El viceministro de Justicia de Polonia, Sebastian Kaleta, ha denunciado que «la cultura de cancelación de las grandes tecnológicas no es democrática» tras la persecución a los discursos conservadores y alternativos en las redes sociales.
En declaraciones a Breitbart Londres, ha señalado que las ‘Big Tech’ están trabajado conjuntamente para promover un entorno social favorable a las posturas progresistas. «Cancelar la cultura tiene como objetivo hacer que la gente tenga miedo de expresar sus opiniones», ha apuntado Kaleta, al tiempo que ha avisado que desde el Ejecutivo polaco estarán «vigilantes» ante esta ofensiva totalitaria.
«La presión de la extrema izquierda ha pasado de la corrección política blanda a una fase mucho más dura, la de cancelar la cultura … es muy preocupante, y recuerda más a los estándares bolcheviques que a los democráticos«, ha dicho.
A su juicio, «la estrategia de la izquierda es clara: si no se está de acuerdo con nosotros y se nos critica, el ‘sistema’ que hemos creado no solo hará que lo despidan, sino que también limitará su acceso a ciertos servicios y productos», ha remarcado Kaleta, que ha recordado el caso de JK Rowling, la escritora de la saga Harry Potter, perseguida por unas declaraciones contra la ideología de género.
El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, ya afirmó que “el usuario de las redes sociales debe sentir que sus derechos están protegidos» y que «la libertad de expresión y la libertad de debate son la esencia de la democracia”.
Por ello, el Gobierno polaco ha sido pionero en la defensa de la libertad en Internet y ya ha iniciado los trabajos en un proyecto de ley con el que combatirá la censura ideológica.
Según el borrador, pretende otorgar a los usuarios de las redes sociales un derecho legal para apelar las prohibiciones y la eliminación de contenido en plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. Este derecho podrá ser ejercido en un nuevo Tribunal para la Protección de la Libertad de Expresión.
Si este nuevo Tribunal dictamina que los censores tecnológicos han eliminado cuentas o borrado publicaciones sobre discursos legales, dichas cuentas o publicaciones deberán ser restauradas o las empresas de redes sociales involucradas se enfrentarán a multas de hasta 1,8 millones de euros.
