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JUICIO A UN PRESIDENTE (Parte I)
JUICIO A UN PRESIDENTE (Parte I)

Víctor Mosquera, abogado de Uribe: ‘El proceso contra él es una venganza de la Corte Suprema de Justicia’

6 de febrero de 2021

Adentrarse en el proceso que se le sigue al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por parte de la Justicia colombiana es una madeja sin sentido o con mucho sentido para quienes lo idearon. No me compete como periodista tomar partido, sin embargo, esta es una de las entregas para tratar de comprender y valorar al sistema judicial de un país como la piedra donde se asienta la democracia. 

Víctor Mosquera, máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, es uno de los abogados del equipo legal del expresidente y esboza parte de los fraudes procesales de los que ha sido víctima Uribe Vélez.

Mosquera inicia esta entrevista con una frase que se explica por si sola. 

Básicamente este es una venganza por parte de la Corte Suprema de Justicia quien había tenido un enfrentamiento muy fuerte con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la época en que él fue presidente”. 

Él presidente Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por visitar las cárceles para conseguir testigos falsos en su contra. Había documentado cómo atendiendo a su rol como congresista había podido acceder a las cárceles colombianas y entrevistarse más de una veintena de veces con supuestos testigos que podían declarar en contra del expresidente. En ese proceso se demostró que el congresista Cepeda no solo se había entrevistado con testigos sino que a su vez les suministraba dinero y manutención a sus familiares a cambio de que dieran testimonio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

¿En qué fecha se introdujo esa denuncia?

—El 11 de abril de 2012. Esa denuncia estuvo varios años en la Corte Suprema de Justicia. Pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado José Luis Barceló, archivó el proceso contra el senador Iván Cepeda diciendo que no se había probado que se les hubiera dado nada. Que lo que se les dio a los familiares de estos delincuentes era un tema de ayudas humanitarias.

¿En qué fecha lo archivó?

—El 18 de febrero de 2018.

Las violaciones flagrantes

Pero paralelamente, y esto es un tema importante, ese mismo magistrado —Barceló— de forma incompetente, porque se había creado una nueva Sala para ese tipo de investigaciones y él había perdido la competencia para hacer investigaciones respecto al expresidente y a los congresistas, se aprovechó de su cargo e inició una investigación penal contra el expresidente Uribe. Investigación penal que se inicia precisamente porque uno de esos testigos supuestamente dijo que lo estaban presionando para cambiar de versión. Y ese mismo día empezó una investigación contra el expresidente. 

Esa investigación se mantuvo oculta durante seis meses del proceso. Es decir, que ni al presidente Álvaro Uribe Vélez ni a sus abogados se les dio a conocer que se le estaba investigando por lo que el magistrado consideraba que era un delito. A su vez, se tomaron declaraciones de determinadas personas sin que participaran ni el expresidente Uribe ni sus abogados para contrainterrogarlos. Eso es una violación flagrante.

Otra violación flagrante es que, en otro proceso, el mismo magistrado ordenó investigar una línea telefónica que era del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que no tenía nada que ver con el proceso que investigaba. Una vez hecha esa interceptación ilegal, el magistrado obtiene las conversaciones del expresidente Uribe, conociendo que esto era ilegal, y las lleva al proceso donde sí se estaba investigando al expresidente Uribe. 

Con la gravedad de que en esas conversaciones no se dice nada que comprometa una responsabilidad penal, pero, sí hay interceptaciones entre los abogados y el ex presidente Uribe donde todos nosotros, más de seis letrados que defendemos en diferentes áreas al expresidente, fuimos interceptados por la Corte Suprema de Justicia por un método que sí está prohibido por el Derecho Internacional. 

Hubo una irregularidad mayor del mismo magistrado Barceló. En 2018, el presidente Álvaro Uribe y sus abogados a través del doctor Jaime Granados habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia que le indicaran si había alguna investigación en su contra. La Corte hizo una relación de todos los procesos en donde está siendo investigado el presidente Uribe y omitió el proceso número 52.240 en el que se produjeron las interceptaciones ilegales. Es decir, que no solamente no se le notifica, sino que, al pedir a relación, niegan que lo estuvieran investigando.

Durante ese tiempo, el expresidente Uribe pidió muchas veces ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia, peo el tribunal le negó ese derecho, precisamente porque le decía que no estaba siendo investigado. Cuando ya la Corte decide revelar esto, lo llama a indagatoria, le viola unas etapas del proceso (porque si le hubieran informado a tiempo, él tenía derecho a dar una versión libre sobre los hechos), pero lo que hicieron inmediatamente fue llamarlo a indagatoria. O sea, que lo llevaron al proceso.

¿Por qué no se recusó al magistrado José Luis Barceló?

—Es un tema muy relevante porque el mismo magistrado que cierra la investigación y que absuelve al senador Iván Cepeda, adopta una posición a favor de Cepeda conociendo las pruebas y no sólo ordena investigar a Álvaro Uribe Vélez sino que a la vez asume la investigación. Es decir, que tiene tres roles. Toda esa línea es muy importante. 

