La dictadura chavista de Venezuela, presidida por Nicolás Maduro, informó que el país recibirá inversiones locales y extranjeras sin revelar la procedencia de los fondos.
Esta movida irregular se da dentro de la llamada “ley antibloqueo” que el chavismo ha creado con el fin de burlar las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según explicó Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, “la ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información (…) hay un sistema con una plataforma tecnológica que permitirá la protección de esas inversiones”.
La tiranía chavista asegura que los inversionistas “no se acercaban a Venezuela por temor al bloqueo” y creen que “esta ley les ofrece mecanismos para que puedan tener un desarrollo seguro de sus inversiones en el país”.
La llamada “ley antibloqueo” fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, ente desconocido por la Comunidad Internacional que preside Diosdado Cabello –imputado por narcotráfico por el poder judicial estadounidense–.
Con dicha legislación el régimen chavista espera que incluso las empresas estadounidenses que aún operan en Venezuela pese a las sanciones tengan posibilidad de hacer nuevas inversiones.
