El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, criticó hoy en Valladolid el Anteproyecto de Ley de Modificación de la actual Ley de Educación por suprimir el concepto de ‘demanda social’ porque supone dejar en manos de la Administración toda la programación de un centro, obviando el deseo de las familias. “Esto deja manos libres a la administración para que haga, un poco, lo que quiera como suprimir y negar conciertos a colegios con muchas solicitudes”, precisó. No en vano, de seguir adelante esta medida, los centros concertados no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda.
Alvira recordó que el artículo 27 de la Constitución Española señala que la programación general de la enseñanza corresponde al Estado, “contando de manera efectiva con los sectores afectados”. A su juicio, esta participación efectiva incluye los centros y las familias. Además, mostró su sorpresa con que la ‘demanda social’ se invoque, en muchas ocasiones, para las decisiones políticas y legislativa al comentar que “la sociedad demanda esto” pero, en este caso, se pretende su supresión.
También se refirió al deseo del Gobierno central de volver a la “incursión” de un representante de los ayuntamientos en los consejos escolares de centro, al igual que existía con la LOE y se suprimió con la Lomce. “Nos parece una intrusión que un órgano de estas características tenga un representante de la administración pública porque es como introducir un comisario político en los colegios”, aseveró. En ese sentido, reconoció que un centro concertado es un centro privado que recibe fondos públicos y, por tanto, debe rendir cuenta de ese dinero. “Pero eso no debe suponer que haya una intromisión en el gobierno de un centro por parte de la administración”, sentenció.
Además, criticó que el anteproyecto reste peso a la enseñanza de Religión ya que el Ejecutivo central plantea que no sea una asignatura evaluable o computable, a efectos académicos, a la hora de optar a becas. Por otro lado, lamentó que no haya una asignatura alternativa a la Religión. “Existe una contradicción porque el Ministerio habla de que se basa en los acuerdos con la Santa Sede pero luego quita valor a la asignatura. O una cosa u otra porque eso obligaría a que esa materia tuviera un valor académico similar a otras”, opinó.
En todo caso, el responsable de la patronal de colegios concertados echó en falta consenso y acuerdo a la hora de plantear la reforma educativa que promueve el Gobierno. “La Lomce fue criticada, con razón, porque su proceso de elaboración no fue el mejor y, por tanto, es el principal motivo para demandar su derogación. Esperamos sinceramente que esta nueva disposición legal sea consensuada, tras un diálogo”, subrayó.
Alvira también señaló que el PSOE, partido ahora en el Gobierno, fue el que rompió los debates en la Subcomisión parlamentario para el Pacto Educativo. “Ahora, evidentemente, no se puede hablar de Pacto Educativo porque sería muy descarado pero, al menos, habla de consenso y acuerdos y esperamos que esa voluntad sea real”, concluyó.
