Gremios organizados han convocado al paro indefinido con bloqueos de carreteras para este lunes 8 de noviembre, en busca de la abrogación de la Ley 1386. Sin embargo, son cada vez más sectores los que se suman a la iniciativa, como los comités cívicos de cada uno de los 9 departamentos del país, las universidades públicas, entre otros. Todo ello debido a que dicha ley no es la única que amenaza las libertades de la ciudadanía.
Por ejemplo, la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas termina de manera definitiva con la presunción de inocencia, el secreto bancario, entre varios otros puntos; lo que en resumen, liquida el derecho a la propiedad privada y las libertades individuales de la ciudadanía en el país.
De manera paradójica, Eva Copa -que lideró al Movimiento al Socialismo (MAS) desde el Parlamento mientras Evo Morales se encontraba bajo refugio argentino y gobernaba Jeanine Áñez- esta vez manifestó en tono de queja sobre la ley en cuestión: “Nosotros no queremos que se malinterprete algún tipo de declaración en temas de movilización, porque el gobierno toma todo como acto de desestabilización, y no es así”.
Otro ejemplo es la Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”. Fue sancionada la madrugada del martes 2 de noviembre y termina con las autonomías tanto departamentales como municipale, así como de universidades públicas.
En consecuencia, casas de estudio como la Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz), la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) y la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) hoy llevaron adelante una jornada de protestas contundentes, y tampoco descartan sumarse a las huelgas indefinidas del lunes 8.
Casi como un soborno, el régimen de Arce anunció que el objetivo de este plan, entre otras cosas, es establecer un programa de gasto público de 28.730 millones de Euros. Es decir, 7.180 millones de Euros anuales de gasto entre 2022 y 2025 -a pesar de que ya para 2021 se fijó un gasto público por 3540 millones de Euros- en el entendido de que, a menos de dos meses de terminar la gestión, no se conocen los niveles de ejecución, ni los motivos de la falta de financiamiento luego del fracaso en la emisión de los 2596 millones de Euros que pretendían colocar en los mercados internacionales en el primer trimestre.
A pesar de este anuncio con ambiciosas cifras -así como respecto de la Ley 1386- Copa sostuvo sobre la Ley 342: “es lamentable que aprueben una ley sin consultarnos a las partes que estamos afectadas, entre gobiernos departamentales, municipales, departamentales y universidades. A nosotros, como municipio, nos preocupa porque parece que el Legislativo no aprende de la lección. No están socializando las leyes que van aprobando, y en feriado todavía. Nosotros ya tenemos nuestro Plan Operativo Anual (POA) para 2022, pero con esta nueva ley nos dan 180 días para ajustarnos a esta nueva ley. Vamos a mandar una nota al Presidente para que nos atienda y escuche nuestras preocupaciones”.
El diputado opositor de Creemos, Erwin Bazán, ha afirmado sobre esta ley: “que a nadie le quepa duda que el MAS está llevando a Bolivia hacia una ‘venezolanización’ de la economía, hacia una cubanización de nuestro país”.
Igualmente, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), advirtió que debido a que esta ley “pulveriza las autonomías”, se sumará al paro de este lunes convocado por los gremiales.
Al respecto, el periodista Humberto Vacaflor sostuvo a su vez: “Da la impresión de que ni siquiera el propio Luis Arce supiera de qué se tratan las nuevas leyes que están preparando. Y quizás ni siquiera los analfabetos que representan al MAS en el Parlamento saben de qué se tratan. Hay algo que a estos señores les está llegando desde afuera para que aprueben, y como no saben ni leer ni nada, solamente van para adelante”.
Asimismo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo afirmó: “Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre. Santa Cruz y todas sus instituciones lo van a respaldar por completo. Queremos libertad, queremos democracia. Queremos demostrarle al gobierno que queremos una Bolivia diferente. Por una Bolivia libre, que cree en Dios. Este puede ser el último round de los bolivianos”.
Para mayor motivo de conflicto, este miércoles el titular de Hacienda, Marcelo Montenegro, generó dudas respecto al pago del doble aguinaldo de este año, pues aún no están claras las cifras del Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de la economía entre mediados de 2020 y mediados de 2021, para que finalmente se decida si el empresariado privado formal del país -e incluso el gobierno central, al que se le ha acabado el financiamiento para pagar los salarios y aguinaldos de fin de año- tendrá que hacer este esfuerzo hacia finales de año, cuando apenas se encuentran recuperándose de los encierros forzados para encarar la pandemia del Covid-19.
Por esto también el empresariado privado se sumará al paro indefinido.
Frente a todo este movimiento nacional de huelgas y protestas, se han observado desplazamientos inusuales de las Fuerzas Armadas desde occidente hacia oriente del país; concretamente hacia Santa Cruz.
Se ha afirmado que dichos desplazamientos están destinados a realizar homenajes con una Parada Militar al Vicepresidente David Choquehuanca y algunos parlamentarios, pero también se cree que se trata de un acto de intimidación del régimen de Arce contra los movimientos cívico ciudadanos para este lunes.
En suma, y de manera indudable, Bolivia empieza a vivir nuevamente un clima político altamente desafiante que evoca a los 21 días de huelga pacífica que los movimientos cívicos ciudadanos llevaron adelante a nivel nacional entre octubre y noviembre de 2019, y que decantaron en la renuncia y abandono del cargo de Morales.
Solamente se espera que aquel arrepentimiento que Morales manifestó por no haber organizado “milicias armadas para defender el proceso de cambio como en Venezuela” no sea hoy una realidad, como aún se observa en Guarayos, y que el objetivo no sea realmente convertir al país en un auténtico polvorín y el final sea distinto esta vez.