Un juez federal mexicano ha ordenado la suspensión indefinida de los festejos taurinos previstos en la enorme plaza del DF, cuyo aforo rebasa el umbral de los 40.000 espectadores. El veto, de momento cautelar, seguirá en vigor mientras se extienda un juicio que determinará si el espectáculo se prohíbe definitivamente, como reclama una ONG animalista.
La causa interpuesta por el lobby antitaurino gira en torno a la acusación de «maltrato animal». Los magistrados han rechazado los argumentos de la defensa, articulada por la asociación Tauromaquia Mexicana, que defendió el derecho a la cultura y recalcó las características propias del ganado bravo. Por su parte, la empresa de la Plaza México ha anunciado que «diferirá la celebración de corridas programadas y continuará con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas hasta agotar todas las instancias legales a su alcance, a favor de la tauromaquia».
La decisión judicial solo se aplica a la Plaza México, de modo que el resto de cosos del país seguirán funcionando sin problemas, aunque a nadie escapa que estamos ante un duro golpe para el toreo, puesto que el embudo de Insurgentes es el más importante de todo el circuito nacional. Las corridas de más interés se celebran de noviembre a febrero, de modo que la prohibición llega a medio año del arranque de la llamada Temporada Grande.
En México, hay seis estados federados en los cuales la tauromaquia está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial: Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala y Aguascalientes. El sector taurino se está moviendo para lograr que otras jurisdicciones se muevan en esta misma dirección, como medida de protección ante la arbitrariedad exhibida por la corte del DF que ha admitido a trámite la demanda de los antitaurinos.
La cuestión jurídica y el ejemplo español
Los fundamentos de derecho que ha puesto encima de la mesa Tauromaquia Mexicana giran en torno a las lagunas de la misma legislación animalista que invocan los prohibicionistas. Y es que, según la Constitución Política de México DF, las leyes estatales «determinarán las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con la persona». Puesto que hasta ahora no se ha aprobado ninguna norma propia que regule el toreo (o lo prohíba), la actuación del juez carece del debido respaldo legislativo. Dado que no hay ninguna ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México que impida la celebración de corridas de toros, sería de esperar que el veto no pueda sustanciarse de forma definitiva.
Sin embargo, los argumentos animalistas empleados en el fallo que emitió el tribunal de la capital invitan a pensar que el proceso puede complicarse, pese a la evidente arbitrariedad que reviste todo el proceso. Por otro lado, aunque el fallo último resultase favorable al toreo, la ausencia de un paraguas legal que respalde las corridas en el DF puede acabar siendo un problema en caso de que una coalición de legisladores opte por desarrollar, esta vez sí, una regla prohibicionista.
En España, este tipo de intentonas chocan frontalmente con tres armazones de defensa de la Fiesta: (1) la Ley 18/2013 que regula el toreo como Patrimonio Cultural Inmaterial, (2) la Ley 10/2015 que refuerza lo referido a su protección y salvaguardia y (3) la jurisprudencia disponible, coronada por dos sentencias del Tribunal Constitucional que tumbaron las prohibiciones en Cataluña y Baleares. Medidas de protección que es fundamental defender, ampliar y desarrollar para blindar los ataques futuros contra la Fiesta.
