Se conoció hace pocas horas el asesinato de Úrsula Bahillo, una jóven de 18 años que había denunciado decenas de veces al asesino y que, sin embargo, no contó con la protección estatal necesaria. El violento crimen que tuvo lugar en la localidad de Rojas ocurrió en paralelo a que se publicara un informe donde consta cómo la burocracia feminista derrocha su abultado presupuesto en catering y otras frivolidades. La indignación recorrió las redes, dando cuenta de lo inútiles de estos organismos a la hora de prevenir la violencia y que parecen estar destinados a colocar en cargos a la militancia feminista y no para el fin que fueron creados.
En efecto, al tiempo que se conocían los pormenores del suplicio por el que Úrsula había pasado, pidiendo ayuda sin encontrar respuesta y padeciendo un brutal acoso que concluyó con su muerte, se supo que cuando la chica quiso denunciar estos hechos en la Comisaría de la Mujer no se le tomó la denuncia porque «era fin de semana».
Argentina destina más del 3% de su PBI a políticas de género. La cara más visible de esta agenda está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad: Elizabeth Gómez Alcorta. Se trata de una abogada que saltó a la fama por defender a Milagro Sala, la militante kirchnerista juzgada por diversas causas en Jujuy por presunto desvío de fondos para construir viviendas sociales, fraude al Estado, agresiones y amenazas. La ministra Alcorta también forma parte de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos e integra el CELS que dirige Horacio Verbitsky.
Justamente fue el ministerio de Alcorta el que planeaba gastar más de $51 millones para el catering de los eventos que proyectaban realizar durante el 2021, hecho por demás indignante si se considera que la inmensa mayoría de las actividades son virtuales. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta tuvo que dar marcha atrás apenas estalló el escándalo, su jefa de prensa volcó la culpa en la Subsecretaría de Gestión Administrativa diciendo que la Ministra no puede estar en todo.
Para 2021, el presupuesto argentino contempla gastos para este Ministerio por lo que equivale al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Los fondos están destinados a 55 políticas de género provenientes de 22 organismos que funcionan en 14 ministerios, según detalla la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. «El Presupuesto 2021 es, por primera vez en la historia del país, un presupuesto con perspectiva de género en tanto contiene una metodología que permite visibilizar el esfuerzo que realiza el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad al tiempo que expresa iniciativas concretas en esta dirección y una definición política inclusiva y diversa», se ufana el gobierno.
En este contexto, el Ministerio de la Mujer, tiene asignado más de $6.200 millones para este año, la mayor de los cuales está destinado a pagar sueldos. Este monto es 13 veces mayor al destinado en 2019 al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo que existía previo a que Alberto Fernández lo convierta en Ministerio. Lo notable es que el programa Acompañar, destinado a apoyar a las mujeres en situación de violencia, cuenta con la partida más elevada con un presupuesto de $4.500 millones.
El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, además, establece la construcción de espacios de cuidados para mujeres por parte del Ministerio de Obras Públicas y políticas de protección y acompañamiento a víctimas de violencia de género en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En medio de la crisis económica y social, que atraviesa el país, con los casos de violencia en crecimiento, resulta indignante la licitación del ministerio de la Mujer que estipula 21 eventos de acuerdo a lo que establece el expediente EX2021-06086246 que fue aprobado por el decreto delegado Nro. 1023, donde se solicitaba la contratación de un servicio de catering para eventos por un período de seis meses, incluyendo la opción a prórroga. Mientras las tragedias se suceden, el ministerio derrocha en coffee breaks, servicio de camareros, desayunos, meriendas, almuerzos “tipo lunch” y servicios de viandas.
Las representantes del feminismo kirchnerista que consiguieron cargos y partidas presupuestarias desde que asumió Fernández vienen estando en el ojo de la tormenta en función de lo cuestionado de sus gestiones. El caso de Alcorta se suma al de la titular del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) Victoria Donda. Escandalosos chats con una mucama salieron a la luz hace pocas semanas gracias a la denuncia de la pobre empleada. Allí se podía ver con claridad que Victoria Donda no le pagaba aportes ni le subía el salario como se establece legalmente. Asimismo, se denunció que la titular del INADI habría ofrecido cargos y planes como “complemento” de los salarios por trabajar en su domicilio particular.
