Dos eventos importantes han tomado lugar en el ámbito económico de Bolivia en los últimos días: la visita de Luis Arce Catacora a México como su primer viaje oficial y la asistencia a la reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Sobre el viaje del presidente de Bolivia a México, estuvo marcado, como ya comentamos anteriormente, por la pretensión permanente de instalar en la opinión pública el relato del “golpe de Estado” de finales de 2019, esta vez presentando un tweet de Elon Musk, presidente de Tesla, como prueba incuestionable del supuesto golpe.
Por cierto, los medios acaban de desmentir -una vez más- el supuesto golpe con argumentos que el propio Evo Morales ha provisto en sus memorias. En ellas afirma que su decisión de renunciar fue tomada antes de que el General del Ejército le sugiriera hacerlo.
Sin embargo, para lo más importante, es decir, la asistencia de Bolivia a la última reunión del Mercosur, primero es necesario algo de contexto.
¿Qué pasó con Unasur?
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue creada en 2008 por los gobiernos de los países alineados al Socialismo del Siglo XXI –liderados en ese entonces por la Venezuela de Hugo Chávez–, con el objetivo de “construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado”.
En cuanto el organismo fue creado surgieron los cuestionamientos en relación con sus objetivos, pues eran muy similares –cuando no los mismos– a los del Mercosur, que había sido fundado ya en 1991. ¿Sería un organismo paralelo? ¿Su objetivo era el de reemplazar al Mercosur o más bien el de entorpecer su misión?
Con el pasar del tiempo era evidente que, ante el notable debilitamiento del Socialismo del Siglo XXI en la región, la creación de Unasur tenía objetivos indudablemente políticos antes que económicos.
Durante la presidencia de Evo Morales en Bolivia se ordenó la construcción de la sede de Unasur en San Benito, una población de 13.500 habitantes, a 51 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Esa sede se encuentra abandonada y sin haber sido estrenada siquiera. Más aún, dado que Unasur no tuvo éxito económico ni político alguno, en 2018 Evo Morales ofreció dichas instalaciones para la celebración de distintos eventos como bodas y graduaciones escolares, aunque con la condición de que luego se la dejaran limpia.
El impasse entre Lacalle Pou y Fernández
Si Mauricio Macri hizo algo incuestionablemente bien durante su gobierno en términos económicos, fue el haber aprovechado su turno como presidente pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur) para firmar el tan anhelado tratado con la Unión Europea en junio de 2019.
Luego de 20 años de negociaciones, el tratado firmado entre el Mercosur y la Unión Europea fue calificado como “un acuerdo de asociación que supone el mayor pacto comercial jamás alcanzado por ambas partes, al crear un mercado de 760 millones de consumidores”.
Sin embargo, luego de tan solo 20 meses, al momento en que el Mercosur celebraba una nueva reunión conmemorando 30 años de su nacimiento, este pasado 26 de marzo se registró un impasse entre Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y Alberto Fernández, presidente de Argentina, que marcó el evento.
Lacalle Pou manifestó que Uruguay necesita y merece actuar con libertad, y que, en ese sentido, el Mercosur necesita avanzar y profundizar la zona de libre comercio», que no debe y ni puede ser “un lastre”.
Al respecto, Fernández respondió que “si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie”.
De la postura de Fernández podemos inferir que el Socialismo del Siglo XXIbusca subordinar las decisiones del Mercosur a su propio proyecto de cooperación política regional. El presidente argentino busca entorpecer la integración económica de los miembros torpedeando incluso el nuevo tratado con la Unión Europea.
¿Cuál es el rol de Bolivia en el Mercosur?
Ante este escenario, ¿cuál es el rol de Bolivia en las decisiones que pueda tomar el Mercosur?
No es sorpresivo que Bolivia siga manteniendo una posición tan contradictoria como en el pasado, cuando gobernaba Morales, respecto de sus decisiones en materia de política económica y su participación concreta en el Mercosur.
Por ejemplo, a partir de 2006 Morales empezó con una serie de nacionalizaciones. Primero fueron hidrocarburos y posteriormente (en 2012 y 2013) la empresa eléctrica española Iberdrola y la administradora aeroportuaria Abertis. De igual manera, en 2007 el gobierno prohibió las exportaciones de alimentos.
De esta manera, Bolivia ha ido deteriorando notablemente su bienestar económico. Todo a partir de que en 2006 se decidiera que la industrialización por sustitución de importaciones que América Latina aplicó desde los años 50, sería la manera en que el país se relacionaría con la economía global.
Bolivia pasó de sus aspiraciones de “centro energético regional” a ser un lastre que para 2025 se vería forzada a importar el gas natural que consume, según expertos.
Pero no sólo eso, hoy, el gobierno de Arce fortalece su modelo de estímulo de la demanda agregada interna (o de sustitución de importaciones), pero al mismo tiempo solicita ser considerado como miembro pleno al Mercosur.
Cabe recordar que la última vez que Bolivia manifestó su interés por pertenecer de manera decidida al tratado de integración regional fue cuando, entre 2016 y 2017, condicionó su participación en el Mercosur después de que el organismo decidió suspender indefinidamente a Venezuela por la ruptura del orden democrático.
Si acaso el Mercosur tuviera cierta premura para que Bolivia sea miembro pleno, es necesario revisar primero si cumple determinados requisitos democráticos.
Las detenciones ilegales de la expresidenta Áñez, varios de sus ministros y colaboradores, además de una serie de policías y militares que habrían contribuido con el supuesto golpe de 2019, no sólo se han traducido en un deterioro institucional y de imagen internacional cada vez más parecido al venezolano, sino que también han provocado que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya instado al gobierno de Arce a liberar a los detenidos y dejar de lado la politización del sistema judicial, lo cual, definitivamente, impide que el país se integre ya no sólo a la región, sino al resto del mundo.
