias que siempre le ha funcionado y la oposición está en un laberinto donde tiene que revisar la estrategia. Entramos en una situación muy compleja, llegó el momento de reconocer que Nicolás Maduro Moros tiene el poder de facto y los venezolanos tenemos que aprovechar la energía de la gente para reclamarle a la gente los temas de salud, de gasolina, justicia, educación y seguir trabajando con la comunidad internacional bajo la premisa de R2P para presionar más al régimen para promover una salida. Porque una negociación en Venezuela primero es difícil, porque en Venezuela ha habido una violación sistemática de los Derechos Humanos y delitos de Lesa Humanidad continuado, que no admiten transacción de acuerdo con la Constitución venezolana y a los Tratados Internacionales y tampoco admite amnistía; de hecho, no prescriben. De hecho, es imposible que haya una negociación con el régimen, la única negociación es que ellos se vayan y que permitan que llegue la democracia y se reconstruya el país.
