La delegación de VOX ante el Parlamento Europeo ha exigido en una misiva dirigida al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, que se inste a la liberación de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez.
La carta está firmada por Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, y los eurodiputados Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar y Margarita de la Pisa Carrión, quienes han criticado el silencio cómplice de Borrell ante la persecución izquierdista en el país.
Así, han recordado que la expresidenta, dos de sus exministros y diversos policías y militares fueron detenidos bajo acusaciones «que son infundadas, maledicentes y parte de una operación política para amordazar toda oposición al nuevo gobierno».
Por ello, la delegación de VOX considera que la Unión Europea debe reaccionar con urgencia, por la gravedad de los hechos y por razones humanitarias «dado el elevado riesgo que corren las vidas y la integridad de dichas personas encarceladas arbitrariamente e ilegalmente». «Resulta incomprensible e injustificable el silencio de la Unión Europea ante este dramático hecho que constituye una clara violación de las normas internacionales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos (…). Es más, se ha convertido ya en una vergüenza internacional que profundiza en la debilidad y la falta de credibilidad de la Unión Europea como actor internacional».
Los eurodiputados han recordado que «esta falta de denuncia y acción por parte de la UE no puede ya calificarse ni de aislada, ni de lenidad, sino de conducta reiterativa de abierta complicidad y encubrimiento de los abusos y violaciones de los derechos fundamentales ejercidos de forma permanente por parte de dictaduras y regímenes totalitarios en diversos países de Iberoamérica».
Esta actitud del Alto Representante, según VOX, «trata de justificar el fraude electoral masivo cometido en 2019 por el partido entonces en el poder -Movimiento Al Socialismo (MAS)- que llevó a la denuncia internacional y la aplicación de los mecanismos constitucionales que llevaron a la salida precipitada del entonces presidente Evo Morales», actualmente acusado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
«Preocupa enormemente que una vez más la Unión Europea se posicione como un testigo silencioso y ‘cómplice’ de los abusos que se cometen desde instancias politizadas sometidas a gobiernos fraudulentos y corruptos que utilizan instrumentos represivos, violentos, de persecución política y violación sistemática de los derechos y libertades de los ciudadanos para mantenerse u obtener el poder al precio que sea, y por el encima de la Ley», ha declarado la delegación de VOX, al tiempo que ha exigido a Borrell «que la Unión Europea requiera con urgencia la inmediata liberación de Jeanine Áñez, sus dos exministros y todos los policías y militares, detenidos arbitrariamente por el gobierno boliviano».
También han mostrado su deseo de que «se promueva la intervención en el caso de la Organización de los Estados Americanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en beneficio de la población» y que la UE y los Estados miembros «activen todos los mecanismos al alcance para promover y defender los derechos humanos y libertad en Bolivia».
«Exigimos que con carácter urgente y de manera conjunta la UE y los Estados miembros se sumen a la iniciativa de varios Estados parte en la Corte Penal Internacional de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Evo Morales y hacer que los responsables rindan cuentas de dichos actos que se produjeron durante los casi 14 años en el gobierno», han instado los diputados, quienes también han sugerido que «se cese de inmediato la ayuda financiera de la UE al Estado Plurinacional de Bolivia».
Además, los parlamentarios de VOX han pedido «que se advierta al gobierno de Bolivia que queda abierta la puerta a imponer sanciones y medidas restrictivas a Evo Morales, Luis Arce, personas de su entorno y funcionarios y poderes públicos sometidos al régimen por su participación en actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia».