Seguiremos más adelante con el proceso.  ¿Pero cuál fue la estrategia de la Corte Suprema, qué buscaba al ocultarle la investigación?

—Lo que pasa es que estaban armándole el proceso. Porque a ver, el mismo senador Iván Cepeda recibió, supuestamente, un chat de un delincuente donde le dice que hay una persona de parte del expresidente Uribe que está buscando que ese testigo cambie de versión, digamos el día 1. Ese mismo día 1, a las 5 de la tarde, Iván Cepeda y su abogado se remiten a la Corte Suprema de Justicia e inmediatamente el magistrado Barceló ordena abrir investigación. Es decir, no hace una investigación de unos días, no revisa documentos, no se cerciora de que fuera algo realmente serio. Insisto: abre investigación ese mismo día. ¿Cuál es el propósito de ocultar el proceso? Pues tomar las declaraciones de ese delincuente y de su esposa sin presencia de los abogados. Les preguntan y los conducen a dar respuestas que puedan llevar a que se abra un proceso contra el expresidente Uribe. Si en ese momento hubiesen estado presente el abogado de Uribe y pudiera haber interrogado a ese testigo, ese proceso no se hubiese iniciado. Precisamente porque se demostraba que era absolutamente falso lo que estaba diciendo ese delincuente de las supuestas presiones, y a su vez, se mantiene oculto para poder interceptar la línea telefónica. 

Pero lo grave es que, no solamente escuchan las llamadas telefónicas entre el expresidente Uribe y sus abogados, sino que para la fecha de los hechos eran las elecciones de Colombia al Congreso. Gracias a esas interceptaciones, la Corte tiene acceso a información privilegiada del partido Centro Democrático, de los candidatos y de cómo se están organizando para ganar la presidencia en las elecciones. 

Con esas interceptaciones telefónicas, lo que el magistrado hizo fue poner el número del presidente Uribe en otra investigación, diciendo que ese número le pertenecía a otro congresista y que se le interceptara y que se le escuchara.

¿Cómo se llama ese congresista en cuya investigación el magistrado Barceló incluyó la línea del presidente Uribe?

—El congresista se llama Milton Manyoma.

—¿De qué partido es?

—Del Partido Liberal.

¿Quién escuchó las llamadas no se percató de que la voz era la del expresidente Uribe, que es una voz inconfundible en Colombia?

—El investigador se da cuenta de que no es Milton Manyoma, sino que es Álvaro Uribe Vélez; lo reporta inmediatamente y les dice: ‘señores de la Corte Suprema de Justicia, este teléfono no corresponde al congresista sino al expresidente Uribe. Recomiendo cerrar eso’.

¿Qué responde la Corte?

—Guarda silencio. Y por eso la Fiscalía está investigando al CTI y a todos los que participaron en esa interceptación. Se continuó interceptando las comunicaciones del expresidente Uribe durante un mes. y el magistrado Barceló ordena que se trasladen las conversaciones del otro proceso al proceso de Uribe.   

¿Por cuántos magistrados está constituida la Corte Suprema en la Sala Penal?

—Nueve magistrados.

—¿Es decir, que esos nueve magistrados estuvieron escuchando esas intercepciones?

—No. Solo tres de ellos, porque eso se reparte por Salas y se organizan de a tres. 

—¿Además de Barceló cuáles son los nombres de los otros dos Magistrados que escucharon las conversaciones?

—Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro Caballero.

—¿Esos tres magistrados siguen en la Sala Penal de la Corte?

—Barceló ya salió, Castro Caballero ya se retiró y Hernández sigue. Ahora es el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

¿Dónde está José Luis Barceló?

—Da clases en universidades. Se puede hacer una comparación muy importante entre lo que hizo Barceló y lo que hizo el juez Baltazar Garzón en España por interceptar creo que solo cinco comunicaciones entre abogados y clientes. A Baltazar Garzón se le sancionó y se le sacó de las precisamente por esa acción ilegal. Y al presidente Uribe se le interceptaron 200.000 llamadas.

¿Las grabaciones ilegales se mantienen como prueba?

—Por más recursos que interpuso la defensa ante la Corte, esta siempre negó la exclusión o la destrucción de esas cintas. Manifestaron que eran parte de la investigación y que aunque las hubieran encontrado ‘producto de un error’, se mantenían. Eso es lo grave. 

¿Dónde están las grabaciones?

—Recuerda que, a partir de agosto, este proceso ya no lo lleva la Corte Suprema de Justicia porque la decisión de Uribe de renunciar al Congreso dio como resultado que la Corte Suprema de Justicia perdiera su competencia. Pero aun así, la Corte remitió las cintas a la Fiscalía para que las tuviera como pruebas. En este momento es la Fiscalía General de Colombia la que tiene que decidir si las mantiene. 

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